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Investigación de las ayudas a empresas en crisis

La juez que investiga los ERE imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández

Mercedes Alaya atribuye al exresponsable de la Junta supuestos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias

La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía ha enviado un burofax al anterior consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, advirtiéndole de su próxima imputación en el caso.

La magistrada ve posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de los ERE, en los que se han detectado beneficiarios que nunca trabajaron en empresas que pedían las ayudas, conocidos como intrusos.

Estos ERE, financiados con dinero público, fueron tramitados y autorizados, en su mayoría por el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Y ahí es donde había fijado el PSOE el límite de responsabilidades. Sin embargo, la imputación de Fernández, ahora responsable del Consejo Regulador de los vinos de Jerez, y consejero con Manuel Chaves y con su sucesor, José Antonio Griñán, crea un nuevo escenario político.

Fernández ha subrayado que está "absolutamente tranquilo" porque su gestión al frente de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2010 fue "transparente", informa Efe.

"No estoy citado a declarar en ninguna fecha, sólo se me conmina a nombrar procurador y abogado para que siga la causa y saber de qué y quién me acusa", ha recalcado Fernández.

El exconsejero ha insistido en que está "tranquilo"."Ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de las cuestiones que están saliendo", ha dicho en referencia a la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas.

La secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, ha dicho en una conferencia de prensa que había conocido la futura imputación de Fernández a través de los medios de comunicación, e insistido una y otra vez en que se trata de una "garantía procesal" paraque así Fernández puedadefenderse. Incluso ha dichoque desconocía por qué lo llama la juez. "Yo no he hablado hoy con él".

Preguntada respecto a las medidas que tomará su partido en el caso de que el exconsejero resulteimputado, la socialista ha señalado: "Cuando llegue a ese puente, cruzaremos el río".

Susana Díaz ha afirmado que en el PSOE no hay distintas varas de medir según quién sea el imputado y explicó que Guerrero fue expulsado del partido porque se autoinculpó y reconoció que se había aprovechado de los público, antes de ser imputado.

La secretaria de Organización socialista ha aprovechado para arremeter contra el PP por "mentir" e intentar hacer una causa general contra las ayudas públicas de Empleo.

Personajes clave

Antonio Fernández: El consejero de Empleo entre 2004 y 2010 firmó como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) el convenio que permitió el fondo para empresas en crisis de 647 millones.

Javier Guerrero. El ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008 autorizó la inclusión de la mayoría de los intrusos detectados, entre ellos su suegra. Guerrero firmó la inmensa mayoría de subvenciones para los ERE, así como las 130 ayudas directas a empresas y Ayuntamientos por 87 millones. La juez le ha imputado en la causa.

Juan Márquez. El ex director general que sucedió a Guerrero firmó la resolución que incluía como intruso al ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Rodríguez Cordobés, en el ERE de Calderinox. El PSOE le ha apartado como candidato a la alcaldía de Lucena del Puerto (Huelva).

Juan Lanzas: El conseguidor y ex sindicalista de UGT es una de las personas clave detenida por la policía. Tanto él como su mujer y una cuñada son intrusos en los ERE de diferentes provincias. Amigo del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero.

Rafael Rosendo: ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), donde también fue alcalde Guerrero, está incluido en el ERE de Cydeplast.

Antonio Garrido Santoyo: ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), fue incluido en el ERE de Mercasevilla de 2007 y percibió supuestamente 78.000 euros del ERE de Coosur.

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