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El histórico cambio de liderazgo y de color en el Gobierno al que se abre el País Vasco quedará marcado por el discurso de investidura que pronunciará hoy en el Parlamento vasco el socialista Patxi López, y que estará dominado por un tono conciliador.
Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, imputado por cohecho y tráfico de influencias en la investigación de la trama corrupta de Francisco Correa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJM), ocultó parte de la documentación requerida por el juez a través de la policía.
Una trifulca interna entre socialistas de la localidad alicantina de Elche, unida a la investigación de presuntos delitos de malversación denunciados por el PP e investigados por un juzgado, llevó anoche a la dirección federal del PSOE a excluir in extremis de la candidatura al Parlamento Europeo a María Ángeles Avilés, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Elche hasta hace una semana.
Los juristas del Ministerio del Interior trabajan para moderar el polémico artículo del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que recoge los plazos de internamiento previstos para los inmigrantes en situación irregular. El precepto, que aumenta de 40 a 60 días el periodo de reclusión, establece además que ese plazo aún puede alargarse descontando del mismo el tiempo de tramitación de los procedimientos de asilo.
Algunos miembros de la Comisión Ejecutiva del PSOE advirtieron ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del riesgo que corría de quedar en soledad en el debate sobre el estado de la nación la próxima semana al no haber esperado a que las medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros empiecen a surtir efecto.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantuvo ayer su competencia, frente al criterio de la fiscalía, en la investigación que realiza por presuntos delitos de crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, el 22 de julio de 2002.
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