El ex jefe militar afirma que sometían a los Yak-42 a una "inspección suave"

El Estado Mayor de la Defensa sometía a una "inspección suave" al 20% de los vuelos fletados para el transporte de tropas, según declaró ayer el almirante Antonio Moreno Barberá (jefe de la cúpula militar entre 2000 y 2004), quien compareció como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42. En el siniestro murieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán en mayo de 2003.

¿Qué es una inspección suave?, le preguntaron los abogados de las familias de las víctimas "Una inspección operativa, no técnica", contestó. ¿Y eso qué significa? "Una revisión visual. Ver el estado del avión y de la tripulación", respondió. Es decir, echarle un vistazo.

No es la primera vez que se utiliza dicho eufemismo en este caso. El general Vicente Navarro, responsable de la identificación de los fallecidos en el siniestro, aseguró que hizo "autopsias light" a los cadáveres. El resultado fue que erró en todas las identificaciones. Lo mismo puede decirse de las inspecciones someras de los aviones, si es que se hicieron, pues en el sumario no consta ni un solo informe.

Y eso que hubiera bastado un vistazo para apreciar el deficiente anclaje de la carga o el deterioro de las ruedas, que los militares denunciaron en 14 partes escritos. Ninguno llevó a actuar al almirante Moreno, ni a su subordinado, el teniente general Juan Luis Ibarreta, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien también declaró ayer ante el juez.

Si el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa dijo que tenía "desconcentradas" las competencias en el almirante Moreno, éste declaró ayer que las había "delegado" a su vez en el general Ibarreta. Pero ni uno ni otro vieron nunca, según aseguraron, el documento del Servicio de Inteligencia del Ejército que, un mes antes del siniestro, advertía del "grave riesgo" que se corría volando en aviones ex soviéticos; o el informe del Mando Aéreo de Levante que, tres meses y medio antes, recopilaba fallos de seguridad de estos vuelos. Tampoco pudieron aclarar quién aportó la información que sirvió para responder a la diputada socialista María del Carmen Sánchez, a quien se negó por escrito en abril de 2003 que hubiera quejas por estos vuelos.

Pese a ello, los dos mandos coincidieron en que "las cosas se hicieron bien" y volverían a actuar igual. Tras declarar, el juez les mantuvo la imputación por 62 presuntos delitos de homicidio imprudente, por no haber cumplido su deber de velar por la seguridad de los soldados.