Zapatero demora el impuesto de los ricos

Fue uno de los Consejos de Ministros más largos e intensos de la legislatura y de los que mayor expectación había generado a causa de la aprobación del decreto de recortes sociales a funcionarios y pensionistas para reducir el déficit en 15.750 millones en dos años. Sin embargo, a lo largo de la mañana se creó una nueva expectación cuando saltó la noticia de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero iba a anunciar en el Consejo la aprobación de un nuevo impuesto para gravar a las rentas más altas.

Muchos ministros llegaron convencidos de que iba a ser así e incluso pensaron que esa noticia era una filtración autorizada por el presidente. Tenía una lógica política, pues el anuncio de esa medida paliaría el impacto negativo de un decreto tan duro de asimilar no solo para funcionarios y pensionistas sino para el electorado socialista. En todo caso, los ministros desconocían cualquier decisión sobre el tema ya que Zapatero lo despacha exclusivamente con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

Los ministros más vinculados al PSOE y al PSC defendieron el cambio fiscal

La sorpresa para los ministros fue que Zapatero no solo no anunció ninguna medida en esa dirección sino que zanjó el debate justo al comenzar la sesión del Consejo de Ministros.

A sabiendas de que algunos ministros, sobre todo los más ligados al PSOE, y dirigentes del partido querían que se pusiera en marcha cuanto antes el nuevo impuesto para aliviar la presión de sus bases, Zapatero se pronunció sobre la cuestión. Días antes, algunos ya se habían pronunciado públicamente a favor de su rápida aplicación, como el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, y la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, que llegó a decir que podía ser "inminente".

Se conocía, también, la opinión de otros ministros, como la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el titular de Industria, Miguel Sebastián, más reacios a la creación del nuevo impuesto por el efecto no deseado que podía tener en los movimientos especulativos. Salgado que, como titular de Economía le corresponde ser la guardiana del déficit español, es sensible a los efectos que tengan en Bruselas las decisiones económicas españolas, sobre todo, tras la reunión del Ecofin de hace 15 días en el que se incubaron las medidas drásticas de reducción del déficit para España.

El presidente del Gobierno aclaró que era "el más interesado" en tomar esa medida, pero que se "aplicaría en el momento oportuno", que "ahora no tocaba". Estableció como prioridad la reducción del gasto, seguida de la reforma laboral; la reforma de las cajas y, por último, la reforma fiscal, donde se encuadrará el nuevo "impuesto para los ricos". "No hay que diversificar esfuerzos sino concentrarse en cada tema en cada momento", dijo el presidente.

Expuso, también, su filosofía de que no quería que le acusaran de "demagogo" por tratar de neutralizar una medida impopular como la congelación de las pensiones en 2011 y la reducción del sueldo de los funcionarios, con una simultánea subida de impuestos para "los más ricos".

Algunos ministros, los más vinculados al PSOE y al PSC defendieron la necesidad del nuevo impuesto. Hablaron a su favor el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco; el presidente del PSOE y vicepresidente tercero, Manuel Chaves; la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Los dos últimos, dirigentes del PSC.

Todos coincidieron en la necesidad de crear un impuesto que grave a las rentas más altas por razones de equidad y para responder al electorado socialista, muy afectado por un decreto tan difícil de asimilar. "Si hay que recortar el gasto social para ganar credibilidad en el exterior, también habrá que adoptar otras medidas para ganar credibilidad en el interior", señaló uno de los ministros. Otro dijo que "ya se debía haber creado un impuesto para los ricos".

Curiosamente, el aspecto más controvertido del recorte social que se aprobó ayer, la congelación de las pensiones para 2011, cuestionado por todos los partidos y por los sindicatos, no generó ningún tipo de debate en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, el recorte de las infraestructuras originó una intervención del titular de Fomento en la que puso de relieve la importancia de la repercusión de su sacrificio en el crecimiento económico ya que afectaría al 0,5 del PIB. También resaltó las consecuencias que acarreará el incumplimiento de compromisos heredados y en empleo en las comunidades autónomas.

Blanco, resignado, tuvo que acatar la decisión del Consejo de Ministros ya que la única alternativa para evitar un tajo tan profundo era reducir aún más gasto social, lo que Zapatero no está dispuesto a hacer. El presidente le recordó que España había estado a la cabeza de la inversión pública en los años de su mandato.

Fue la manera de ejecutar el recorte del 5% del sueldo de media de los funcionarios lo que concentró la mayor parte de la sesión del Consejo de Ministros. Este debate tuvo un contenido técnico.