"Hay crecientes razones para preocuparse"

"Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana [...] Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida [...] Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia [...]

Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas [...] Las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etcétera en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello normalización lingüística).

Es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial [...] Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta[...] Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración. Este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos.

El artículo 3.3 de la Constitución establece que 'las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección' [...] Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación [...] de los ciudadanos monolingües en castellano. Los abajo firmantes solicitamos una normativa legal [...] para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a todos los ciudadanos.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en castellano [...]. Las lenguas cooficiales deben figurar en los planes de estudio, pero nunca como lengua vehicular exclusiva.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación.

4. La rotulación de los edificios oficiales y vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía [...] nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana.