¿Está caducada la ley del aborto ?

"El PP ha votado todas las veces en contra de la ampliación del aborto. Tendremos que volver a ganar las elecciones para lograr la seguridad de las mujeres y de los médicos que lo practican". Amparo Rubiales, diputada socialista, pronunciaba estas palabras en 1998.

Los socialistas han sacado el aborto de su programa electoral

Las clínicas denuncian una persecución organizada

La sanidad pública realiza menos del 3% de las interrupciones

En España el aborto es delito salvo en tres supuestos muy detallados

El PSOE acababa de perder por un solo voto -y porque varios diputados, entre ellos Felipe González, no acudieron al hemiciclo- una votación en el Congreso para ampliar los supuestos de despenalización del aborto. Los socialistas volvieron al poder en 2004 y las palabras de Rubiales cayeron en saco roto. No ha habido modificación de la ley a pesar de que fue una de las promesas electorales del partido ("reformaremos la legislación sobre el derecho la interrupción voluntaria del embarazo para adoptar un sistema de plazos" decía la página 100 de su programa). Tampoco se hará aunque Zapatero renueve su mandato en 2008. En un giro al centro, los socialistas han decidido sacar los temas más controvertidos -como el aborto o la eutanasia- de su programa.

Mientras tanto, estos días las clínicas de interrupción de embarazos han inundado las primeras páginas de los periódicos. En Barcelona, un médico está en prisión preventiva junto con dos de sus estrechos colaboradores. Se les acusa de delito de aborto, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental. Los investigadores de la Guardia Civil aseguran que practicaban abortos ilegales a mujeres en avanzado estado de gestación. En Madrid, dos clínicas han sido suspendidas por supuestas irregularidades y algunas trabajadoras de los centros han sufrido agresiones en la calle y amenazas de muerte. El caso de Barcelona está bajo investigación judicial, por lo que habrá que esperar para ver si se vulneraba la ley. En la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, las clínicas hablan de una auténtica "caza de brujas". Una representación de casi centenar de clínicas que existen en España mantendrán hoy una reunión para debatir su situación.

En la opinión pública está empezando a cobrar fuerza la idea de que las clínicas no cumplen la ley y que los abortos de fetos de seis y siete meses se llevan a cabo cada día. Los datos del Ministerio de Sanidad indican lo contrario: el 88% de las interrupciones se producen durante los tres primeros meses de gestación y sólo el 2% son de embarazos de más de 21 semanas. Pero hay otras cuestiones que no están claras. ¿Qué ocurre en España 22 años después de la despenalización del aborto? ¿Esta antigua ley, dictada en los primeros años de democracia, sigue sirviendo para regular la situación o ha quedado obsoleta? Aunque el PSOE ha renunciado a reformarla, el propio ministro de Justicia afirmó el miércoles en el Congreso que no podía "estar más de acuerdo" en que era necesario modificar la ley. Pero Mariano Fernández Bermejo matizó de inmediato sus palabras. Dijo que, para cambiar la norma debía haber consenso entre los grupos parlamentarios. Dado que el PP está explícitamente en contra de cualquier ampliación de los supuestos de aborto, hablar de "consenso" equivale a admitir que no se va a hacer nada.

En España el aborto es un delito salvo en tres supuestos: violación denunciada, "graves taras físicas o psíquicas del feto" -previo dictamen de dos especialistas- y "grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre" - con el informe de un médico-. Los facultativos que emiten los dictámenes deben ser distintos al que practica el aborto. En la violación y la malformación fetal hay plazos: 12 semanas para el primer supuesto y 22 para el segundo. No hay limitación temporal, sin embargo, para la indicación de grave riesgo para la salud física o psíquica.

La cuestión de los plazos está provocando algunas situaciones absurdas. Las malformaciones fetales no siempre se detectan en las primeras 22 semanas de gestación, así que, si a una embarazada le descubren con seis meses que el feto tiene una grave dolencia cardiaca que le provocará la muerte, no puede abortar. El Estado le obliga a llevar a término un embarazo traumático en el que la mujer sabe, con absoluta seguridad, que el recién nacido morirá. ¿Qué ocurre en la práctica? Que los médicos aplican la indicación del grave peligro para la salud psíquica de la gestante para poder llevar a cabo el aborto. Es uno de los agujeros de la ley. Estas situaciones se dan. Las ecografías no son infalibles y a veces los médicos tardan en percibir las anomalías.

Pero el aspecto más polémico de la ley es, sin duda, la indicación del "grave peligro para la salud física o psíquica" de la madre, la que más abortos ampara (el 96,6% según los datos de 2005, el último con cifras oficiales). ¿Cuándo se entiende que hay "grave riesgo"? Caben todas las interpretaciones. Esto provoca inseguridad tanto en las mujeres que abortan como en los médicos que hacen la intervención. ¿Es necesario que el embarazo provoque un trastorno mental muy grave para que sea lícita su interrupción o basta con que genere desasosiego vital? Ni siquiera los tribunales se ponen de acuerdo, y hay decisiones en distintos sentidos. Un dato que prueba esta ambigüedad: en Portugal existía la misma indicación, pero no se practicaban abortos. Muchas portuguesas a quienes en su país no apreciaban "grave peligro para la salud psíquica" acudían a España a abortar, donde sí entraban dentro del supuesto. Portugal aplicó durante años de forma extremadamente rígida su legislación sobre el aborto y los médicos se negaban a practicarlo. Este año la situación ha cambiado. Como en la mayoría de los países europeos, Portugal tiene ya una ley de plazos.

"Las mujeres y los médicos tienen que saber a qué atenerse", opina Justa Montero, de la Asamblea Feminista. "No puede ser que tengan miedo porque la ley no es clara y porque en cualquier momento pueden quedar indefensos ante ofensivas como las que en estos días están llevando a cabo los sectores contrarios al aborto". Montero habla también de la criminalización de las clínicas: "Lo que está ocurriendo es el colmo de la hipocresía. Estos centros son los únicos que permiten que en España las mujeres puedan ejercer este derecho. Si los poderes públicos realmente están tan preocupados por la salud de las mujeres, deberían garantizar este derecho en los hospitales públicos en lugar de lavarse las manos y dejar que sean otros los que hagan el trabajo que ellos no quieren hacer".

Este es otro de los problemas. La sanidad pública no realiza en sus centros ni el 3% de los abortos a pesar de que es uno de los servicios incluidos en la cartera de prestaciones. En seis comunidades los hospitales públicos no los practican, sea cual sea la indicación que alega la mujer. La justificación es una supuesta objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no se ve amparada por cifras. No existe ningún registro de objetores y numerosos ginecólogos han manifestado que no tendrían ningún problema en interrumpir embarazos.

La ambigüedad de la ley y la posibilidad de interpretar de muy diversas formas el supuesto del "grave peligro para la salud física o psíquica de la madre" suponen también un obstáculo para que los médicos en la sanidad pública se hagan cargo de los abortos. Si todas las clínicas privadas decidieran dejar de practicar abortos, como amenazaron la semana pasada por el "trato mediático recibido", "el silencio de los políticos" y "la presión de los grupos católicos", según explicó el portavoz de una asociación, el Estado se encontraría con un grave problema.

Para las clínicas no siempre es fácil hacer su trabajo. El aborto sigue siendo tabú 22 años después de su despenalización en España. Pintadas que simulan sangre a las puertas de las clínicas, grupos religiosos rezando fuera del local, manifestaciones e incluso agresiones verbales o físicas a trabajadores. Muchos centros reciben cada semana a sus puertas a gente que intenta convencer a las mujeres de que no entren. "Una vez tuvimos a un grupo que formó una cruz con velas y se tiró el día entero rezando a las puertas de la clínica", explica Luisa Torres, portavoz de Dator, en Madrid, uno de los centros más antiguos de España. Esto les llevó a instalar una puerta alternativa para sacar a las mujeres cuando el ambiente fuera es hostil.

Son muchas las voces que piden una modificación de la legislación. "Es fundamental que se cambie por una ley de plazos, la que hay en la mayoría de los países europeos. Lo ideal sería hasta las 12 semanas. Y a partir de ahí, una ley de indicaciones como la que tenemos ahora", sostiene Eva Rodríguez Armario, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). A esta entidad pertenecen 31 clínicas en toda España, 22 de las cuales sólo pueden practicar abortos dentro del primer trimestre de embarazo.

"No hay que temer dar libertad a las mujeres en el control de la maternidad si eso se acompaña de una actuación completa en materia de educación y acceso real a la anticoncepción. Así podríamos avanzar hacia situaciones como la de Holanda, que aunque tiene la ley menos restrictiva de Europa, tiene el número más bajo de abortos voluntarios", asegura Rodríguez.

Las clínicas denuncian una persecución organizada. Sobre todo las que están en comunidades gobernadas por el PP, Madrid por caso. "Hemos detectado un aumento muy significativo de las inspecciones este año", asegura una portavoz de ACAI. Y especialmente en Madrid. "Hemos tenido cinco este año mientras que el pasado sólo fueron dos", asegura una portavoz de la clínica Dator de Madrid. En ninguna se encontraron irregularidades. Lo mismo ha ocurrido en la clínica Isadora.

"Las clínicas se están convirtiendo en el chivo expiatorio de una batalla política para hacerse con el electorado perdido de la derecha más conservadora. Una batalla que está reavivando y alentando los intereses de los grupos contrarios a la consecución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", aseguró el viernes ACAI en un comunicado, con motivo de la suspensión de la actividad de interrupciones voluntarias del embarazo en la clínica Mayrit. "La divulgación de datos no demostrados, de filtraciones interesadas, o la utilización de medios ilícitos que atentan contra la intimidad de las personas para avalar posturas ideológicas contrarias al aborto, no sólo desprestigian la labor de los profesionales que desde hace más de veinte años cubren la demanda voluntaria y libre de miles de mujeres sino que además vuelven a cuestionar la conquista de un derecho sexual y reproductivo básico, reconocido internacionalmente, retrotrayéndonos a situaciones vividas veinte años atrás".

En la clínica Mayrit se dice lo mismo. La comunidad de Madrid asegura que la actividad de la clínica "supone un riesgo inminente y grave para la salud de las personas", después de que en una inspección se hallaran informes clínicos firmados en blanco por un psiquiatra y 15 historias de abortos supuestamente irregulares. "Se ha hablado de historias clínicas con un cartel que pone destruir, pero no es así. Eran historias clínicas de mujeres que no abortaron y que, por la Ley de Protección de Datos, tenemos obligación de destruir", asegura Diego Cazzaniga, portavoz de la clínica madrileña.

La reforma de la actual ley del aborto parece imprescindible, como ha reconocido el propio ministro de Justicia. Las asociaciones de mujeres piden una norma más precisa que proteja los derechos de las pacientes y de los médicos y que permita que las intervenciones empiecen a realizarse de forma habitual en la sanidad pública. Muchos colectivos piden también una ley de educación sexual que frene el incesante aumento del número de abortos. Ley que prometió el PSOE cuando estaba en la oposición y que también ha olvidado.