El Consejo Nuclear triplicará el importe de las multas a las centrales

El Consejo de Seguridad Nuclear ha remitido al Ministerio de Industria una propuesta para elevar sustancialmente las multas a las centrales nucleares y ampliar los casos de sancionables. La propuesta saldrá adelante con el apoyo de Industria, ya que el PSOE la ha incorporado como enmienda a la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, que actualmente tramita el Congreso. La multa máxima pasará de tres a 10 millones para los casos más graves. IU-ICV, autor de la proposición de ley, intenta negociar que las multas puedan ser proporcionales al beneficio de las nucleares. La ley también obliga a los trabajadores de las nucleares a denunciar los fallos que observen.

Tras dos años de retrasos en el Congreso, la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que data de 1980, encara su recta final. El propio Consejo remitió al Ministerio de Industria su propuesta para algunas modificaciones, entre las que está endurecer el régimen sancionador a las centrales nucleares. El PSOE ha incorporado la propuesta, por lo que previsiblemente saldrá adelante.

El CSN quiere endurecer el cuadro sancionador, vigente desde 1997. Si entonces la máxima sanción era de tres millones de euros, ahora se eleva hasta los 10 millones (la propuesta inicial del Consejo era de siete millones). El CSN quiere endurecer las sanciones, ya que los grandes beneficios de las nucleares hacen que les sea más rentable saltarse la ley que invertir para cumplirla.

El ejemplo es el de la central de Vandellòs II, propiedad de Endesa e Iberdrola, que ocultó durante 13 años la corrosión de una tubería que acabó por romperse en agosto de 2005. El Congreso lo calificó como el suceso más grave desde el incendio de Vandellòs I, en 1989. Pese a ello, y a que el Consejo propuso la sanción máxima, la central sólo recibió una multa de 1,6 millones. Una nuclear gana al día más de 600.000 euros, según fuentes del sector. La sanción de hecho en el caso de Vandellòs fue estar parada durante seis meses por las inspecciones del Consejo, algo que sí supuso un agujero para sus dueños pero también para España, porque contribuyó notablemente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero ese año y a elevar el precio de la electricidad.

21 supuestos

El capítulo de faltas muy graves también se amplía. Pasa de nueve supuestos a 21. Ahora se considera sanción muy grave enviar información "falsa o deliberadamente incompleta" u obstaculizar el trabajo de los inspectores del consejo. Algunos de estos puntos no estaban catalogados y las centrales lo aprovechaban. Las multas serán más bajas para las instalaciones radiactivas como las de los hospitales.

El diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds Joan Herrera, autor de la proposición de ley, valora el aumento en las sanciones, pero matiza. "Tenemos que introducir un sistema que permita multar en función del dinero que ganan las nucleares, porque si hay una cantidad máxima rígida, siempre pueden tener la tentación de incumplir la norma". En el mismo sentido se manifestó Carlos Bravo, de la organización ecologista Greenpeace. Fuentes del PSOE aseguran que es muy difícil introducir el criterio de beneficios porque se presta a subjetividad. La mayoría de las enmiendas del PP son de supresión de artículos enteros.

El segundo punto más novedoso de la norma es que obliga a los trabajadores a denunciar "cualquier hecho conocido que afecte o pueda afectar al funcionamiento" o a la seguridad de la planta. En primera instancia, los empleados deberán comunicarlo a la central y si esta no hace nada, al CSN. Las empresas no podrán despedir a los empleados que denuncien los fallos. La norma afecta también a las empresas contratadas y la intención de Herrera es que se introduzca una sanción en caso de que los trabajadores no denuncien. Los diputados prevén que el Congreso apruebe la ley en marzo y que pase entonces al Senado.

La figura del chivato ya aparecía en el real decreto de reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas que el Consejo propuso en diciembre de 2005. La norma está paralizada para acompasar su aprobación a la de la Ley del Consejo para que no haya discrepancias, según fuentes del PSOE.

La ley crea también un consejo asesor en el que estarán expertos y representantes de las comunidades con centrales, obliga a hacer públicos los documentos del CSN y elimina de la exposición de motivos la promoción de la energía nuclear.