¿Agricultores o jardineros?
Durante las últimas décadas la agricultura vasca parece haber sucumbido ante el avance imparable de la globalización. La competencia creciente, los profundos cambios en los canales de distribución, la progresiva concentración de poder en eslabones de la cadena agroalimentaria muy alejados de los productores, o la presión de las actividades urbanas sobre el suelo rural, unidas a las dificultades intrínsecas de la actividad agropecuaria en una orografía como la nuestra, han traído consigo una progresiva desagrarización de la economía y la sociedad vascas. En este contexto, gran parte del sector ha asistido inánime al declive, incapaz de dar respuesta a la desaparición paulatina de explotaciones y al envejecimiento progresivo de su capital humano, demasiado acostumbrado (¿o malacostumbrado?) a soluciones provenientes de una administración agraria atenazada por los corsés comunitarios, con la esperanza (vana) de que unas ayudas públicas menguantes lograran paliar (que no frenar) esa decadencia. Sin embargo, en este panorama cada vez más desolador, tampoco han faltado las apuestas personales y colectivas por proyectos de futuro. La mayoría optó por la modernización y la especialización productiva; otros apostaron por la diferenciación del producto; los menos, sondearon nuevos canales de comercialización. Todos ellos comprendían que los consumidores demandaban calidad, aunque cada uno lo hiciera a su manera. Algunos tuvieron la suerte de contar con el apoyo entusiasta de la administración. Otros, en cambio, no tuvieron más respaldo que el de la propia convicción y la confianza en que su vía era la correcta. Pero incluso entre éstos cunde ya el desánimo.
La intervención pública debería orientarse a pagar a los agricultores por sus funciones no comerciales
Multifuncionalidad, la posible clave para un nuevo contrato social para el sector
Sin embargo, no debemos olvidar que la aportación de la agricultura no se limita a la producción de alimentos. El sector primario ocupa y gestiona gran parte de la superficie del país: más del 55% del suelo de la CAPV está cubierto por superficie forestal (que es una actividad primaria), mientras el destinado a la ganadería representa el 24%, y el agrícola el 9,5%. Esta ocupación del suelo permite que dichas actividades hagan llegar a la sociedad otros bienes y servicios, como el mantenimiento del paisaje, la conservación de la biodiversidad, la preservación del patrimonio cultural de las zonas rurales, o la fijación de carbono en la cubierta vegetal. Funciones que, aun pudiendo ser socialmente reconocidas, el mercado no retribuye, y por las cuales los agricultores no ven ni un céntimo de euro. ¿Se ha puesto alguien a pensar qué ocurriría realmente si los agricultores se extinguieran? ¿Quién se encargaría de gestionar el suelo para que se pudieran prestar todas esas funciones?
Por lo tanto, si el mercado no alcanza a proveer lo que la sociedad realmente demanda, la intervención pública es necesaria. Para garantizar esa multifuncionalidad de la agricultura, la intervención pública debería orientarse a remunerar a los agricultores -en la medida en que el mercado no lo hace- por esas funciones no comerciales. Ello supondría, en primer término, abandonar la tradicional lógica asistencialista de algunas de las políticas de apoyo al sector agrario. Pero, yendo más allá, debería superarse el discurso de la competitividad, con el que, desde las diferentes instancias públicas, se ha tratado de persuadir al sector de que la única viabilidad posible era la que ofrecían los mercados. A estas alturas, éstos han demostrado sobradamente que la lógica de la competitividad es insuficiente para garantizar la supervivencia del sector a largo plazo.
Por otro lado, hay quienes ven en la multifuncionalidad una cortina de humo para seguir manteniendo el carácter subsidiado de la actividad agraria, o una coartada para que los agricultores se conviertan en jardineros de un medio rural acondicionado para uso y disfrute de los habitantes de las ciudades. Sin embargo, el reconocimiento de dicha multifuncionalidad permite legitimar el apoyo al sector por los activos que posee y por los servicios que realmente provee, recuperando para el agricultor, en este contexto de depresión individual y colectiva, su papel en la sociedad. Su condición de productor es inherente a su profesión y así ha de continuar siendo. Pero la producción de alimentos sanos y de calidad, así como de otros bienes derivados de la actividad agropecuaria, ha de hacerse desde la responsabilidad social y ambiental que la sociedad demanda. La multifuncionalidad puede ser la piedra angular de un nuevo contrato social para el sector agrario. Pero tanto la sociedad como los propios agricultores han de tomar conciencia de que en dicho contrato pueden reconocerse derechos (la retribución por la provisión de bienes no comerciales) pero también responsabilidades (la efectiva y correcta provisión de esos bienes ambientales, sociales y culturales). Unos derechos y responsabilidades que permitan a la agricultura recuperar con dignidad su papel en nuestra sociedad.
