López decide cambiar "drásticamente" las subvenciones de Derechos Humanos

El destino de las partidas para subvenciones que maneja la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de Justicia, cambiará de modo radical con el nuevo Gobierno socialista. La cuestión no afectará sólo a los 225.000 euros concedidos a los familiares de presos etarras para sufragar sus visitas a las cárceles donde cumplen condena. "El Gobierno va a seguir este asunto muy de cerca", indicó a El PAÍS la consejera de Justicia, Idoia Mendia. El Ejecutivo suprimirá esas ayudas en adelante y busca la forma de no pagar las correspondientes a este año. El cambio se extenderá a otro buen número de subvenciones que reciben otros colectivos y asociaciones. "Las prioridades de este Gobierno a la hora de repartir los fondos van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora", apuntó la consejera y portavoz del Ejecutivo.

Mendia: "El reparto de fondos irá en un sentido muy distinto" al actual

Grupos hasta ahora privilegiados cederán recursos a otros postergados

Esta transformación no se hará visible del todo en este año, ya que el ex consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, dejó convocadas a su criterio ayudas por 1,2 millones de euros que obligan a la actual titular del departamento. Mendia hará variaciones, en todo caso, con el margen de maniobra en la distribución del dinero que le permita la normativa. Pero además el departamento y la Dirección de Derechos Humanos, a cuyo frente se encuentra ahora Inés Ibáñez de Maeztu, abordarán, siguiendo instrucciones expresas del lehendakari, Patxi López, un cambio en la filosofía y la orientación de esa dirección y en sus prioridades al repartir fondos. Fuentes del departamento adelantan que tal cambio va a ser "drástico".

Lo primero será poner esa dirección al servicio de la deslegitimación social "sin fisuras", en palabras de López, del terrorismo etarra y la violencia de persecución como principales conculcaciones de los Derechos Humanos en Euskadi. Como reflejo mas evidente de tal prioridad, se reorientarán las ayudas económicas, dando preferencia a colectivos y asociaciones comprometidos con ese objetivo.

El actual equipo de Justicia entiende que estas entidades han resultado desfavorecidas hasta ahora porque el tripartito privilegió a grupos cuyo empeño fundamental era otro, por ejemplo, promover la consulta soberanista de Ibarretxe. "El Ejecutivo anterior tenía esa prioridad de la consulta y éste tiene otras que entendemos son más acordes a los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía", dijo Mendia a este periódico. Una de esas prioridades, por ejemplo, es la deslegitimación radical de ETA, que para el Gobierno anterior "no era el objetivo prioritario", como Mendia apuntó el pasado viernes en una entravista en Radio Euskadi. "No vamos a ser equidistantes", advirtió.

Tal determinación va a restar probablemente recursos a grupos como Lokarri, autodefinido como Red Ciudadana para el Acuerdo y la Consulta, que en 2008 recibió 39.000 euros. Mientras, asociaciones como Covite, el colectivo que agrupa a la mayor parte de las víctimas de ETA en Euskadi, o la Fundación Fernando Buesa obtuvieron 6.000.

En ejercicios sucesivos, las ayudas "van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora", precisó la consejera a EL PAÍS. Mendia tiene previsto abordar en fechas próximas esta cuestión con la directora de Derechos Humanos.

Otro aspecto a enderezar serán las relaciones con la Dirección de Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, a cuyo frente sigue Maixabel Lasa. Esta dirección y la de Derechos Humanos mantuvieron en la pasada legislatura, cuando la segunda se hallaba al cargo de Jon Landa, unas relaciones tirantes y serias diferencias al abordar asuntos que competían a ambas. El choque principal se produjo por el Plan de Educación para la Paz, un mandato parlamentario que las dos consejerías a las que concernía, Educación y Justicia, ambas entonces controladas por EA, recondujeron a su criterio y contra el de Lasa, limitando el acento deslegitimador de ETA, mezclando éste con otras conculcaciones de derechos humanos y rebajando el papel de las víctimas.