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Esperanza Aguirre, en la inauguración de una carretera / EFE
José María Aznar lo ha sido todo en el PP, pero cada día tiene menos apoyos dentro de su partido. Su actuación durante el fin de semana, con un discurso durísimo y varios desplantes a Mariano Rajoy, sobre todo el de no quedarse a escucharle y desaparecer cuando había que votarle, ha sentado mal no sólo entre los marianistas, también entre dirigentes más neutrales.
El ritual de cada cuatro años de los congresos del PSOE sobre la formación de la ejecutiva federal se repetirá en el atardecer del próximo 4 de julio. El secretario de Organización, José Blanco, comunicará individualmente a cada secretario general o barón territorial el diseño de la nueva cúpula y les pedirá opinión y nombres de personas de su federación.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que llame a declarar en calidad de imputados a los ex dirigentes de ETA militar Francisco Mujika Garmendia, Pakito, y Miguel Ángel Apalategi Aierbe, Apala.
Una veintena de intelectuales ha promovido un manifiesto en defensa del castellano que fue presentado ayer en el Ateneo de Madrid y que reivindica la importancia de esta lengua y reclama una normativa legal - "que puede exigir una modificación constitucional y de los estatutos"- para garantizar los derechos de los españoles que quieran expresarse y estudiar en castellano, "única lengua común en todo el territorio".
El Estado Mayor de la Defensa sometía a una "inspección suave" al 20% de los vuelos fletados para el transporte de tropas, según declaró ayer el almirante Antonio Moreno Barberá (jefe de la cúpula militar entre 2000 y 2004), quien compareció como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42.
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se inclinará previsiblemente por imponer una pequeña multa (entre 1.000 y 6.000 euros) a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ejecutó una sentencia de ingreso en prisión de Santiago Del Valle, detenido posteriormente como presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.
Los ayuntamientos tienen la obligación de hacer pública la declaración de bienes de sus alcaldes y ediles según la Ley del Suelo, que ningún ayuntamiento, salvo Gijón, aplica por la supuesta falta de un instrumento jurídico para hacerlo.
¿Cómo ocultar comisiones ilegales en un banco y gozar de todas sus medidas de seguridad sin que conste o deje rastro el ingreso monetario? La respuesta, presuntamente, la halló años atrás la trama corrupta municipal de Estepona: ingresar la mordida en las cajas de seguridad personales que alojan los bancos en sus cámaras acorazadas.
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