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ELECCIONES EUROPEAS

López decide cambiar "drásticamente" las subvenciones de Derechos Humanos

El reparto de fondos reflejará el cambio en las prioridades del Gobierno

El destino de las partidas para subvenciones que maneja la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de Justicia, cambiará de modo radical con el nuevo Gobierno socialista. La cuestión no afectará sólo a los 225.000 euros concedidos a los familiares de presos etarras para sufragar sus visitas a las cárceles donde cumplen condena. "El Gobierno va a seguir este asunto muy de cerca", indicó a El PAÍS la consejera de Justicia, Idoia Mendia. El Ejecutivo suprimirá esas ayudas en adelante y busca la forma de no pagar las correspondientes a este año. El cambio se extenderá a otro buen número de subvenciones que reciben otros colectivos y asociaciones. "Las prioridades de este Gobierno a la hora de repartir los fondos van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora", apuntó la consejera y portavoz del Ejecutivo.

Mendia: "El reparto de fondos irá en un sentido muy distinto" al actual

Grupos hasta ahora privilegiados cederán recursos a otros postergados

Esta transformación no se hará visible del todo en este año, ya que el ex consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, dejó convocadas a su criterio ayudas por 1,2 millones de euros que obligan a la actual titular del departamento. Mendia hará variaciones, en todo caso, con el margen de maniobra en la distribución del dinero que le permita la normativa. Pero además el departamento y la Dirección de Derechos Humanos, a cuyo frente se encuentra ahora Inés Ibáñez de Maeztu, abordarán, siguiendo instrucciones expresas del lehendakari, Patxi López, un cambio en la filosofía y la orientación de esa dirección y en sus prioridades al repartir fondos. Fuentes del departamento adelantan que tal cambio va a ser "drástico".

Lo primero será poner esa dirección al servicio de la deslegitimación social "sin fisuras", en palabras de López, del terrorismo etarra y la violencia de persecución como principales conculcaciones de los Derechos Humanos en Euskadi. Como reflejo mas evidente de tal prioridad, se reorientarán las ayudas económicas, dando preferencia a colectivos y asociaciones comprometidos con ese objetivo.

El actual equipo de Justicia entiende que estas entidades han resultado desfavorecidas hasta ahora porque el tripartito privilegió a grupos cuyo empeño fundamental era otro, por ejemplo, promover la consulta soberanista de Ibarretxe. "El Ejecutivo anterior tenía esa prioridad de la consulta y éste tiene otras que entendemos son más acordes a los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía", dijo Mendia a este periódico. Una de esas prioridades, por ejemplo, es la deslegitimación radical de ETA, que para el Gobierno anterior "no era el objetivo prioritario", como Mendia apuntó el pasado viernes en una entravista en Radio Euskadi. "No vamos a ser equidistantes", advirtió.

Tal determinación va a restar probablemente recursos a grupos como Lokarri, autodefinido como Red Ciudadana para el Acuerdo y la Consulta, que en 2008 recibió 39.000 euros. Mientras, asociaciones como Covite, el colectivo que agrupa a la mayor parte de las víctimas de ETA en Euskadi, o la Fundación Fernando Buesa obtuvieron 6.000.

En ejercicios sucesivos, las ayudas "van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora", precisó la consejera a EL PAÍS. Mendia tiene previsto abordar en fechas próximas esta cuestión con la directora de Derechos Humanos.

Otro aspecto a enderezar serán las relaciones con la Dirección de Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, a cuyo frente sigue Maixabel Lasa. Esta dirección y la de Derechos Humanos mantuvieron en la pasada legislatura, cuando la segunda se hallaba al cargo de Jon Landa, unas relaciones tirantes y serias diferencias al abordar asuntos que competían a ambas. El choque principal se produjo por el Plan de Educación para la Paz, un mandato parlamentario que las dos consejerías a las que concernía, Educación y Justicia, ambas entonces controladas por EA, recondujeron a su criterio y contra el de Lasa, limitando el acento deslegitimador de ETA, mezclando éste con otras conculcaciones de derechos humanos y rebajando el papel de las víctimas.

Los grupos más favorecidos...

El listado de beneficiarios de las 103 subvenciones concedidas el pasado año por la Dirección de Derechos Humanos a organizaciones y movimientos sociales para sus actividades en esa materia suma un total de 70 grupos, que se reparten de modo muy desigual los 656.000 euros otorgados. De ellos, 352.000 se pagaron a entidades afincadas en Vizcaya, 212.000 en Guipúzcoa, y 92.000 en Álava.

Entre las que más recursos recibieron figuran Lokarrri, la Red Ciudadana para el Acuerdo y la Consulta, que cobró 39.000 euros. La Fundación Baketik, que dirige el ex coordinador de Elkarri, predecesora de Lokarri, Jonan Fernández, percibió 35.000 euros, mientras que Gernika Gogoratuz obtuvo 23.000.

Unesco Etxea está subvencionada con 45.000 euros y la asociación cultural Zinhezba, con 20.000. Gesto por la Paz recibió 24.000 euros. Otros 28.000 euros se otorgaron a Suspergintza Elkartea, y la Fundación Canónica Autónoma Ede recibió 24.000. Para la UPV fueron 28.000 euros y la misma cantidad se destinó a la Asociación Promotora de Servicios por la Paz y el Antimilitarismo. Demagun Hausnarketarako Taldea recibió 26.000 euros.

El Grupo Contra la Tortura TAT cobró 12.000 euros, lo mismo que la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Vitoria. En este último caso, 10.000 euros se concedieron para que pudiese recurrir contra la ley de Víctimas.

...y los menos beneficiados

En el otro lado de la balanza de las ayudas pagadas el pasado año por Derechos Humanos figuran pequeños colectivos de todo tipo y enfoque de su actividad que pueden recibir sólo 500 euros, como la fundación Itaka de los Escolapios para un programa de educación para la paz, el desarrollo y la solidaridad. Sus acciones pueden ir desde el feminismo a la violencia contra la mujer o la lucha asociativa contra la discriminacion por opción sexual.

Sin embargo, también hay otros de gran calado e influencia que están en clara desventaja. Es el caso de Covite, el colectivo que agrupa a la mayoría de las víctimas vascas del terrorismo, al que Derechos Humanos sólo concedió 6.000 euros. Con idéntica cifra se sufragaron actividades de la Fundación Fernando Buesa y de la Fundación Gregorio Ordóñez.

El prestigioso centro de documentación y estudios para la paz Bakeaz obtuvo también 6.000 euros para tres proyectos.

Derechos Humanos distribuyó además otros 220.000 euros entre los ayuntamientos para programas e iniciativas relacionadas con la educación para la paz. El reparto resulta también aquí muy desigual y en él predominan con claridad los proyectos de consistorios de signo nacionalista. En Álava, por ejemplo, recibieron subvenciones sólo los ayuntamientos de Agurain y Amurrio (EA) y Llodio (PNV), que se repartieron los 43.000 euros concedidos en ese territorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de junio de 2009

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