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LA ZONA FANTASMA

¿Acaso no nos alquilamos todos?

Leo que la ciudad de Lérida o Lleida, con Ayuntamiento socialista, ha decidido seguir el ejemplo de Barcelona, con Ayuntamiento del mismo signo político, y poner multas de entre 300 y 3.000 euros tanto a las prostitutas callejeras como a sus clientes; y que Granada se plantea hacer otro tanto, lo cual, probablemente, con el estúpido mimetismo reinante en España, llevará a otros muchos lugares a adoptar las mismas medidas represivas, que, si mal no recuerdo, tienen su origen en Suecia hace más de un decenio: aquí nunca se es original en nada. Según la noticia, "el Consistorio leridano pondrá en marcha un plan integral para buscar alternativas sociales, educativas y laborales a las personas que se prostituyen". Las afectadas, sin embargo, se oponen a la nueva ordenanza. Subrayan que la prohibición no da resultado y que no están claras las políticas sociales alternativas. Y en efecto, es difícil que lo estén, dado que fuentes policiales cifran en unas 1.100 las mujeres -en ningún momento se habla de varones- que se dedican a la prostitución en Lleida. Mil cien, en una población de unos doscientos mil habitantes, no son pocas personas a las que encontrar empleo, sobre todo en época de paro creciente y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de esas mujeres no estarán preparadas para desempeñar muchos trabajos de buenas a primeras, y que algunas los rechazarán de plano. Calcúlese una proporción similar en Granada, con su medio millón de habitantes, y en Barcelona, con sus más de tres millones, y en el resto del país, por si acaso, con sus cuarenta y seis millones aproximados, y se verá que este reglamento, aparte otras consideraciones, es tan imbécil como inviable.

"Cada cual ofrece lo que tiene para ganarse la vida, y eso no se ve como humillación"

Pero vayamos a esas otras consideraciones. En la prostitución hay algo intolerable, y es que quienes no estén dispuestos a ejercerla se vean forzados a ello mediante coacciones y amenazas. Hay muchas mujeres en esa situación, principalmente inmigrantes traídas a nuestro país por las mafias, con engaños o violencia, y que, deseándolo, no pueden salirse de un negocio en el que jamás quisieron verse envueltas bajo ningún concepto, ni aun muriéndose de hambre. Si, lejos de estar perseguida y penalizada, la prostitución estuviera legalizada; si hubiera un censo de sus practicantes y éstas gozaran de atención médica, seguridad social y el control del Estado, las llamadas "esclavas del sexo" -es decir, las atrapadas en él contra su voluntad, y sin libertad para dejarlo- existirían mucho menos: tendrían a quién recurrir, y las autoridades podrían ayudarlas a escapar de su situación de servidumbre impuesta y clandestina.

Pero el resto del asunto no es en sí mismo intolerable, o no lo es más, digamos, que la pobreza en general, la explotación de los trabajadores o la dureza de algunos oficios. Por mucho que ciertas feministas clamen hoy contra la prostitución de mujeres -la de los varones les trae sin cuidado- por lo que tiene de "humillación" para su sexo, lo que siempre se esconde tras su condena es el más rancio puritanismo y la abominación de lo sexual, común a todas las Iglesias. De las putas se ha dicho invariablemente una falsedad interesada, a saber, que "venden su cuerpo", cuando lo que hacen es alquilarlo, de muy parecida manera a como los demás alquilamos lo que podemos o lo que se está dispuesto a contratarnos: el barrendero y la fregona alquilan sus manos, lo mismo que el estibador, que además alquila su espalda, o que el minero, que además alquila sus pulmones para que se los destrocen; otros muchos alquilamos nuestro tiempo o nuestros conocimientos o nuestra capacidad para darle a la tecla con algún sentido; cada cual ofrece lo que tiene para ganarse la vida, y todas esas actividades no se ven como "humillación", sino como "dignificación" de la persona. El trabajo se considera algo noble y honroso, independientemente de su calidad y su esfuerzo, y de lo mal o bien que esté pagado. Así que nunca he entendido por qué el de una puta -si no es por un prejuicio, religioso, que ve "pecado" en el sexo fuera del matrimonio, y aun dentro de él según el Papa Wojtyla- se tiene por todo lo contrario. Ellas alquilan el cuerpo entero, los demás tan sólo algunas partes, o bien la mente. ¿Y quiénes son los Ayuntamientos, o el Estado, para entrometerse en una transacción entre dos ciudadanos adultos y libres (cuando las putas son libres), que en principio no implica delito ni daño? ¿Y en qué se diferencia ese cliente del individuo que se acerca a alguien y le pregunta "¿Quieres ganarte unas perras?", y le propone que le preste sus manos para recoger la fresa o para que le pinte su casa? ¿En qué se diferencia de usted o de mí cuando paramos un taxi en la calle y le decimos al taxista que nos lleve a tal o cual sitio, según tarifa? Déjense los Ayuntamientos y las mojigatas de siempre -por muy disfrazadas que vayan de feministas- de tan antigua hipocresía. Con medidas como las de Lleida, Barcelona y quizá Granada, lo único que se consigue es arrojar a la indigencia a quienes ya malviven. Y acaso aumentar el número de violadores en potencia, cuando los puteros comprueben que ya no pueden echar un solo polvo, ni siquiera por acuerdo mutuo y pagando a tocateja.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de marzo de 2009