La sombra de Franco es alargada

Sus fieles seguidores le guardan y tributan veneración y respeto. Esgrimen y ondean con orgullo sus símbolos y sus banderas, compartiendo sin fisuras el rechazo permanente que el personaje tuvo hacia la democracia y los partidos políticos. Difícilmente toleran que se le coloque en el museo de los más crueles y sanguinarios dictadores, al lado de Hitler o del recién fallecido Pinochet.

Los dictadores no tienen amparo en la posible prescripción de sus crímenes. Para ellos el tiempo no es el olvido. Un golpe de Estado contra la democracia es un hecho histórico pero nunca será un acto legítimo.

Siguiendo los debates que se han abierto sobre la necesidad de cerrar una época negra y trágica de España nos encontramos ante una realidad que, por encima de opiniones e interpretaciones de la historia, nos demuestra que Franco no ha muerto.

Está presente en estatuas, avenidas, calles y fundaciones legalmente constituidas. Su nacional catolicismo, única estrategia política que hábilmente mantuvo hasta su muerte, se ha perpetuado en la cúpula del Episcopado.

Una de sus máximas favoritas sostenía que los ciudadanos españoles, presos de sus demonios familiares, no estaban preparados para la democracia. Ahora que hemos superado nuestra "impericia" para vivir en democracia, ha llegado el momento de rescatar el valor superior de la justicia para los que murieron o vivieron sojuzgados durante la larga dictadura. De nuevo nos encontramos con los demonios familiares encarnados, esta vez, en algunos demócratas y, por supuesto, en los hijos espirituales y nostálgicos de aquellas gloriosas gestas que, según el derecho internacional de las sociedades y países civilizados, no son otra cosa que crímenes contra la humanidad.

Negarse a la anulación de los Consejos de Guerra sumarísimos con el pretexto leguleyo de que afectaría a la seguridad jurídica o la manipulación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de los derechos fundamentales, llena de perplejidad a muchos juristas. Todavía no he conseguido hacérselo entender a muchos colegas latinoamericanos que admiran la decisión con la que España aplicó el principio de justicia universal, persiguiendo a dictadores con el beneplácito y la admiración de la comunidad internacional.

No voy a perder el tiempo argumentando, una vez más, sobre la razón legal que nos asiste a los que mantenemos la posibilidad de su anulación. Sólo diré que la vergonzante propuesta de ley cuya tramitación se inicia, llega hasta el extremo insólito de vedar la publicación de los nombres de las personas que han intervenido en la comisión de hechos que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado como crímenes contra la humanidad.

Los más ilustrados de los grupos de opinión que no comparten la revisión legal del franquismo han acuñado una frase que aplican al presidente del Gobierno, al que acusan de "sectarismo revisionista". Seguramente no han leído la ley que propone, ni les interesa.

Algunos clasifican las dictaduras como los vinos. Incuestionablemente nuestra dictadura pertenece, por su duración, a la gran clase de la vinicultura y seguramente por ello piensan que no conviene mover la botella no vaya a ser que el preciado liquido se deteriore.

Las dictaduras chilena, uruguaya y argentina, al parecer, no alcanzan esta condición. Sus comportamientos fueron calcados de la ilustre marca que les ofrecía España. Suspensión de sindicatos, disolución de partidos políticos, del Congreso de los Diputados y de las Cortes Supremas de Justicia. La experiencia histórica y el buen consejo de Henry Kissinger les evitó caer en el enojoso trámite de articular consejos de guerra o cortes marciales que, con métodos expeditivos, encadenasen sentencias de muerte para los subversivos. La solución del exterminio la compartieron con los golpistas españoles, pero se olvidaron de trabas documentales y se dedicaron a chupar personas, torturarlas y hacerlas desaparecer de las más distintas y crueles maneras. Sus crímenes, iguales que los de la dictadura española, fueron juzgados. Pero la situación de inestabilidad obligó a dictar claudicantes leyes de obediencia debida o punto final.

La Corte Suprema argentina anuló éstas. Muchos asesinos tuvieron que sentarse en los tribunales y ser juzgados con el máximo respeto y protección de sus garantías democráticas. Pinochet era un delincuente político y económico que vivió envuelto en la ignominia de haber asesinado, y además robado el dinero público. Bordaberry, el presidente uruguayo que se prestó a dar cobertura al golpe militar, acaba de ser detenido y va a ser juzgado.

En España, a setenta años del golpe militar que dio paso a casi cuarenta años de dictadura, muchos piensan que los asesinatos "legales y selectivos", las torturas que sufrieron infinidad de ciudadanos y el miedo de los supervivientes fueron incidencias del pasado que debemos olvidar.

Un político uruguayo, cuya dictadura es la última de la lista, nos recuerda que la historia sólo es historia cuando es completa, cuando no tiene espacios vacíos y cuando las responsabilidades, los méritos, las tendencias, los aciertos y los errores ocupan su sitio.

En esta España marcada por cuarenta años de fascismo, sólo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llevó a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es clara, los españoles durante los años de la dictadura no teníamos derechos humanos, sólo éramos súbditos y además extraterrestres. Los redactores del texto de la ley, conocida simplificadamente como de la memoria histórica, no han leído, con rigor jurídico, ni las leyes alemanas de desnazificación, ni la doctrina que emana del Tribunal Supremo estadounidense cuando ha llegado a sus manos el primer caso de los zombies naranjas que deambulan por Guantánamo.

Si no hay espacio político para la razón es mejor que se aparque la ley y la nefasta idea de borrar el pasado con certificados de buena conducta, si es que los cinco hombres sabios deciden que concurren los requisitos legales.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.