El senador Víctor Bravo dimite tras procesar la juez a cuatro personas por el caso de Irún

El senador del PNV Víctor Bravo presentó ayer la renuncia a su cargo ante la dirección del partido como consecuencia de su implicación en el fraude cometido por cuatro personas en la oficina de la Hacienda foral de Irún. La dimisión se produjo pocas horas después de que se conociera que la juez que lleva el caso ha imputado a los integrantes de la trama, entre ellos su hermano José María Bravo, por cuatro delitos: estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales, al recaudar deudas tributarias de contribuyentes que luego no ingresaron en las cuentas de Hacienda.

El senador afirmó en un comunicado remitido a primera hora de la noche por el PNV que con su renuncia asume la "responsabilidad política" que le corresponde por haber sido director general de Hacienda de la Diputación de Guipúzcoa entre 1991 y 2003, periodo en el que se produjeron los hechos delictivos que la Fiscalía elevó al Juzgado de Instrucción número dos de Irún. No obstante, Bravo afirma estar "convencido" de su inocencia y asegura que con esta decisión podrá defender "con mayor libertad mi honorabilidad".

Tras haberse resistido a plantearse la dimisión, el senador puso la pasada semana su cargo a disposición de la dirección del partido. Fuentes del PNV señalaron que depositó en la secretaría del EBB una carta de renuncia firmada, que ayer el partido decidió hacer efectiva, al conocerse el auto de imputación dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún.

La juez Almudena Ovejero, en una resolución fechada el pasado viernes, acuerda iniciar el procesamiento penal contra cinco personas supuestamente implicadas en el caso de la Hacienda de Irún. Los inculpados eran los cuatro denunciados por la Fiscalía y Mariano Bravo, un abogado donostiarra que no tiene lazos de parentesco con el senador ni con su hermano José María, el ex responsable de la Hacienda de Irún y considerado el cerebro de la "trama".

Sin embargo, tras la protesta presentada por Mariano Brevo, la juez dictó a mediodía un nuevo auto que rectificaba el anterior y levantaba la imputación contra el abogado, que fue llamado a declarar por el fiscal jefe de la Audiencia de Guipúzcoa en calidad de inculpado dentro de sus investugaciones. Sin ambargo, no fue incluido al final entre los participantes en la trama que presuntamente estafó importantes sumas de dinero en la delegación de la Hacienda foral en Irún.

De este modo, los imputados en estos hechos son las cuatro personas que el fiscal incluyó en la denuncia presentada el 30 de abril. Como máximo responsable de la red figura el ex director de la oficina tributaria de Irún, José María Bravo. También estan acusados su esposa, Rosa Cobos Crespo; la amiga de éstos y funcionaria de Hacienda, Pilar Gracenea, y Pedro María Atristain Gabilondo. Estas dos últimas personas mantienen vínculos con José María Bravo en sendas sociedades.

La juez ha fijado la fecha del 26 de junio para tomar declaración a los imputados. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, estas personas constituyeron una red que operó desde 1995 hasta, como mínimo, abril de 2004, con la finalidad de enriquecerse de forma ilícita. Están acusados de valerse de "acceso directo a información tributaria" para reclamar pagos de deudas a contribuyentes, a quienes cobraban cantidades de dinero que nunca fueron ingresadas posteriormente en la Hacienda foral.

A continuación, los acusados declaraban extinguida toda la deuda tributaria, bien por insolvencia o porque había prescrito el expediente. El fiscal, que ha condensado en 743 folios las investigaciones practicadas durante ocho meses, cifró en al menos tres millones de euros el montante defraudado al erario público, del que la trama se habría apropiado más de un millón. La juez considera ahora que estas conductas revisten, "sin prejuicio de ulterior calificación", el carácter de delitos de "estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales".

El auto judicial también incluye a 23 personas y empresas como "víctimas" de la presunta estafa. Son los contribuyentes deudores que hicieron pagos "en la confianza de que sus aportaciones iban a ser ingresadas en la Hacienda foral", según el escrito del fiscal. Uno de los expedientes investigados por la Fiscalía corresponde a Maite Moneo, esposa de Luis María Bandrés, miembro de la Ejecutiva guipuzcoana del PNV y ex diputado foral entre 1995 y 2003. Al parecer, Maite Moneo saldó deudas por un total de 600.000 euros por impagos del IVA y del Impuesto de Sociedades de una empresa entregando 108.000 euros a esta red.