Marlaska abre juicio contra tres mandos militares por el caso del Yak y fija una fianza de dos millones

La Audiencia Nacional juzgará al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez para determinar si cometieron un delito de falsedad documental al asignar la identidad de 30 de los 62 miembros del Ejército que murieron en el accidente del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dictado la apertura del juicio oral contra los tres mandos militares y ha fijado una fianza de dos millones de euros para los imputados a depositar en un plazo de veinticuatro horas con el fin de asegurar el pago de las indemnizaciones solicitadas por la Fiscalía y los familiares de las víctimas en caso de ser condenados. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional declara órgano competente "para el conocimiento y fallo" de esta causa a la sección primera de la sala de lo Penal de este tribunal, que deberá fijar la fecha del juicio y celebrarlo.

El magistrado también da diez días a la representación legal de los tres acusados para que formulen su escrito de defensa y propongan las pruebas que consideren oportuno.

El pasado 29 de mayo la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que solicitaba penas de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que perdieron la vida en el accidente del Yak-42 en Trebisonda en 2003.

Las peticiones del teniente fiscal

En concreto, el teniente fiscal Fernando Burgos pide 5 años de cárcel para Navarro y 4 años y medio para Ramírez y Sáez por dos delitos de falsificación de documentos oficiales, así como una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno: de 60.000 euros y 5 años para el primero y de 24.000 euros y 4 años para los otros dos. Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.

El teniente fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar, mientras que a Ramírez y a Sáez les responsabiliza de hacer un informe de necropsia de forma aleatoria.

Acusaciones particulares: entre 3 y 6 años de cárcel

Por su parte, las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa y ejercidas por los familiares de los militares fallecidos solicitan penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.

Marlaska reabrió esta causa el pasado 29 de abril -después de haberla archivado el 22 de noviembre de 2007-, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente".

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente provocaron que se entregaran a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.

El magistrado también investiga las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, en la que ya ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares: el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá; el jefe del EMACON, Juan Luis Ibarreta; y de los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas; Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.