La temperatura de los lugares públicos estará regulada

Si se cumple la ley, ese tradicional jersey de verano para abrigarse del aire acondicionado de cines, bares o trenes caerá en desuso. Tampoco habrá que quitarse capa a capa toda la ropa que lleva uno, hasta quedar en camiseta, cuando entra en un local en invierno. El Gobierno aprobó ayer un real decreto que limita las temperaturas en los espacios públicos: no podrá ser superior a los 21 grados en los recintos con calefacción, ni inferior a los 26 en los refrigerados. El objetivo es evitar el despilfarro energético. Los edificios y locales con acceso desde la calle, además, deberán tener un sistema de cierre automático.

Este cambio del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) no forma parte de la Ley de Economía Sostenible, pero es una de las medidas para luchar por sus objetivos: eficiencia económica y respeto al Medio Ambiente. En cifras, el Ejecutivo abraza el objetivo europeo: reducir un 20% los gases de efecto invernadero y el consumo de un 20% de energías renovables sobre el total de consumo para 2020.

Se creará un "sello" que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías con baja intensidad de emisiones y se creará un fondo público para la compra de crédito de emisiones en el mercado. Las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán venderse, "en especial si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la financiación del fondo", concreta la presentación de la ley.

En el capítulo energético, el Gobierno fija la vida útil de 40 años para las centrales nucleares y remitirá una ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear. Hasta ahora, los permisos se renovaban cada 10 años. La central de Garoña, por ejemplo, después de la polémica revisión, se cerrará finalmente en 2013, tras 42 años en uso.

Para la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados se adelanta a 2016 el objetivo de ahorro energético del 20% con relación a 2005. La planificación del sistema eléctrico será integral y potenciará las energías renovables. Se creará, además, una Conferencia Sectorial de Energía para coordinar al Estado con las autonomías.

La normativa también fomenta la movilidad sostenible, mediante medidas como el impulso al coche eléctrico, la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril e incentivos como la exención en el IRPF del cheque-transporte público hasta un tope anual de 1.500 euros, entre otras.