El tripartito se plantea recurrir la Ley de la Abogacía

Si fracasan las negociaciones con el Gobierno central la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales aprobado en el Congreso en octubre pasado. Así lo acordó ayer el Gobierno catalán, que, sin embargo, espera llegar a un acuerdo amistoso antes de recurrir al Alto Tribunal. La Generalitat entiende que algunos de los preceptos de la ley exceden las competencias reservadas al Estado y vulneran las competencias de la Generalitat, así como a la autonomía universitaria. El Gobierno catalán, pues, tras haber pedido informes a su gabinete jurídico y al Consejo Consultivo, ha decidido recurrir media docena de artículos y una disposición adicional ante el Alto Tribunal. Con todo, el consejero de Economía, Antoni Castells, se mostró partidario ayer de explorar todavía la vía negociadora para dirimir el conflicto y aseguró que la presentación del recurso era casi obligada, pues el plazo para recurrir acaba a los seis meses de la aprobación de la ley.

El Gobierno central, por su parte, mantiene hasta ocho recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Parlament, siete de ellos presentados durante la etapa de José María Aznar en el Gobierno.

Otros acuerdos tomados en la reunión del Gobierno, ayer, fueron:

- Pasarela Barcelona. La tercera edición de este evento de moda recibirá 1,25 millones de euros de la Generalitat en ayudas a la promoción exterior del trabajo de los diseñadores catalanes. Pese a la subvención, Antoni Castells reafirmó el compromiso del Gobierno de ir reduciendo progresivamente sus aportaciones a este tipo de actos con la esperanza de que éstos acaben autofinanciándose.

- Pensiones. Los cerca de 400 ex funcionarios de la Generalitat durante la Segunda República cuyas pensiones dependen de la Administración catalana tendrán este año un incremento del 2%.

- Normas sanitarias. Los establecimientos agroalimentarios rurales con menos de 10 personas en plantilla o una facturación inferior a los dos millones anuales verán modificadas las medidas que se les imponen actualmente en materia sanitaria. Hasta ahora estos establecimientos se regían con las mismas normas que las grandes factorías.