Bruselas advierte que el veredicto supone un obstáculo para la relación con Europa

La UE emitió ayer una cascada de declaraciones de condena tras la sentencia a muerte en Libia contra cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino. Para Bruselas, el dictamen podría poner en peligro las cada vez más fluidas relaciones entre Libia y los Veinticinco, según declaró ayer Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea. Bulgaria escuchó ayer con estupor la sentencia. La clase política reaccionó con indignación ante la resolución pronunciada, mientras en Sofía y otras ciudades se realizaban misas y marchas de apoyo a las enfermeras.

Los políticos europeos evitaron sin embargo hablar de sanciones contra Libia, país con el que en los últimos meses las relaciones diplomáticas se encaminaban hacia la normalización. "Espero que las autoridades libias revisen esta decisión", que según Frattini constituye "un obstáculo para la cooperación con la UE", además de "un gesto peligroso". Frattini no quiso, sin embargo, adelantar si la decisión de los tribunales libios tendrá una inmediata repercusión por ejemplo en la recién lanzada cooperación con Trípoli en los asuntos relacionados con la inmigración.

Tampoco quiso pronunciarse al respecto el portavoz del presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durão Barroso, quien rehusó hablar de eventuales sanciones europeas. El portavoz comunitario hizo sin embargo pública la condena de Barroso, al considerar la decisión "inaceptable". Bruselas tiene previsto destinar medio millón de euros en concepto de ayuda humanitaria a Libia, precisamente destinada a sufragar proyectos de enfermos de sida.

Finlandia, el país que preside durante este semestre la Unión, emitió un comunicado en el que recuerda que los Veinticinco se oponen a la pena capital, "en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia", además de cuestionar el fundamento de la acusación, las garantías y los retrasos del proceso, así como el trato que han recibido los acusados durante su confinamiento en prisión.

También el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, consideró ayer que la decisión de la justicia libia supone "un obstáculo" para las relaciones entre la UE y Trípoli, que se encaminaban hacia la normalización después de largos años de bloqueo. La restauración de las relaciones diplomáticas ha quedado de manifiesto con el desfile en los últimos meses de líderes europeos por la haima del líder libio, Muammar el Gaddafi, acusado durante décadas de respaldar actos terroristas en Occidente.

"Una vez más no fueron tomadas en consideración las pruebas irrefutables sobre la inocencia de nuestros trabajadores sanitarios y fue menospreciada la postura de la comunidad científica internacional sobre las causas de la epidemia de sida en Bengasi" (localidad libia donde está el hospital en el que trabajaban), dijeron el presidente búlgaro, Georgi Parvánov, y el primer ministro, Sergei Stanishev. Ambos rechazaron "rotunda y categóricamente" la decisión del tribunal libio en una declaración emitida por la radio nacional.

Amenaza de suicidio

Para los familiares y amigos, el veredicto llegó en un momento especialmente duro, ya que varios periódicos búlgaros se hicieron eco la semana pasada de la desesperación de dos de las enfermeras Snezhana Dimitova, de 54 años, y Nasya Nenova, de 40, que supuestamente expresaron su intención de suicidarse porque no pueden seguir aguantando las vejaciones y descargas eléctricas a que son sometidas.

En Bulgaria casi se daba por segura la liberación de los seis detenidos. El Gobierno, que sostiene que los 426 niños se infectaron de sida por la falta de higiene e insalubridad que padecía el hospital, envió a Trípoli al viceministro de Exteriores, Feim Chaushev, para asistir a la lectura de la sentencia.

Fuentes de la inteligencia señalan que detrás del veredicto del tribunal "hay muchos millones de euros", ya que los abogados de las familias de los niños infectados reclaman alrededor de 7,5 millones de euros por cada uno de los contagiados.

El presidente búlgaro hizo un llamamiento a las autoridades libias para que intervengan de inmediato y "en nombre de la justicia revisen esas condenas absurdas y pongan en libertad a los trabajadores sanitarios búlgaros y al médico palestino". Asimismo, Parvanov pidió a la comunidad internacional que condene "rotundamente" el veredicto.

El Estado búlgaro y los abogados de las enfermeras apelarán la sentencia ante el Tribunal Supremo de Casación de Libia tan pronto como se lo permita la ley, que requiere que el tribunal que ha dictado sentencia dé a conocer en el plazo de un mes los motivos de la condena. Después hay un plazo máximo de 30 días para apelar.

Acusados formalmente en 2000, las cinco enfermeras y el médico palestino fueron condenados a muerte por fusilamiento en mayo de 2004. La apelación permitió, en diciembre de 2005, que el Tribunal Supremo de Casación de Libia anulara la condena y ordenara la revisión del juicio, por fallos en el procedimiento.