¿Justicia hecha?

Argentina ha puesto punto final a la triste historia del llamado "corralito financiero", ese impuesto decretado a la desesperada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a principios de 2002 prohibiendo la retirada de depósitos en dólares en cuentas corrientes y de ahorros por valor de 46.000 millones de dólares con el fin de evitar las fugas de capital. "Quien depositó dólares, recibirá dólares", prometió e incumplió el entonces presidente Eduardo Duhalde tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), que llevó al país austral a la más grave crisis económica y social de su agitada historia y a declarar la suspensión de pagos.

Ahora, el Tribunal Supremo ha saldado el contencioso que mantenían con la banca 50.000 ahorristas. Otros han ido resolviendo su problema con los bancos una vez que las nuevas autoridades fueron flexibilizando las restricciones a medida que la economía iba mejorando. El fallo judicial establece la restitución en la práctica de la totalidad de los depósitos en pesos, pero no en dólares. Además, no hay ninguna compensación clara por los perjuicios que motivó en su momento el decreto de Cavallo. De hecho, la prohibición de retirada de dinero les supuso aproximadamente una pérdida de valor real en sus ahorros del 66%.

El Supremo ha confirmado la pesificación de la economía vigente desde los últimos cinco años y avala la legalidad de la conversión obligatoria en pesos de las cuentas abiertas en dólares. Fue durante el mandato de Carlos Menem (1990-1999) cuando el líder peronista aprovechó la bonanza económica para establecer la paridad del peso con la moneda estadounidense, lo que a la larga resultó un gran error.