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El juez rechaza la petición de Camps de anular la instrucción de Garzón

El Tribunal Superior de Madrid imputa a Martín Vasco, diputado de Aguirre

Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El instructor de la causa en Valencia, José Flors, rechazó ayer la petición del presidente valenciano, Francisco Camps, para que se anularan todas las diligencias realizadas por Garzón antes de inhibirse. Hoy declara como imputado en Madrid Benjamín Martín Vasco, el segundo diputado del PP en la Asamblea de Madrid señalado previamente por el juez de la Audiencia Nacional. Lo hará junto al presunto número dos de la red el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en prisión provisional, y Adrián Senín, empleado de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market, la filial valenciana de la trama.

El instructor de Valencia considera que no se han vulnerado derechos

La 'contabilidad b' refleja que Martín Vasco cobró 437.066 euros

La desestimación de la petición de Camps supone, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que las diligencias abiertas por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional "siguen su curso" normalmente.

La defensa del presidente valenciano y de los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho -el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Fuentes y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- habían alegado a finales de abril que la instrucción del caso adolecía de al menos dos defectos que la convertían supuestamente en nula.

El primero consistía, según el letrado, en que la investigación judicial previa había sido realizada por un juez -Baltasar Garzón- que carecía de competencias. El segundo vicio se basaba en el hecho de que hubiera decretado el secreto de sumario. Esa decisión del juez, según la defensa de Camps, habría supuesto un grave perjuicio para los afectados por haber vulnerado su derecho a defenderse.

El magistrado Flors, sin embargo, rechazó ambos motivos y concluyó que no se ha producido vulneración de derechos. Al mismo tiempo, advirtió que un hipotético recurso contra su decisión -la posible apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- no paralizará la investigación.

En Madrid, la instrucción de Garzón también recibió un nuevo espaldarazo por parte del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, por cuyo despacho pasará hoy el diputado regional y fugaz presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje Benjamín Martín Vasco.

En el auto por el que se inhibió a favor de este tribunal, Garzón encontraba en la actuación del diputado madrileño indicios de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Martín Vasco habría recibido de la trama la suma de 437.166 euros. Según la contabilidad b de la trama, parte de esas cantidades sirvieron para sufragar su boda y su viaje de novios a Polinesia. Además, recibió varias entregas en efectivo de manos del propio Francisco Correa o su chófer, Andrés Bernabé.

A cambio, el diputado madrileño y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey habría mediado en este municipio para conseguir adjudicaciones para la constructora Martinsa, cuyos gestores habían pagado previamente comisiones a Correa. Durante el tiempo en que Martín Vasco dirigió la empresa municipal Fomento de Arganda del Rey "se produjo la entrada de las empresas de Correa en dicho municipio", relató Garzón, "mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", una de las compañías controladas por el cerebro de la trama.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, manifestó ayer en un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y El Derecho Editores, que el alto tribunal está preparado por si llegara el caso Gürtel, informa Julio M. Lázaro. "Vaya que si está preparado, para ése y otros casos, los medios con que cuenta el Supremo son muy importantes y pueden producir resultados en muy poco tiempo. La Sala del artículo 61 ha resuelto recursos [sobre la Ley de Partidos] en 48 horas y hasta ahora, bastante bien".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de mayo de 2009