3.100 millones de traca final

El pasado 6 de julio, con motivo de los cambios de Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció su propósito de un último esfuerzo para relanzar nuevas medidas de contenido social. Desde entonces, la cascada de anuncios de distintos ministerios se ha llevado por delante un buen mordisco del presupuesto: 3.155 millones de euros.

La última guinda la puso ayer Zapatero junto a su nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, al anunciar medidas -ya vigentes en parte- para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a los jóvenes con ingresos menores a 24.000 euros.

Zapatero situó las reformas sociales como prioridad para la recta final de la legislatura. Los estrategas del Gobierno han dispuesto un paquete de medidas que pretenden tener un impacto social de efecto inmediato. Se trata de dinero efectivo para las familias.

Tres días antes de su cambio de Gobierno, Zapatero adelantó sus intenciones en el debate sobre el estado de la nación al comprometerse a pagar 2.500 euros por cada recién nacido para fomentar la natalidad.

La tramitación de esta medida está pendiente de la negociación que el Grupo Socialista mantiene con los grupos parlamentarios en el Congreso. La pretensión inicial del Gobierno era que entrase en vigor, con carácter retroactivo, desde su anuncio, el pasado tres de julio.

Hace dos semanas, otro de los nuevos ministros se descolgó con un nuevo regalo a los contribuyentes. Bernat Soria aseguró que el ministerio de Sanidad pondría en marcha un plan para prestar asistencia bucodental gratuita a los menores de entre 7 y 15 años. La medida esté pendiente de aprobación definitiva en el Consejo Interterritorial de Salud, que agrupa al Gobierno central con los ejecutivos de las comunidades autónomas.

Tercera medida social

La tercera medida social, precisada ayer, era la más anunciada y jaleada por Zapatero. El Gobierno pretende lanzar el mensaje de que está dispuesto a comprometer más dinero para facilitar el acceso a la vivienda a un sector de la población, que cifra en un millón de personas. Con su plan, cuya medida principal de ayuda directa al alquiler está vigente desde 2004, pretende fomentar la cultura de alquiler en detrimento de la de propiedad, tan instalada en España, y alejada de los parámetros de nuestro entorno.

Esta medida, que se tramitará mediante un proyecto de ley y será la última de la legislatura irá al Consejo de Ministros del próximo viernes.

El fomento de la vivienda de alquiler tiene consecuencias económicas, como destaca la Vicepresidencia económica: equilibrio del mercado con la vivienda de propiedad; aumenta la confianza de los propietarios y apoya a la iniciativa empresarial en el sector de la construcción.

En el terreno social, el Ejecutivo, con el fomento de la vivienda de alquiler, trata de facilitar la emancipación y la movilidad juvenil. El Ejecutivo sitúa estas medidas sociales dentro de un paquete más global dedicado a "la España joven que trabaja", según fuentes gubernamentales, que recoge desde medidas de apoyo a la familia, al acceso a la vivienda y las medidas de fomento del empleo estable, con el aumento de los contratos indefinidos, un 19,34% en lo que va de legislatura.

Con esta batería de medidas, el Gobierno pretende centrar el debate político en las reformas sociales, excesivamente escorado esta legislatura en el debate territorial y el terrorismo. "La auténtica identidad de esta legislatura son las reformas sociales", señalaban dirigentes gubernamentales.

El Ejecutivo cree que, al dar a conocer estas medidas, suscita el debate de toda la política social que ha marcado la legislatura con normas de mucho calado social como la Ley de Dependencia. Del mismo modo que está haciendo con los éxitos de la política económica.

Así, el pasado miércoles, en la sesión de control del Congreso, cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, lanzó, por vez primera, el debate sobre la economía y reprochó al presidente del Gobierno que había terminado con la "herencia económica de los gobiernos del PP", Zapatero pudo mostrar con cifras macroeconómicas, cómo "la herencia había sido superada y mejorada con creces".

Estas medidas sociales, particularmente las vinculadas a la vivienda tienen, también, una vertiente electoral: estimular el voto joven.

Zapatero está cuidando, también, el frente catalán tras los problemas que sufre esta comunidad en el funcionamiento de algunos de los principales servicios públicos. En menos de dos semanas ha tomado dos medidas relevantes. Por un lado, el aumento de un 24% de la inversión en infraestructuras para Cataluña -846 millones de euros más respecto a lo aprobado-, acordada entre los gobiernos central, con el vicepresidente, Pedro Solbes, a la cabeza, y el autonómico, que se precisará en los Presupuestos Generales del Estado para 2008.

Con esta medida, el Gobierno cumple lo acordado en el Estatuto de Cataluña, aunque con una aplicación metodológica más generosa para la Generalitat que la ejecutada el pasado año.

La ofensiva del Gobierno central para paliar el déficit de infraestructuras de Cataluña se completará con la llegada del AVE a Barcelona, que el Ejecutivo pretende cumplir para el 21 de diciembre, y con el traspaso de los trenes de cercanías para primeros de enero. Con este paquete de medidas pretende estimular el voto en uno de los graneros socialistas, dónde las encuestas vaticinan una alta abstención.