"¡Nacionalícese!"

El presidente Hugo Chávez, que aspira a gobernar de por vida, ha anunciado que de ahora en adelante su régimen se llamará 'República Socialista de Venezuela' y que "todo lo que fue privatizado" en los años noventa, incluidas las telecomunicaciones, las industrias de electricidad, el gas y las refinerías de petróleo, será "nacionalizado".

Cuanto mayor es el número de propietarios, menor es el apoyo y mayor la resistencia a las propuestas de expropiación estatal. Pero, a la inversa, cuanto mayor es el nivel de concentración de la propiedad, como debe ser el caso de Venezuela, menor es la resistencia potencial a la expropiación, aunque ésta implique aún mayor concentración -en manos de los gobernantes estatales-.

Ante la resurrección de la fraseología socialista, aunque llegue ahora mezclada con reverencias a Jesucristo, puede ser oportuno recordar que Karl Marx presumía que el socialismo, es decir, la supresión de la propiedad privada, no sería una tarea muy difícil, ya que el proceso real de concentración de la propiedad en unos pocos capitalistas ya había abolido la propiedad para una amplísima mayoría. La expropiación por el Estado sería la culminación "natural" de un proceso ya en marcha -la "expropiación de los expropiadores" (1848)-. Una temprana discusión entre socialistas alemanes ilumina el tema. Edward Bernstein (1899) observó que, aunque había una creciente concentración de la propiedad en los sectores industrial, comercial y agrario, había también una difusión paralela de las pequeñas y medianas empresas por toda Europa occidental y América del Norte, en contra de lo previsto por el análisis marxiano. El líder de la Internacional Socialista de la época, Kart Kautsky, reconoció que el proyecto socialista se basaba en el supuesto de una concentración creciente de la propiedad como consecuencia del desarrollo capitalista. Si, por el contrario, argumentaba Kautsky, "el número de propietarios aumentara, si los contrastes sociales disminuyeran, si los proletarios tuvieran oportunidades crecientes de convertirse en autónomos, o al menos de conseguir una situación satisfactoria, entonces ¿para qué querríamos el socialismo? Si yo pensara que la evolución capitalista es como piensa Bernstein que es, confieso francamente que consideraría el socialismo un gran error" (1908).

A pesar de esta primordial advertencia, en los decenios siguientes, como es bien sabido, muchos medios de producción fueron estatalizados por partidos comunistas por medios revolucionarios, especialmente en Rusia y en China, así como por partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas a través de victorias electorales democráticas, especialmente en Gran Bretaña y Francia (con la mayor excepción de Estados Unidos). Las empresas de propiedad estatal obtuvieron una gran importancia en la mayor parte de los países del mundo. Virtualmente, todos los sectores económicos fueron estatizados en algún otro lugar. Cabe estimar que la máxima proporción de propiedad estatal en el mundo se alcanzó en 1982 (después de que se estableciera el comunismo en Vietnam y Camboya, hubiera estatizaciones significativas en Francia y México, y antes de que empezara una nueva ola de privatizaciones en Gran Bretaña). Alrededor de un tercio de la producción mundial total era producida por empresas de propiedad estatal, mientras que más de un 40% de los asalariados del mundo eran empleados estatales.

Como también es bien sabido, el desempeño global del experimento estatizador no fue el esperado. Los funcionarios soviéticos reconocieron que, en contra de lo que decían sus falseadas estadísticas, la producción soviética en el decenio de 1980 era un cuarto o un quinto de la de Estados Unidos. En los países no-comunistas, las empresas de propiedad estatal experimentaron incrementos de productividad más bajos que las empresas privadas. Para mantener la actividad y los puestos de trabajo en las empresas estatales, los gobiernos centrales les adjudicaron enormes cantidades de transferencias y subsidios. En el mundo no-comunista, el déficit medio de las empresas estatales era de un 19% de su producción a mediados de los años setenta.

Aparecieron, pues, propuestas políticas alternativas a favor de la "privatización" (una expresión que fue acuñada con este sentido a finales de los años sesenta). Hubo más de cuatro mil transacciones privatizadoras, valoradas en más de un billón de dólares, en más de cien países durante los años ochenta y noventa. En 2000, la participación de las empresas estatales en el Producto Interior Bruto se había reducido a menos de la mitad del nivel anterior en los países desarrollados (de un 10% a un 4%), a menos de un tercio en los países de renta baja (de un 16% a menos de un 5%) y a menos de un sexto en los países europeos ex comunistas (de más de un 90% a menos de un 15%). En general, las empresas privatizadas han sido más eficientes y han obtenido más beneficios que las empresas de propiedad estatal y han aumentado sus gastos en inversión de capital (con la notable excepción de Rusia). Pero, a pesar de todo ello, donde la propiedad está aún muy concentrada, como en Venezuela, la supresión de la propiedad privada puede que no sea una tarea tan difícil.

Josep M. Colomer es profesor de Investigación en Economía Política, CSIC y UPF.