PNV y Coalición Canaria aseguran los Presupuestos

La historia se vuelve a repetir. El PNV, este año acompañado por Coalición Canaria, asegurará al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Los ocho votos que suman ambas formaciones le dan al Gobierno la mayoría suficiente de 177 votos para que la próxima semana pasen la prueba de la votación de las enmiendas a la totalidad que presentarán en el Congreso PP, CiU, ERC, IU-ICV, BNG, UPyD y UPN. Y por añadidura le alivia la negociación presupuestaria con los partidos de izquierda.

El acuerdo entre el PSOE y PNV, cerrado tan sólo una hora antes de que acabara el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios a los Presupuestos, viene precedido de una conversación telefónica que mantuvieron la pasada semana José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

El Gobierno saldará la deuda de 450 millones con la Diputación de Álava

Las autonomías limítrofes a la vasca no podrán recurrir las normas fiscales

En dicha conversación, Urkullu expresó al presidente del Gobierno su voluntad de negociar la aprobación de los Presupuestos si los socialistas asumían tres condiciones: el llamado blindaje de las normas forales vascas; el saldo de la deuda que el Estado tiene pendiente con la Diputación de Álava y la información puntual al PNV sobre el traspaso de las políticas activas de empleo de la Administración central a la vasca, acordado en junio por el tercer vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, y el lehendakari, Patxi López, y que se materializará en enero.

Con el logro de estos objetivos tras el acuerdo alcanzado ayer entre el portavoz socialista, José Antonio Alonso, y el peneuvista, Josu Erkoreka, el PNV obtiene como beneficio presentarse en Euskadi como el valedor de los intereses vascos en las instituciones del Estado, así como la capitalización política del llamado blindaje de las normas forales vascas, que fue tomado en consideración el martes en una sesión plenaria del Congreso, a propuesta del Parlamento vasco. Un beneficio rentable para un partido que está en la oposición en Euskadi, con un Gobierno presidido por un socialista.

Erkoreka señaló ayer que, tras la negociación entre el PSOE y el PNV esta semana, el texto aprobado en el Congreso el martes "había mejorado". Esa mejora consiste, según explicó Erkoreka, en el aumento de las garantías para las normas fiscales que aprueban las Juntas Generales (parlamentos provinciales) vascas. Al trasladarse su control al Tribunal Constitucional, ya no podrán ser recurridas, como sucede ahora, por las comunidades limítrofes. Así mismo, las Juntas y las Diputaciones vascas podrán "defenderse ante el Constitucional frente a las leyes del Estado que vulneren el autogobierno en materia fiscal".

Dicho acuerdo supone la modificación de 13 artículos de la Ley del Tribunal Constitucional y uno de la del Poder Judicial. El portavoz del PSOE destacó, por su parte, que dicha reforma es constitucional y pretende "equiparar el régimen foral al autonómico".

El PNV logró, también, que el Gobierno se obligue a realizar esas reformas legales en un plazo tasado y no queden olvidadas. Concretamente, se compromete a que las reformas legislativas se aprueben antes del 15 de diciembre de 2009 en la Comisión Constitucional con competencia legislativa plena.

El acuerdo de ayer da salida, asimismo, al contencioso sobre la deuda que reclama la Diputación alavesa, gobernada por el PNV, a la Hacienda estatal por el IVA de los coches Rover importados desde Álava pero vendidos en toda España. Son 450 millones de euros entre 1990 y 2005. El PSOE se comprometió ayer a zanjar la deuda entre lo que queda de año y el primer semestre de 2010. El acuerdo está supeditado a la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la resolución favorable a Álava de la Junta Arbitral del Concierto Económico.

El acuerdo del Grupo Socialista con Coalición Canaria estaba allanado desde que el viernes de la pasada semana el Consejo de Ministros aprobó, en una sesión extraordinaria celebrada en Las Palmas, un plan estratégico integral para las islas por un valor de 25.000 millones de euros, en un horizonte de 10 años.