No en suelo navarro

"No le hagas esto a Ferminico. No quiere morir". Ferminico era un "niño" navarro imaginario que vivía feliz en el vientre de su madre hasta que ésta pensó en interrumpir su embarazo. Era 1985: la ley que despenalizaba el aborto en España estaba comenzando a aplicarse y los grupos provida de la comunidad foral recorrían las escuelas y las calles con los folletos de Ferminico mientras mostraban fotos de fetos y bebés ensangrentados. Veintidós años después, en Navarra siguen sin practicarse abortos. Ni en la sanidad pública ni en la privada. El gobierno foral, en manos desde 1991 de la conservadora Unión del Pueblo Navarro, asegura que los médicos son objetores de conciencia. Hay ginecólogos, sin embargo, que manifiestan públicamente que no lo son.

El juicio contra tres doctores en 1990 provocó un trauma social que aún perdura

El Gobierno foral afirma que todos los médicos objetan, pero algunos ginecólogos lo niegan

Esta comunidad, bastión del Opus Dei, es la única en la que las mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros, hasta Zaragoza o Madrid, para poder abortar. El Partido Socialista Navarro (PSN) ha presentado recientemente en el Parlamento una moción -que en principio será apoyada por los demás grupos de la oposición, Izquierda Unida y Nafarroa Bai- instando al Ejecutivo a averiguar cuántos médicos son objetores y a permitir que se aborte en los hospitales públicos. La respuesta del presidente, Miguel Sanz, no se ha hecho esperar: van a hacer caso omiso y sólo pondrán en marcha medidas de apoyo a la familia.

La consejera de Salud, María Kutz, repite con insistencia dos ideas: la primera, que "la ley se cumple", aunque sea enviando a las mujeres fuera de Navarra; y la segunda, que ante todo respetan "el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario". Cuando se le pregunta por qué no se monta un servicio con los médicos que se sabe que no son objetores, repite que la ley se respeta y que no hace falta cambiar la política seguida hasta ahora. Y asegura que hacer un registro de objetores "vulneraría el derecho a la intimidad" de los doctores. Gabriel Delgado, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, señala, sin embargo, que no tendrían problema con un registro que cumpla la Ley de Protección de Datos.

Hay otras comunidades en las que la práctica de abortos se ha derivado también hacia clínicas privadas. Pero éstas no existen en suelo navarro a pesar de que hay demanda: cada año interrumpen voluntariamente su embarazo más de 600 navarras (y el servicio público de salud financia aproximadamente el 10%). ¿Qué ocurre en esta comunidad? Influyen al menos tres factores: la presencia del Opus Dei, un gobierno conservador y el trauma derivado del proceso judicial y mediático seguido contra los únicos tres médicos que se han atrevido a practicar abortos.

El Opus Dei tiene una amplia presencia en la región, especialmente en el campo sanitario. Son suyas la prestigiosa Universidad de Navarra -fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1952-, con 15.000 alumnos y la única Facultad de Medicina de la comunidad foral, la Clínica Universitaria, reconocida con el premio a la Excelencia en Calidad de Hospitales 2007, y el Centro de Investigación Médica Aplicada. Se ha creado un poder fáctico a través de la excelencia académica y sanitaria.

"La derecha aquí es ultraconservadora y tiene mucho poder", opina Elena Lacabe, de la Comisión por la Defensa del Aborto en Nafarroa. "Y esto tiene consecuencias en la cuestión del aborto". Otra de las integrantes de la comisión, Ohiana López, habla de "esquizofrenia social". "Junto a este poder religioso" explica, "hay un movimiento social muy fuerte que, entre otras cosas, reivindica los derechos de las mujeres". No es la única que habla de mundos separados en lo social, político y cultural-lingüístico. "Las escuelas concertadas, por ejemplo, son religiosas o ikastolas", señala un miembro de la Comisión anti-sida. "La sociedad está polarizada, pero gobierna la derecha desde hace tiempo y son ellos los que deciden".

Así las cosas, en 1985 empezó a aplicarse la ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: grave riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones fetales y violación. Tres ginecólogos del hospital público Virgen del Camino, en Pamplona, empezaron a poner en práctica la ley. De inmediato, uno de los casos se filtró al Diario de Navarra -accionista de la Cope- y las reacciones no se hicieron esperar: les amenazaban, llamaban a sus casas... fueron sometidos a un intenso y constante acoso. Pamplona se llenó de pasquines contra el aborto y los médicos que lo practicaban.

Acción Familiar, una asociación que se define como "defensora del matrimonio y la familia" y próxima al Opus Dei, presentó una querella. Los tres médicos fueron procesados y el juicio se celebró en 1990. En esos días, se enfrentaban a diario en la ciudad cientos de manifestantes pro y antiaborto entre pancartas, insultos, abucheos y cargas policiales.

Fueron absueltos, pero el trauma personal y social aún perdura. "Yo no tendría problema en practicar abortos", señala ahora Pablo Sánchez Valverde, uno de los enjuiciados. "Pero no en la situación de desamparo judicial y social que vivimos entonces. El tema del aborto está superado por la sociedad navarra, pero algunos grupos de talibanes lo impiden y no hay voluntad política de solucionarlo". Sánchez asegura que algunos médicos han enviado una carta a la consejera Kutz para indicar que no son objetores. La consejera dice no tener constancia de este hecho.

María Cruz Landa, otra de las ginecólogas juzgadas, coincide en que ella sólo volvería a practicar abortos con "medios adecuados garantizados por la Administración". Y señala que, más allá del tema navarro, hay un problema general en toda España que exigiría una modificación legal. Sólo el 3% de los más de 90.000 abortos anuales se practican en la sanidad pública y la mayoría bordean la ley acogiéndose al supuesto de grave riesgo para la salud psíquica de la madre. De facto, el aborto es libre, siempre que se encuentre al psiquiatra adecuado, previo pago.

En octubre se debatirá el aborto en el Parlamento foral. Izquierda Unida también ha presentado una moción, en la que además pide una ley de plazos. Un portavoz de Acción Familiar, la asociación que se querelló contra los tres médicos hace 20 años, dice que están muy disgustados: "Uno en su casa no quiere transgresiones de la moral. Si tiene que hacerse, que sea fuera de nuestro suelo". Una idea similar a la que parece sostener el presidente Sanz.