Operación en Vivo y en directo

"Tú crees que este Gobierno podría permitirse que los periódicos salieran mañana diciendo España, 2 - Portugal, 0". Quizá el cruce entre España y Portugal en el Mundial no fue la mejor coincidencia para la operación de Telefónica y Portugal Telecom (PT) para la compra de la participación de ésta en Vivo. La frase es de un alto cargo portugués tratando de explicar las razones de la oposición de su Gobierno a esa venta después de la derrota de su selección. Y es que ese rechazo tiene una difícil explicación que no sea un populismo mal entendido, porque la junta lo aprobó por mayoría holgada, el acuerdo venía de meses de negociaciones y se ha utilizado un instrumento obsoleto que previsiblemente abolirá el tribunal europeo esta semana.

A raíz del conflicto, surgen las reflexiones, los porqués y las consecuencias:

1. La relación entre Telefónica y PT se inició hace 10 años cuando crearon la sociedad conjunta Brasilcel para controlar el 60% de Vivo, operadora de móvil brasileña. Desde hace ya tiempo, la compañía que preside César Alierta planteó a sus socios quedarse con su parte para fusionarla con Telesp (fijo e Internet). PT, aunque quisiera, no podría participar en el proyecto, porque no tiene fondos para afrontar la inversión y porque no le interesa el fijo.

2. Durante los últimos meses, las negociaciones se intensifican. Uno de esos encuentros se produce en Marraquech por iniciativa del consejero delegado de PT, Zeinal Mohammed Bava, después de que los principales accionistas de PT (los grupos portugueses Banco Espirito Santo, Caixa Geral y Ongoing y y el fondo Brandes) rechazaran la inicial oferta de 5.700 millones de euros de Telefónica.

Todo parece desatascarse en una cena posterior, celebrada en el hotel Ritz Carlton de Lisboa, en la que participan los presidentes de las dos compañías, César Alierta y Henrique Granadeiro, y dos ejecutivos por bando. En ese encuentro se pacta elevar la oferta a 6.500 millones, pero PT sólo acepta someter la decisión a la junta y sigue rechazando el precio.

La víspera de la junta, el martes pasado, es una locura de intercambio de llamadas a múltiples bandas, en las que se producen contactos al máximo nivel y cabe suponer que intervienen los presidentes de los grupos accionistas y llega a conocimiento del Gobierno de Sócrates. Los pactos dan lugar a que Telefónica fije el último precio de 7.150 millones. Tres accionistas principales votan a favor, y con ellos, la mayoría, hasta reunir el 73,9% de los votos, y Caixa Geral, en contra.

3. La actitud contraria de los accionistas próximos al Gobierno, como Caixa Geral, dio una pista de lo que iba a pasar y que, al parecer, Telefónica no pudo amarrar: la presentación de un veto usando la denominada acción de oro por parte del Ejecutivo de Sócrates. Nadie entendió muy bien por qué tomó esa decisión cuando lo que está defendiendo es una participación financiera en una compañía brasileña que aporta dividendos a PT, pero que impide que a esta empresa le entre un chorro de dinero que le viene muy bien para llevar a cabo sus proyectos.

4. El conflicto ha provocado varios damnificados, empezando por PT, que recibiría más de lo que vale en Bolsa y solucionaría sus problemas de liquidez. En segundo lugar, los accionistas de la compañía portuguesa, tanto los citados como los fondos de inversión y los minoritarios. Y, por supuesto, Telefónica, que, de no arreglarse el asunto, ve frenado su proyecto de hacer una gran operación en Brasil y convertirse en líder del sector en dicho país.

También entra en el capítulo de perjudicados, aunque sea de forma etérea, el concepto de mercado único europeo, que se ha visto zarandeado por la agresiva actitud del Gobierno portugués y el tancredismo del español, cuyo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha limitado a decir "que dialoguen y lo resuelvan", y su ministro de Industria, Miguel Sebastián, que apeló a "la decisión soberana" de Portugal.

5. Cabe que el asunto se arregle sin que pase mucho tiempo, toda vez que el tribunal europeo declare ilegal la golden share (acción de oro) previsto para el 8 de julio. Pero entre los perjudicados se puede generar un movimiento de carácter declarativo y judicial contra el Gobierno portugués, contra el presidente de la junta que admitió su veto, el jurista Antonio Menezes Cordeiro, y contra la propia PT.