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Entrevista:JOSÉ SÓCRATES | Primer ministro de Portugal

"Que los accionistas de PT no violen la voluntad del Estado"

La oferta de Telefónica por Vivo, aceptada por el 73,9% de los accionistas de PT, se saldó el pasado miércoles con el veto del Gobierno portugués. José Sócrates defiende la legalidad de su actuación, que le ha enfrentado a Bruselas

El bloqueo de la venta millonaria de Vivo a Telefónica ha desencadenado una tormenta de reacciones contrarias a la actuación del Gobierno portugués. En medio de la tempestad está el primer ministro, José Sócrates, socialista, que en nombre del "interés general" usó la acción de oro que el Estado tiene en Portugal Telecom (PT). Se frustró la operación, al menos momentáneamente, a la espera de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Las críticas llovieron de todos los lados, y algunas fueron muy duras. Es probable que el jefe de Gobierno esté en esta batalla más solo que nunca. "Un primer ministro no puede dejarse acorralar", reconoce cuando la conversación ya lleva un buen recorrido. La entrevista tiene lugar a partir de las nueve de la noche del jueves, el día después de la junta de accionistas, en una sala de la residencia oficial del primer ministro cuando ya cae la noche en Lisboa. El palacete está en silencio y a media luz. Solo quedan los funcionarios de guardia. Sócrates entra en la sala en mangas de camisa, acompañado del jefe de prensa. Cita un verso de Horacio en sus primeras palabras, reveladoras del estado de ánimo: "Quien teme la tormenta, acaba a rastras". Se le nota cansado, pero firme, vehemente incluso. Es solo una impresión, pero esta noche el ambiente que rodea al primer ministro transmite soledad por encima de todo.

"La Comisión Europea defiende posiciones ultraliberales"

"Telefónica no tiene el derecho natural de hacerse con el control de Vivo"

"No me da miedo la soledad a la hora de tomar decisiones"

"Lamento que Telefónica no haya negociado con la dirección de PT"

"Un primer ministro no puede dejarse acorralar"

"A ningún Gobierno le gusta que le doblen el brazo"

"Estamos defendiendo nuestros intereses y tenemos derecho a ello"

"Nunca pensé que usaría los derechos especiales. Confié en el sentido común"

Pregunta. ¿El uso de la acción de oro en la asamblea general de Portugal Telecom para invalidar el voto del 74% a favor de la oferta de Telefónica no es una violación de la voluntad de la mayoría de accionistas?

Respuesta. En absoluto. La empresa tiene sus estatutos, que son la ley. No hemos lesionado los derechos de nadie. Estamos defendiendo nuestros intereses y tenemos derecho a ello. No ha habido violación de ninguna regla o ley. Los derechos especiales que tiene el Estado con 500 acciones son resultado de una decisión aprobada por los accionistas cuando se privatizó Portugal Telecom. Durante muchos años los accionistas han convivido bien en este marco. Nunca pensé que usaría los derechos especiales, porque siempre confié en que Telefónica tendría el sentido común de considerar los intereses estratégicos y de negociar con la administración de PT. Telefónica sabía que teníamos estos derechos especiales desde hace muchos años.

P. A pesar de que la acción de oro figura en los estatutos de la compañía, el presidente ejecutivo, Zeinal Bava, y los 25 miembros del consejo de administración han dicho antes y después de la junta de accionistas que, en la votación de la oferta de Telefónica, la acción de oro no intervenía, y que participaba como una acción normal, sin derechos especiales.

R. Esto es una cuestión jurídica. El Gobierno, apoyado en criterios jurídicos sólidos, sostiene que los derechos especiales son aplicables. Pero hay que respetar a quien tiene la competencia para tomar las decisiones en la junta general de accionistas, que es el presidente de la mesa, que además es un gran jurista en cuestiones administrativas.

P. Pero el efecto del voto del Estado es diferente del de cualquier otro accionista, porque con sus poderes especiales puede invalidar el resultado de una votación.

R. Exacto, eso es lo que dicen los estatutos. Son la ley de la empresa. Es así el estado de derecho.

P. El consejo de administración, máximo órgano de dirección de la empresa, no tiene esta opinión.

R. El consejo de administración no tiene competencias en la dirección de la junta general. Cada uno de los accionistas vota conforme a su propia voluntad. Yo no estoy violando ninguna voluntad de los accionistas, pero que los accionistas no violen la voluntad del Estado.

P. Usted habla de las reglas de PT, pero es más que probable que el Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, dictamine el próximo día 8 que una de esas reglas, la acción de oro, es ilegal. Si esto ocurre, ¿qué hará el Gobierno portugués?

R. No anticipo escenarios.

P. La Comisión Europea ya ha dado su opinión y ha criticado el uso de la acción de oro por el Gobierno que usted preside, por entender que es una restricción injustificada de la libre circulación de capitales.

R. Hay un proceso en curso entre la Comisión Europea y el Estado portugués. No vamos a anticipar la decisión del tribunal. Pero sí digo que la Comisión no tiene razón, porque dice que el Estado portugués se ha otorgado derechos especiales. No es verdad. Los derechos especiales fueron decididos de forma privada por la asamblea general de accionistas de Portugal Telecom, y de acuerdo con nuestras reglas de funcionamiento de sociedades comerciales. La demanda de la Comisión Europea contra el Estado portugués refleja también un cierto prejuicio contra la posición de accionista de los Estados. Aquí no hay economía, sino mucha ideología.

P. ¿Insinúa que la Comisión Europea no respeta al Estado portugués?

R. Claro que lo respeta y es natural que la Comisión reafirme su posición, pero no estoy de acuerdo con ella. Entendería la demanda de la Comisión si nos hubiéramos otorgado derechos especiales, pero no es el caso. Pienso que las posiciones de la Comisión Europea, desde hace muchos años, derivan no sólo de posiciones económicas, sino también de posiciones ideológicas ultraliberales contra la presencia del Estado. En muchas de las empresas que desempeñan un papel importante en las economías, como por ejemplo las de energía y comunicaciones, los derechos especiales de los Estados, definidos de forma privada entre los accionistas, son una buena forma, una forma light, de preservar el interés general para tenerlo en cuenta en las decisiones estratégicas de la empresa. Los Estados no interfieren en la gestión, pero tienen la posibilidad de hacer oír sus opiniones y que estas sean tenidas en cuenta. Nunca habíamos utilizado este derecho especial en PT.

P. ¿Por qué ha usado ahora la acción de oro?

R. Lo he dicho muchas veces. Telefónica debería escucharnos. Pienso en los intereses estratégicos de PT, y en mi país. Mi postura tiene que ver con el análisis de propuesta frente a la dimensión y la escala de la compañía, y también con las condiciones que la dimensión proporciona para inversión en investigación y desarrollo, proyectos industriales e innovación. Lo dije 15 días antes y lo repetí en el Parlamento.

P. En su opinión, ¿qué debería haber hecho Telefónica?

R. Lamento que Telefónica no haya negociado con la dirección de PT.

P. Han sido las dos partes.

R. Bueno, por la información que tengo, Telefónica presentó una propuesta la noche anterior a la asamblea general y la administración de PT no tuvo tiempo de pronunciarse. No se puede olvidar la historia de Vivo. Vivo empezó con una inversión de PT en Brasil, en una decisión estratégica que en su día fue muy criticada en 1998. Yo estaba en el Gobierno. Más tarde, PT invitó a Telefónica a ser su socio, con el 50%. Telefónica no tiene el derecho natural de hacerse con el control de Vivo.

P. Sus razones para no vender Vivo son las mismas que esgrime la dirección de PT, con su presidente ejecutivo, Zeinal Bava, a la cabeza. Ustedes dos coinciden en todo menos en una cosa. Él no está de acuerdo en que en este caso el Estado utilice la acción de oro.

R. Respeto su posición y espero que él respete la mía. Pero podemos convivir con esta discrepancia. El uso de los derechos especiales en este caso es una cuestión jurídica, no es materia de opinión. A mí me tranquilizó mucho la posición del presidente de la asamblea general, siendo como es un gran jurista.

P. ¿Cuál habría sido su posición, si el presidente de la junta general no hubiera invocado los derechos especiales del Estado que confieren la acción de oro y se hubiera aprobado la venta de Vivo a Telefónica?

R. Habría respetado su decisión, como corresponde en un Estado de derecho. El Estado de derecho no es aquel que defiende nuestro punto de vista, sino el que defiende la ley. Y en este caso, la ley se llama estatutos, que fueron aprobados por todos los accionistas, incluida Telefónica. ¿Y ahora porqué los cuestiona?

P. Estos estatutos se aprobaron hace 15 años, pero el mundo y las situaciones cambian. Hoy, el 74% de los accionistas presentes en la asamblea general de PT votó a favor de la oferta de Telefónica. ¿Ante una mayoría tan abrumadora, tiene sentido invocar los estatutos?

R. Los estatutos son la ley de la empresa y obligan a todos. Todos los conocían desde hace más de 15 años. No recuerdo que nadie presentara nunca en la asamblea general una propuesta para modificar los estatutos.

P. La oferta de Telefónica de 7.150 millones de euros se aproxima al valor de PT en Bolsa. Desde un punto de vista estratégico, ¿con esta entrada de capital, PT no podría buscar otras alternativas de desarrollo?

R. Lo desconozco, porque nadie me ha presentado un plan en este sentido.

P. ¿Esperaba que Telefónica aumentaría la oferta el último día?

R. Lo que esperaba es que Telefónica hubiera negociado con la administración de PT, donde el Estado está representado. Negociar no es imponer.

P. No impusieron, presentaron una oferta para someterla a votación.

R. Ya sé que hicieron una oferta a los accionistas, lo que esperaba era una negociación con la administración. Porque cuando el Estado está en la asamblea general y se encuentra en la disyuntiva de lo tomas o lo dejas, el Estado tiene que responder. Y respondió: no quiero.

P. ¿Se siente solo en esta tormenta que ha provocado el veto del Estado portugués?

R. Algunos que critican no usan argumentos, sino insultos. Esas críticas tienen más de posición ideológica que de análisis racional. Calificar de colonialismo la inversión de Portugal en Brasil es ridículo. No me da miedo la soledad a la hora de tomar decisiones. Un primer ministro no puede dejarse acorralar. A ningún Gobierno le gusta que le doblen el brazo.

P. ¿Entonces, el uso de la acción de oro es una decisión política?

R. En absoluto. Es una decisión racional que no tiene nada que ver con política. Y de defensa de los intereses generales de PT.

P. ¿Ha hablado con su amigo, el presidente Zapatero después de la junta de PT?

R. Sí. Soy amigo de Zapatero, que siempre ha demostrado un gran cariño a Portugal. Y soy una persona que ama España, desde hace muchos años. Su cultura, su pueblo, su literatura están en mi corazón. Conozco España desde niño. Pero aquí me debo a los intereses de mi país, y esto no afecta a mis relaciones con Zapatero.

P. ¿Le apoya el presidente Zapatero en su decisión de vetar la venta de Vivo a Telefónica?

R. Lo que he hablado con Zapatero es un asunto privado.

P. Muchos accionistas tienen la sensación de que se les ha impuesto una decisión, que es el veto.

R. Es totalmente falso. No he impuesto nada. He actuado de acuerdo con los estatutos. No impongo, pero no me impongan.

P. Con una actitud distinta de Telefónica, ¿las razones estratégicas que usted esgrime tendrían el mismo valor?

R. La realidad es que Telefónica no ha negociado. Hemos dicho y repetido que la propuesta no compensa la decisión estratégica de vender Vivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de julio de 2010