Murcia consuma su rectificación y ya no enviará a las mujeres a abortar fuera

Después de multitud de llamadas de atención, Murcia ha decidido ahora comenzar a aplicar la ley del aborto. La región donde se da la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de España (16,6% por cada 1.000 mujeres frente al 15,8% de Madrid) ya no derivará a otras comunidades a sus mujeres a interrumpir su embarazo, como era su intención. Ayer, las clínicas comenzaron a recibir, además, los sobres con la documentación sobre la intervención y las ayudas a la maternidad que, obligatoriamente, debe recibir la mujer para poder acceder a la prestación.

La consejera de Sanidad murciana, María Ángeles Palacios, se reunió ayer con representantes de las cinco clínicas de abortos que hay en la región. Palacios sostenía que su comunidad no había tenido tiempo suficiente para prepararse para la entrada en vigor de la nueva ley. Y explicaba que uno de los impedimentos era que las clínicas de la región no estaban acreditadas para aplicar la nueva norma. Argumento en el que se escudaba para enviar a las mujeres murcianas a abortar fuera. Un razonamiento que le refutó el Ministerio de Sanidad.

Ayer, un portavoz de la consejería de Sanidad murciana confirmó que las mujeres podrán acudir a interrumpir su embarazo a las cinco clínicas acreditadas para ello en la región. Estas harán sobre todo las intervenciones hasta la semana 14, el plazo libre que marca la ley y en el que, además, se producen el grueso de los abortos. "Los casos que no puedan ser atendidos en estos centros privados porque requieran otro tipo de atención sí serán derivados a otras comunidades", dijo. Y es que, en los hospitales públicos de Murcia no se realizan abortos. La consejería de Sanidad asegura que todos los médicos de la pública son objetores.

Un tema polémico, el de los objetores, que tiene su réplica en la mayoría de las comunidades. La nueva ley obliga a las autonomías a determinar cuántos médicos de la sanidad pública están disponibles para hacer estas intervenciones, lo que obliga a los objetores a pronunciarse. Algunas regiones, como Castilla-La Mancha ya ha creado un registro para cuantificar los profesionales que objetan.

Sin embargo, las asociaciones de médicos objetores tachan estos registros de "listas negras". Ayer, la Asociación Nacional para el Derecho a la Objeción de Conciencia declaró que se está "presionando" a los médicos de la pública para que "no ejerzan ese derecho". Sólo el 2% de los abortos se realiza en centros públicos.