Presupuestos 'blindados'

La clave del acuerdo alcanzado ayer por el PSOE con el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2010 (para lo que también contará con los dos votos de Coalición Canaria) es la aceptación por los socialistas del llamado blindaje del Concierto vasco, asunto que es polémico en varios aspectos. La opción de Zapatero significa que prefiere correr riesgos con los nacionalistas antes que con los partidos situados a su izquierda.

La portavoz del Gobierno no descartó ayer, sin embargo, la posibilidad de sumar a esos partidos durante la tramitación de las enmiendas parciales. De hecho, los socialistas han negociado a la vez con el mosaico de izquierdas (ERC, IU, ICV, BNG, NaBai) y con los nacionalistas. El discurso más bien izquierdista frente a la crisis favorecía un acuerdo con ese mosaico, pero tenía la dificultad de tener que satisfacer demasiadas demandas a la vez. La única formación que garantizaba por sí sola los votos necesarios era CiU, con la que hubo un acercamiento tras el acuerdo sobre financiación autonómica. Pero no había terreno suficiente para el pacto, sobre todo por las incertidumbres abiertas sobre el Estatuto, unidas a la proximidad de las elecciones catalanas.

La segunda opción era el PNV, que con sus seis escaños casi completaba los necesarios. Ya fue el principal apoyo el año pasado, pero entonces estaba en Ajuria Enea y ahora está allí un socialista. Ése fue el motivo de que en lugar de reivindicaciones contantes y sonantes (el huevo), como otros años, planteara como contrapartida algo relativo al fuero: la modificación de dos leyes orgánicas para impedir que las normas fiscales aprobadas por las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava puedan ser recurridas por cualquier persona física o jurídica, como ha venido ocurriendo.

El blindaje planteado no se refiere al Concierto como tal, y mucho menos al cupo, que se negocia cada cinco años, sino a las normas tributarias aprobadas en aplicación de la capacidad que tienen reconocidas las provincias vascas para modificar los tipos impositivos y las exenciones fiscales, dentro de unos límites. Algunas de esas normas fueron anuladas por tribunales españoles y europeos por no respetar tales límites, atendiendo a recursos presentados por comunidades limítrofes que alegaron vulneración de la competencia.

De lo que se trata no es de eliminar la posibilidad de recurso sino de que se pueda recurrir en las mismas condiciones en que lo pueden ser las leyes fiscales aprobadas por cualquier Parlamento autónomo en los tributos o tramos sobre los que tienen competencia: es decir que sólo puedan ser recurridas ante el Constitucional y por el Gobierno o por 50 parlamentarios.

La reforma no es descabellada, y la prueba es que ya en 2007 fue apoyada por nacionalistas y no nacionalistas en un pleno del Parlamento vasco. Sin embargo, modificar el sistema de recursos puede entenderse como un intento de acotar las posibilidades de actuación contra extralimitaciones como las que hubo en su momento. Así lo han interpretado las comunidades de La Rioja y Castilla y León, gobernadas ambas por el PP, que anunciaron recursos contra la eventual modificación por considerarla inconstitucional. Ello llevó al PP a votar el martes pasado contra la toma en consideración de la propuesta.

Una reforma como ésta, que modifica en alguna medida las reglas de juego, debería ser consensuada. Pero el hecho de que el PNV la presentara como contrapartida a su apoyo a los Presupuestos ha dificultado que lo fuera. Podrá ser aprobada por la misma mayoría que respalde las cuentas del Estado, pero el PSOE asume el riesgo de que una vez abierta la vía de la reforma otros partidos propongan volver al recurso previo de inconstitucionalidad, lo que plantearía un serio problema.