Dos juzgados piden sendos estudios sobre si el lindane afectó a la salud

El Gobierno dio por cerrado en 2002 el problema del lindane (82.000 toneladas de residuos de este pesticida dispersas en 35 focos, fundamentalmente en Vizcaya, y medio millón de metros cúbicos de tierras contaminadas), pero su gestión sigue siendo investigada por los tribunales. Dos juzgados de Barakaldo han pedido sendos informes que certifiquen si un almacén que guardó 3.500 grandes sacos con lindane en Sestao pudo suponer un riesgo para la salud humana y si la planta construida por el Ejecutivo para eliminar el lindane puro en Barakaldo afectó a la población.

Los dos casos vienen de denuncias planteadas en 2001 por la asociación ecologista Lur Maitea. La planta de eliminación del lindane puro fue una de las tres grandes infraestructuras -junto a los depósitos que enterraron el residuo en el vertedero de Argalario (Barakaldo) y junto a la pista principal del aeropuerto de Bilbao- acometidas por el Departamento de Medio Ambiente para acabar con esta herencia tóxica. En esa planta, se neutralizaron cerca de 4.000 toneladas del pesticida que se encontraba sin mezclar. Concluida esta labor, se demolió la instalación y sus residuos se trasladaron al depósito de Barakaldo. Lur Maitea afirma que hubo un almacenamiento "ilegal" de residuos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo ha dictado una providencia, fechada el pasado 19 de julio, en la que pide un estudio epidemiológico para evaluar la incidencia en la población más cercana a la planta, tras apreciar "indicios racionales de criminalidad" por un delito contra el medio ambiente. El juez quiere ampliar los datos ofrecidos en marzo de 2006 por el Instituto Nacional de Toxicología, que concluía que el depósito de residuos tóxicos en aquella instalación, "sin medidas" que eliminaran posibles efectos, "pudo suponer un grave o hipotético peligro para la salud de las personas, el medio ambiente o la vida animal". Agregaba que la proximidad del Hospital de Cruces "es un factor más a considerar por ser los enfermos, niños y ancianos más sensibles a los efectos tóxicos".

Censuras a Ihobe

La Audiencia de Vizcaya también ha estimado que hubo deficiencias en la gestión de la planta. En un auto del pasado abril, en el que rechazaba el archivo del caso, señaló que la sociedad pública ambiental Ihobe -que gestionó toda la cuestión del lindane- carecía de licencia de gestor para varias de las actividades que realizó, como el almacenamiento de los residuos procedentes de las obras del centro comercial Max Center. Ante ello, pedía al juzgado que investigue si Ihobe "ha infringido la legislación protectora del medio ambiente".

En el caso del almacén de lindane de la empresa Babcock en Sestao, instruido por el Juzgado número 1 de Barakaldo, la magistrada ha pedido a un experto un informe sobre los riesgos para la salud humana de dicho depósito. En una providencia, dictada el pasado día 5, encarga el estudio a Nicolás Olea, catedrático de Radiología de la Universidad de Granada y especialista en residuos peligrosos. En estas diligencias, el próximo día 21 han sido citadas a declarar como imputados cuatro de los presidentes de Babcock entre 1995 y 2000 y el alto cargo de Medio Ambiente Tomás Epalza.