Una acción ilegal

Comprendo que Portugal se defienda de la operación que ha desplegado Telefónica para comprar a Portugal Telecom (PT) su participación en la operadora de teléfonos móviles Vivo en Brasil. Estamos hablando de una empresa de alto valor estratégico, el mayor operador de móviles de América Latina, con un potencial comercial muy amplio, en uno de los grandes países emergentes del mundo. Si la oferta, que representa tres veces el valor de mercado de Vivo en el mes de mayo, saliera adelante, Telefónica pasaría a tener el control total del campeón portugués en Brasil.

Sin embargo, parece claro que Portugal está utilizando un instrumento a todas luces ilegal porque veta el deseo de los accionistas de PT de efectuar esa venta a Telefónica, "que ofrecía más dinero por acción de lo que nadie en PT podía esperar", según el LEX del Financial Times, utilizando la llamada acción de oro. Esta práctica que da derecho a los Gobiernos que poseen una pequeña fracción de las acciones de una compañía a bloquear acuerdos -particularmente la toma de poder por parte de empresas extranjeras- se considera desde hace bastante tiempo contraria a la libre competencia y, por tanto, abiertamente ilegal.

Muchas de las grandes compañías europeas, desde Volkswagen a Iberia, e incluso la misma Telefónica estaban protegidas por la acción de oro que tuvo su razón de ser en los orígenes de los procesos de privatización europeos, pero que casi todos los países han ido abandonando debido a las presiones de la Comisión Europea para eliminar una práctica que altera la correcta asignación de recursos del mercado.

Hay que recordar al efecto, que la Comisión Europea ya denunció ante la Corte de Justicia de Luxemburgo esta ley nacional portuguesa, uno de los últimos vestigios proteccionistas en el marco jurídico corporativo europeo. Es más, muy probablemente, en los próximos días la Corte de Justicia de Luxemburgo dicte sentencia sobre este proceso en el que el abogado general ha calificado de absolutamente ilegal la ley portuguesa, en demanda de una sentencia que la declare nula.

Si el próximo 8 de julio, como está previsto, la Corte de Luxemburgo dicta esta sentencia y declara nula la ley portuguesa, podemos preguntarnos: ¿Tiene efectos retroactivos esa declaración sobre la utilización por el Estado portugués de ese instrumento, solo unos días antes, en el caso Telefónica-Vivo? En los medios jurídicos europeos se admite la existencia de un debate jurídico sobre este extremo, pero nadie duda de que la razón de fondo en la materia no debiera de permitir este uso anacrónico en los tiempos que corren, de ese instrumento previsiblemente ilegal en pocos días. Así lo anunció anteayer la portavoz de la Comisaria de Mercado Interior, encargada del caso y esa es también la opinión general en los ámbitos políticos europeos.

Ramón Jáuregui es secretario general de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo.