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El juez Andreu mantiene la causa por el bombardeo de Gaza

Dívar discrepa: "No somos guardianes judiciales del mundo"

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantuvo ayer su competencia, frente al criterio de la fiscalía, en la investigación que realiza por presuntos delitos de crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, el 22 de julio de 2002. El dramático resultado -siete de los fallecidos eran niños y hubo 150 heridos más- fue consecuencia del lanzamiento de una bomba de una tonelada desde un avión de combate F-16 destinada a asesinar al dirigente de Hamas Salah Shehadeh.

Andreu se ha opuesto al archivo del caso, como le pedía la fiscalía por considerar que "los hechos ocurren en la ciudad de Gaza, siendo así que la Comunidad Internacional, sin discusión y en su conjunto, admite que dicho territorio no forma parte del Estado de Israel". Y añade que la Abogacía del Estado de Israel también precisa que los actos en la franja de Gaza "se trata de actividades bélicas cometidas en territorio extranjero".

Israel apelará al Gobierno español para "anular la decisión" judicial

El ataque provocó 14 muertos, la mitad de ellos niños, y 150 heridos

El razonamiento de Andreu, al excluir que los hechos deban ser investigados en Israel, permitirá que se presenten otros casos de ataques israelíes contra población civil en Gaza para su investigación y persecución.

El abogado de los querellantes, Gonzalo Boye, declaró al respecto: "Es un auto que demuestra la independencia de los jueces en España, una resolución valiente que constituye un espaldarazo a las pretensiones de las víctimas que son siempre las grandes olvidadas". Boye mostró su satisfacción, porque la decisión de Andreu establece que "Gaza es un territorio ocupado ajeno a Israel, y este Estado carece de jurisdicción primaria sobre los hechos".

En Israel, el procedimiento abierto por el juez Andreu ha levantado sarpullidos, informa Juan Miguel Muñoz. El Ministerio de Justicia israelí aseguró ayer que la decisión de Andreu "contraviene la clara posición del Gobierno español". Y añadió: "Estamos convencidos de que el Gobierno español y su sistema judicial hará lo máximo contra el cínico intento de los demandantes para explotar el sistema judicial español con el fin de impulsar la agenda política contra Israel".

Ante tesituras como esta, el Ejecutivo israelí se despliega sin demora y con todos los medios a su alcance. El ministro de Defensa, el laborista Ehud Barak, anunció que ejercerá toda su influencia para revertir el fallo. "Apelaré", advirtió, "al ministro de Asuntos Exteriores español, al ministro de Defensa, y si fuera necesario al primer ministro, que es mi colega en la Internacional Socialista, para anular la decisión".

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, abogó ayer por reformar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal porque "no podemos convertirnos en los gendarmes judiciales del mundo" ni estar "a conflicto diplomático diario", informa Julio M. Lázaro.

Durante un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y El Derecho Editores, Dívar, sin querer referirse a casos concretos como el de Israel o Guantánamo, explicó que eso ocurre "porque la ley lo permite y la jurisprudencia lo manda". "Cuando la Audiencia o el Supremo han intentado hacer alguna modificación, el Constitucional ha dicho que si la ley no hace distinciones, no debe hacerlas el juzgador", explicó Dívar.

"El problema está en la legislación", siguió Dívar, "que debe ser modificada", también por "una cuestión de eficacia". Hasta ahora, recordó, ninguno de los casos investigados por los jueces de la Audiencia "ha llegado a feliz término".

¿Quiénes somos para arreglar la casa ajena cuando hay tanto que arreglar en la propia?, se preguntó el presidente del Supremo. No obstante, Dívar indicó que en determinados asuntos, la jurisdicción universal está "plenamente justificada", si hay crímenes que no han sido objeto de instrucción por otros países o para evitar que queden impunes delitos de lesa humanidad sólo con pasar una frontera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de mayo de 2009