La rebelión de los abogados
Una vez reelegido, Pervez Musharraf decidió deshacerse de todo el Supremo
Los abogados han sido en Pakistán lo que los monjes budistas en Birmania (Myanmar), el desencadenante de una rebelión contra una dictadura. Los monjes birmanos vivían de la caridad del pueblo. Los abogados, de leyes a respetar, en democracia. Ante el choque entre el presidente Pervez Musharraf y el Tribunal Supremo, se pusieron en su mayoría de parte de éste. Claro que para que esta rebelión cuajase hacía falta que le siguieran las masas, lo que ya ha ocurrido, estudiantes incluidos.
Ahora nadie negará que Musharraf, que dio su primer golpe en 1999 (y fue brillantemente recibido en visita oficial en España en abril pasado), es un dictador, y nada blando. Hay una manía de los dictadores de querer dar la apariencia de tener el derecho de su parte. Pero acaban teniendo que quitarse la careta, e imponer leyes arbitrarias. Ante el riesgo de que el Supremo dictaminara en contra de su reelección por el Parlamento como jefe del Estado, Musharraf puso en marzo bajo arresto domiciliario al presidente de la alta corte, Iftijar Mohamed Chaudhry, tras recriminarle y humillarle ante otros generales en un cuartel. Fue entonces cuando empezó el amotinamiento de los abogados, que redobló después de la imposición del estado de excepción el pasado 3 de noviembre. Desde el 9 de marzo varios miles de ellos han estado saliendo a la calle para exigir la reinstauración de Chaudhry, y lo lograron temporalmente.
Como escribe Ali Kahn, paquistaní, profesor de Derecho de la Universidad de Washburn (EE UU), "el fracaso del Parlamento para mediar en la crisis forzó a abogados en todo el país a amotinarse contra lo que llaman el usurpador del barco y se juntaron por encima de sus diferencias partidistas e ideológicas, preludio a lo que luego pasaría con un gran sector de la población, en una unidad profesional sin precedentes para restablecer el Estado de derecho".
Una vez reelegido -sin haber renunciado (ahora lo vuelve a anunciar para pronto) a su condición de jefe del Ejército, que es su verdadera fuente de poder-, decidió deshacerse de todo el Supremo unos días antes de que éste pudiese anular tal elección. La justificación para el estado de excepción fue, naturalmente, la lucha contra el terrorismo. El usurpador debe considerar que sus enemigos son los jueces, el Supremo y los abogados. No los yihadistas o los grupos protalibanes que estos días han capturado cuatro ciudades en el norte del país. Con su golpe de mano, Musharraf ha puesto bajo arresto domiciliario a todos los jueces del Supremo que está renovando a su gusto. Otros decretos permiten juzgar a civiles ante tribunales militares bajo la simple acusación de "hacer declaraciones que generan algún mal público", lo que se presta a cualquier interpretación. Cientos de abogados y miles de ciudadanos moderados han sido detenidos, no los islamistas radicales. Incluso algunos terroristas que participaron en atentados suicidas han quedado en libertad.
Musharraf debía confiar en EE UU y en el apoyo del Ejército, que es el poder vertebrador de un país sumamente complejo y fragmentado y con arma nuclear, que fácilmente podría caer en una guerra civil. Benazir Bhutto, que regresó tras haber pactado con Musharraf una infame división del trabajo -ella se encargaría de la política, él de la unidad y de las fuerzas armadas aunque ya no como jefe-, ha roto con el dictador. Nawaz Sharif, otro ex primer ministro, clave con vistas al futuro, sigue exiliado en Arabia Saudí, pero su gente está activa. Incluso en Washington, que consideró a Musharraf pieza clave en la estrategia de la guerra contra el terror de Bush, puede estar preparando su sustitución, fijándose en los generales en ascenso como Kayanbi, Majid, o Taj, el nuevo jefe del poderoso servicio secreto ISI. Desde luego no podría haber elecciones libres en enero sin haber levantado con antelación suficiente el estado de excepción.
Esta vez no sólo se ha cortado la libertad de expresión y de prensa, sino que también se han silenciado los medios electrónicos. Cuando el 6 de noviembre el juez Chaudhry estaba lanzando a través del móvil desde su domicilio en Islamabad un discurso incitando a la rebelión de los ciudadanos, todos los móviles en la ciudad dejaron de funcionar, una nueva lección que habrán aprendido otros golpistas en ciernes en el mundo. Pero también habrán visto que estos abogados no sólo se mueven por las minutas, sino también por el Estado de derecho, del derecho justo no del de Musharraf, ni del general que le pueda sustituir en el poder de hecho. aortega@elpais.es
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