El Gobierno deja de lado las grandes reformas en la Ley de Economía Sostenible

Un proyecto de país para el año 2020. Con esta solemnidad presentó ayer la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, la Ley de Economía Sostenible. El anteproyecto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, constituye una batería de pequeñas normas bien orientadas hacia el ansiado cambio de modelo productivo, algunas de ellas poco detalladas. Pero el anteproyecto de ley no aborda las grandes reformas estructurales, como la del mercado de trabajo, la educación, la del modelo energético o las pensiones, necesarias para el cambio de modelo económico.

Esas reformas de la economía esperan su momento en busca de un consenso más amplio, aunque el Gobierno se guarda varios ases en la manga. El primero de ellos se desvelará el próximo miércoles, en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá para explicar algunas medidas de reforma estructural en esos ámbitos "con contenido y fecha", según avanzó ayer Salgado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Y la propia vicepresidenta económica ha abierto ya una ronda con los agentes sociales (de momento, sólo con los sindicatos) para perfilar la reclamada reforma laboral.

Zapatero explicará el miércoles las líneas de las grandes reformas

El Congreso aprobará la ley en la segunda mitad de 2010

Bajo la etiqueta de sostenibles, el Gobierno incluye por ahora un abanico de medidas que implican a 13 ministerios. Algunas, como la desaparición de la deducción por compra de vivienda a las rentas altas, ya estaban anunciadas. Otras, como la obligación para las sociedades que coticen en Bolsa de informar sobre las retribuciones de sus consejeros y altos directivos, recogen los recientes acuerdos del G-20 (los países desarrollados más los emergentes) para introducir mesura en las finanzas.

La ministra atribuyó al Gobierno el mérito de arrancar este cambio de patrón de crecimiento, pero advirtió que otros venideros. "Pretendemos que se impliquen todos, sea cual sea el color". Y argumentó, con una crítica velada a la política económica de anteriores Ejecutivos, la profundidad de la actual crisis: "Hemos llegado hasta aquí porque nuestro desarrollo se ha basado en un modelo poco sostenible", especialmente en vivienda.

Para conseguir el reequilibrio harán falta muchos años, advirtió, aunque la mayoría de las medidas contenidas en la ley entrarán en vigor cuando el Parlamento les dé su visto bueno, previsiblemente a mitad de 2010.

Las novedades se articulan en cuatro bloques. Las primeras, denominadas de mejora del entorno económico, persiguen el equilibrio tanto en las finanzas privadas como en las públicas. El Gobierno busca moderar las remuneraciones del sector financiero obligando a las entidades a plasmarlas en un informe. Pero ahí acaba el mandato. No habrá límites a los salarios de las entidades que reciban ayudas públicas. "En este momento no debemos ir más allá, entre otras razones porque el sector financiero español no ha adolecido de los problemas de otros países", justificó Salgado.

Los emprendedores se verán favorecidos por una reducción de la burocracia. Se podrá constituir en un solo día, y con un coste máximo de 100 euros, una sociedad de responsabilidad limitada con capital hasta 3.100 euros. Eso supone un cambio sustancial: un informe reciente del Banco Mundial destaca que en España son necesarios una decena de procedimientos para crear una empresa, que requieren un tiempo medio de 47 días, mientras que la media de la OCDE son 13 días. Además, se elimina la necesidad de solicitar licencia municipal para actividades "sin riesgo", aunque los Ayuntamientos podrán compensar esa falta de ingresos con tasas.

En las finanzas públicas, el compromiso es, de momento, laxo. El Gobierno se compromete a elaborar en el plazo de seis meses un plan de austeridad para la Administración central que contemple también una racionalización en el gasto del sector público empresarial. No está cuantificado el objetivo de ahorro y se aplicará, en todo caso, a partir de 2011. El Ejecutivo, además, obligará a comunidades autónomas y Ayuntamientos a responsabilizarse de sus actuaciones, de forma que si la UE sanciona a España por algún incumplimiento (fiscal, regulatorio...), la multa la pagará la Administración infractora.

No obstante, la mayor obligación que la ley impone a todas las Administraciones radica en la reducción a 30 días (ahora son 60) para pagar a los proveedores. La rebaja será progresiva y el objetivo final se alcanzará en 2013, aunque el gran reto es que esos plazos (incluso el de 60) se cumplan.

La protección del medioambiente es otro de los pilares del proyecto. Se incorporan los objetivos europeos de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, elevar al 20% el uso de energías renovables y ahorrar otro 20% de energía en las Administraciones públicas. La ley también fijará en 40 años la vida útil de las centrales nucleares.

El capítulo más concreto es el de medidas fiscales. Para las empresas, se amplía del 8% al 12% la deducción aplicable a actividades de innovación y se duplica la destinada a propósitos medioambientales. Para los particulares, se crea una nueva deducción por rehabilitación de vivienda encaminada a fomentar el ahorro energético y se aplica un IVA más reducido para esas obras. No obstante, la principal revolución en este apartado reside en la desaparición, a partir de enero de 2011, de la deducción generalizada por adquisición de vivienda para nuevos compradores. Sólo la mantendrán las rentas más bajas, al igual que en el alquiler.

Pese a ser un proyecto tan ambicioso, apenas hay concreción sobre el impacto económico de las medidas. Salgado sólo ofreció ayer una estimación del coste de las medidas sobre rehabilitación de vivienda (unos 800 millones), a los que se añadirían otros 400 por el resto de medidas fiscales.

En el otro lado de la balanza, la ministra subraya la idea de que el proyecto "es para crear riqueza, para generar actividad y empleo", por lo que "no se puede hablar de coste". Economía calcula que la eliminación de trabas administrativas puede aportar cerca de un 1% del producto interior bruto.

Aunque no pretende negociar lo aprobado ayer, Salgado está dispuesta a incluir aportaciones que puedan realizar los agentes sociales y los partidos. Con ese espíritu se reunió primero con UGT y CC OO y luego con la patronal CEOE, pocas horas después del Consejo de Ministros, para exponer las grandes líneas. El gran impulsor de este proyecto, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá la oportunidad de hacerlo con más solemnidad en la conferencia de presidentes autonómicos, convocada para el 14 de diciembre.