Insostenible indecisión

La elevada tasa de paro español, agravada por la crisis económica y financiera, y el envejecimiento de la población están poniendo en jaque nuestro Estado de bienestar. A los tradicionales cantos de sirena de que el sistema será incapaz de garantizar las pensiones futuras se han sumado los Gobiernos autónomos de Cataluña, Galicia y Valencia planteando por vez primera una reflexión sobre el proceso de aplicación completa de la Ley de la Dependencia. Ello se suma al hecho de que algunos Ejecutivos regionales del PP, como los de Madrid y Murcia, ya están aplicando, de facto, una moratoria. Esta norma puede ser la víctima más propicia a corto plazo de esta crisis. Las arcas públicas adelgazan en plena aplicación de un derecho que, por novedoso, algunos creen que bien puede esperar. Pero hacer ahorros en ese capítulo es una tentación tan fácil como estéril.

El desafío al que se enfrenta la economía española y nuestro aún relativamente modesto Estado de bienestar es de una envergadura muy superior. Con una tasa de desempleo del 19%, una economía sumergida que, según estimaciones, superaría el 20% del PIB y una presión fiscal muy por debajo de la media europea, es difícil que cuadren las cuentas públicas. Pero la solución no puede pasar por recortar gastos en los servicios sociales esenciales, que también están por debajo de la media comunitaria, ni por frenar la extensión de un nuevo derecho, el de la dependencia, que nos aproxima a ese Primer Mundo al que queremos pertenecer y que apenas supone un desembolso anual del 0,5% del PIB.

Respondiendo seguramente a la inquietud general, el presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que no recortará gastos sociales. Pero la realidad es que es su propio Gabinete el que ha puesto sobre la mesa un cómputo distinto para calcular las pensiones, una prolongación de la vida laboral hasta los 67 años o una extensión del contrato laboral de despido más barato. El problema no es que se apliquen tales medidas, algunas de las cuales, como el retraso en la edad de jubilación, están plenamente aceptadas por los analistas europeos desde hace años, sino la ausencia de un diseño más amplio y ambicioso que despeje las dudas a medio y largo plazo que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema y que son anteriores a esta crisis. Más allá de las palabras, es lo que cabría esperar de un Gobierno que lleva la política social en su ADN. Lo contrario conduce a la paradoja de seguir el camino inverso del emprendido por Barack Obama y de alejarse del exitoso modelo nórdico que tanta admiración produce en el sur.

El margen para recortar gastos sociales es muy estrecho, pero existe, como lo demuestra el reciente pacto sanitario. Suprimir subvenciones no esenciales (como los 2.500 euros por natalidad) o racionalizar el gasto son vías a seguir explorando. Pero el desafío requiere valentía en la toma de decisiones. Las acometidas hasta ahora contienen aciertos, pero siguen siendo tímidas y parciales. El plan contra el fraude fiscal ha quedado corto, como la reforma del impuesto sobre las Sicav, ese refugio de las grandes fortunas cuyos beneficios siguen tributando inicialmente al 1%. Se necesita un sistema impositivo verdaderamente progresivo que obligue a pagar a los que más tienen y una revisión de la redistribución de la renta para no despilfarrar ayudas en quienes no las necesitan.

Salir de la crisis no es suficiente. Mantener e incluso seguir avanzando en nuestro Estado de bienestar como hasta ahora es incompatible con el recorte de impuestos que acometió en su día Zapatero y que el PP exige. Y la única manera de lograrlo es aumentar los ingresos, base sobre la que por cierto se asientan los beneficios sociales de las economías centroeuropeas que nos sirven de modelo.