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La lucha contra la corrupción

El PSOE local y sus socios se financiaban con pagos ilegales, según la juez

Fernando J. Pérez

La juez de la operación Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga) identifica al ya ex alcalde de la ciudad, Antonio Barrientos, como el "máximo responsable de una estructura" que, desde el Ayuntamiento, buscaba "obtener fondos de promotores y empresarios". Este dinero servía tanto para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos" que gobiernan en coalición -PSOE y ex gilistas- como para "enriquecerse personalmente".

El pasado viernes, la juez Isabel Conejo envió a Barrientos a la cárcel. En el auto de prisión -al que ha tenido acceso EL PAÍS- la juez, sin entrar en detalles, afirma que "una de las principales fuentes de obtención de ingresos" es la "infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos" en los convenios con los promotores. Al tasar el valor de las fincas a la baja, las empresas constructoras obtenían una plusvalía. Como "contrapartida", la trama municipal les exigía "el pago de cantidades de dinero".

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Isabel Conejo cree que Barrientos ha mediado en la contratación irregular en el Ayuntamiento de "numerosas personas" en función de su "titulación personal" o su "afinidad política". También le acusa de blanqueo de capitales y de contratar obras y servicios públicos "sin cumplir las exigencias legales".

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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