El Consejo de PT estudia hasta qué punto es vinculante el veto estatal

Los accionistas de Portugal Telecom (PT) esperan sortear el veto gubernamental del miércoles, y cerrar la venta de Vivo a Telefónica después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, que el próximo 8 de julio declarará ilegal, según todos los indicios, la acción de oro ejercida por el Estado portugués. La justicia europea es en estos momentos la esperanza de Telefónica y del 73,9% de accionistas de PT que votó a favor de la oferta de la operadora española de 7.150 millones para hacerse con el control de Vivo. El Consejo ha encargado dictámenes con los que trata de aclarar hasta qué punto el voto en contra del Estado en la junta es vinculante, especialmente si la acción de oro se declara ilegal.

El Gobierno luso ve estratégico el caso, mientras el español elude pronunciarse

El Ejecutivo opina que Telefónica ha actuado de forma demasiado agresiva

Los equipos jurídicos de las distintas partes deberán trabajar a fondo los próximos días para encontrar qué instrumentos tienen a su alcance. Fuentes de la compañía confirmaron a este diario que la postura de los 25 integrantes del Consejo era y es contraria al uso de la acción de oro en la votación de la oferta de Telefónica. "La acción de oro no interviene, participa como una acción normal, sin derechos especiales", declaró Zeinal Bava, presidente ejecutivo de PT, en una entrevista a este diario el pasado 20 de junio.

El Consejo de PT quiere profundizar en las implicaciones de la decisión del presidente de la junta de dar poder de veto a esa acción de oro, en contra del criterio del Consejo. Dado que la venta de Vivo no requería en principio el voto de la junta, los juristas analizarán cuál es el margen de maniobra del Consejo, especialmente tras la sentencia del 8 de julio. Experiencias anteriores indican que las sentencias del Tribunal de la UE no son de aplicación inmediata y pueden demorar tiempo, en función de la voluntad del Gobierno implicado. En todo caso, si la opinión legal es que el Consejo puede dar luz verde a la operación, quedará por tomar la decisión de enfrentarse o no al Gobierno del socialista José Sócrates. La fecha límite es por ahora el 16 de julio, cuando expira la oferta de Telefónica.

En la pugna jurídica y política, el Estado portugués está notoriamente solo frente al comprador español, la mayoría de accionistas de PT y la Unión Europea. Solo, pero firme, al menos aparentemente. El primer ministro firmó ayer un artículo de opinión en el diario portugués Público, en el que justifica el veto gubernamental en la junta de PT y sostiene que "nadie lesionó los derechos legítimos y hasta comprensibles de otros accionistas". Sócrates lanza una amenaza velada cuando afirma que "el Gobierno, al menos este Gobierno, no renuncia a ningún instrumento a su alcance para defender los intereses estratégicos de Portugal. Si alguien no lo sabía, ahora ya lo sabe".

Mientras Sócrates hizo una defensa cerrada del valor estratégico de Vivo para la economía portuguesa, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró lacónico cuando fue preguntado por el veto del Gobierno luso. "Espero que se produzca la sustanciación de esa cuestión empresarial por los términos del entendimiento y del diálogo", se limitó a declarar. Zapatero ni siquiera dijo si, como se le preguntó, ha abordado este asunto con su homólogo portugués, José Sócrates. Lo cierto, según fuentes de La Moncloa, es que ambos no han hablado en las últimas horas, aunque sí lo hicieron al inicio del proceso, en mayo.

Zapatero y Sócrates, ambos socialistas, mantienen una estrecha relación política, hasta el punto de que se han planteado celebrar un Consejo de Ministros conjunto de los dos Gobiernos. Sin embargo, Zapatero se ha mantenido públicamente al margen de lo que ayer calificó como una "cuestión empresarial"; aunque es obvio que Portugal no lo ve así. Fuentes de La Moncloa alegan que nadie le ha pedido a Zapatero que intervenga, aunque las dos partes le han informado, y que será el Tribunal de la UE el que zanje el debate sobre la ilegalidad de la acción de oro, por lo que cualquier pronunciamiento público del Gobierno español resulta innecesario; e incluso puede ser contraproducente. A este respecto subrayan que parte de la opinión pública lusa ha convertido el asunto en una cuestión de dignidad nacional, a lo que ha podido colaborar una estrategia excesivamente agresiva de Telefónica, por lo que lo mejor es rebajar el tono y dejar que las aguas vuelvan a su cauce por sí solas.

En cambio, Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, no dejó ayer ninguna duda sobre el rechazo de la Comisión a la decisión portuguesa de impedir mediante la acción de oro que Telefónica pueda comprar la parte de PT en Vivo. Barnier calificó de "restricción injustificada" la actuación de Lisboa.

Para el comisario, "la posición de la Comisión sobre la acción de oro del Gobierno portugués en el caso de Portugal Telecom es clara desde hace bastante tiempo". Barnier precisó que se trata de "una restricción injustificada" contra el principio de la libre circulación de capitales.

El contencioso de Bruselas con el Gobierno portugués arranca de 2005 cuando la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra el Ejecutivo de Lisboa por mantener la acción de oro y el asunto pasó en 2008 al Tribunal de la UE, cuya sentencia está prevista para el próximo día 8.

"Debido a la proximidad de la sentencia del Tribunal, la Comisión, quiere esperar esta sentencia, y una vez emitida, analizará las eventuales medidas que tengan que tomarse", dijo Barnier. Y recordó que "los Estados miembros deben acatar las sentencias del tribunal".

Se da la circunstancia de que el argumento que ha empleado el Gobierno portugués para defender su posición es que nunca había usado el derecho de veto. En este sentido, las conclusiones del abogado general sobre el caso Paolo Mengozzi, recuerda las argumentaciones del abogado portugués de que había que considerar "sobre todo que el Estado portugués nunca ha recurrido, hasta el día de hoy, a su derecho a veto".

Mengozzi estima, no obstante, que Portugal ha incumplido las obligaciones del tratado.