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Sentencias de muerte en Libia

Cinco enfermeras búlgaras, condenadas a muerte en Libia por contagiar el sida

La aplicación de la sentencia pondrá en peligro la reconciliación de Gaddafi con Occidente

Los seis de Trípoli tendrán que esperar para saber si finalmente acaban frente a un pelotón de fusilamiento. Un tribunal penal libio condenó ayer a muerte a este grupo de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino, tras acusarles de haber infectado deliberadamente el virus del sida a 426 niños -52 de los cuales han muerto- hace siete años en un hospital pediátrico. La sentencia pone al presidente libio, Muammar el Gaddafi, ante un serio dilema. Su aplicación daría al traste con sus esfuerzos por reconciliarse con Occidente, pero una medida de gracia no sería aceptada por las familias de los niños.

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Mientras el juez que preside el Tribunal Penal de Bengazi leía el veredicto a los condenados, los familiares de los niños infectados con el VIH se manifestaban a las afueras de la Corte para exigir a las autoridades del país una sentencia de muerte. Minutos antes, dos de las madres se habían abalanzado contra el abogado de los acusados, el libio Othman Al Bizante, aunque la policía pudo reducirlas. Cuando el juez, concluyó la lectura, los familiares lanzaron gritos de júbilo en favor de la pena capital. En el banquillo, las cinco enfermeras y el médico palestino se desmoronaban una vez más ante una decisión que nadie esperaba.

No era la primera vez que el grupo oía la misma condena. Los seis acusados, que llevan siete años en la cárcel, ya fueron condenados a muerte en mayo de 2004. Sin embargo, las protestas internacionales sobre la falta de garantías del proceso llevaron a que las autoridades judiciales del país determinaran una revisión del caso.

Las cinco enfermeras búlgaras -Krisiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropoulo, Valya Chervenyashka y Snezhana Dimitrova- y el médico palestino Ashraf Al Hajuj han proclamado siempre su inocencia. Las mujeres llegaron a Libia en 1998 con la idea de ahorrar dinero en el próspero país petrolero y volver cuanto antes a Bulgaria. Su trabajo era atender a los pacientes del hospital pediátrico de Al-Fateh en la región de Bengazi, al oeste del país. Un año después, en febrero, se descubrió el contagio masivo de los críos. Las enfermeras, el médico palestino y otras 13 personas fueron acusadas de inocular el virus del sida (VIH) a 426 niños. Las autoridades judiciales libias fueron liberando o condenando a penas de cárcel a los otros 13 sanitarios, mientras que el peso de las imputaciones y las peticiones de pena de muerte siempre recayeron en las cinco enfermeras y en el médico palestino, a los que se les llegó a acusar de trabajar para la CIA y el Mosad israelí.

Tras la primera condena, en 2004, las mujeres hicieron saber que la policía libia había arrancado con torturas la confesión de dos de ellas. Ex presidiarios que compartieron prisión con las enfermeras declararon que habían sufrido palizas durante mucho tiempo con "un cable gordo", que se les obligaba a correr y arrastrarse y permanecer de pie sobre una sola pierna.

La ONG Amnistía Internacional envió a varios delegados que visitaron a las mujeres entonces. La organización asegura que las enfermeras contaron que habían sido sometidas a torturas. Que los funcionarios de la prisión les habían sometido a descargas eléctricas, las habían colgado de los brazos, vendado los ojos y que les habían amenazado con lanzar contra ellas a perros furiosos. "Estamos consternados y pedimos a las autoridades que las anulen inmediatamente. No pueden ser la cabeza de turco de un problema político", señaló ayer un portavoz de la organización.

La decisión de los jueces libios obliga al presidente Muammar el Gaddafi, en el poder desde 1969, a resolver una difícil papeleta. Si la pena llegase a ejecutarse, todos sus esfuerzos por reconciliarse con Occidente podrían caer en saco roto. Estados Unidos y la Unión Europea podrían dejar de apoyar el proceso de cambios que vive Libia desde que sus autoridades anunciaran el abandono progresivo de sus armas de destrucción masiva. Además, la dictadura de Gaddafi no ha ejecutado a presos en los últimos nueve años.

Si, por el contrario, Gaddafi atiende a las demandas de la comunidad internacional, opta por la clemencia y libera a los sanitarios, el problema podría darse en casa: la decisión sería interpretada por el sistema de clanes que rige los destinos de la República como una debilidad del régimen, según fuentes diplomáticas. Por si acaso, el ministro de Exteriores de Libia, Abdurrahman Shalgham, se apresuró a negar cualquier tipo de presión: "Libia nunca aceptará presiones de ningún lado, ni de Estados Unidos, ni de Europa ni de ninguna parte".

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