Castilla y León apoya al promotor que tala un refugio protegido de cigüeñas

La Junta de Castilla y León, del PP, apoya la tala masiva de áboles que el constructor Francisco Gómez ha emprendido en un refugio de cigüeñas negras en la sierra de Ávila pese a que una sentencia prohíbe urbanizar el monte. La Consejería de Medio Ambiente, que no sólo aprobó la recalificación del espacio protegido sino que la impulsó, afirmó ayer que la tala "es legal y tiene permiso", según una portavoz, y destacó: "No conocemos la sentencia y no es firme". Aunque el delegado de Medio Ambiente en Ávila anunció un recurso para lograr construir 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf, la portavoz afirmó que la decisión no está tomada. El alcalde de Las Navas del Marqués, del PP, sí recurrirá el fallo.

La Junta de Castilla y León y el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez García, ambos del PP, querían aprovechar el boom urbanístico de Madrid (como Castilla-La Mancha con Seseña). El lugar elegido fue Las Navas del Marqués, en la sierra de Guadarrama, en el límite con Madrid. La Junta ideó la Ciudad del Golf: "Un complejo urbanístico con uso turístico residencial de alta calidad", según la información oficial. En realidad se trataba de levantar 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en un pinar protegido, refugio de cigüeñas negras y águilas imperiales, entre otras especies en peligro de extinción. Allí anidan entre tres y cinco parejas de cigüeña negra, una especie de la que sólo quedan 322 parejas en España.

Para impulsar la construcción, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila crearon una empresa Montes de Las Navas, SA. Oficialmente, el objetivo de la empresa era "la protección de los terrenos del monte de Las Navas del Marqués, con especial atención a la conservación del medio ambiente". Sin embargo, la empresa quitó la declaración de utilidad pública a 215 hectáreas del pinar del pueblo; lo recalificó como urbanizable y lo sacó a subasta.

El procedimiento habría sido imposible para un particular, pero en este caso era sencillo. El alcalde presidía la empresa y estaba en la comisión que aprueba las recalificaciones; los demás consejeros tenían cargos relacionados con el urbanismo. Además, el director de Medio Natural de Castilla y León, Mariano Torre, también era miembro de la empresa.

Abstenerse

Fuentes de la asociación ecologista Centaurea afirman que estos cargos deberían haberse abstenido en la tramitación, pero no lo hicieron. Carlos de Vega era a la vez gerente de la empresa, secretario municipal de Las Navas y miembro de la ponencia técnica de urbanismo. Según los ecologistas, participó en la aprobación del plan.

El terreno, ya recalificado, salió a subasta el 7 de febrero de 2002 por 9,5 millones de euros más IVA. El constructor murciano Francisco Gómez, alias El Paloma, debió de estar muy atento para ver el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, ser el único que concursó y adjudicarse la parcela por el precio de salida: 10 millones de euros por dos millones de metros cuadrados. Buen negocio: a cinco euros el metro cuadrado, con la posibilidad de construir 1.600 chalés. Con 6.000 euros de beneficio por chalé pagaba el suelo. Si de cada chalé ganase 120.000 euros, su beneficio ascendería a 192 millones de euros sin contar el beneficio por el golf y los hoteles. Tras la adjudicación comenzaron los trámites de impacto ambiental, de diseño de la urbanización...

Pero Francisco Correal, un vecino molesto con la urbanización, presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que el miércoles pasado dio un varapalo al proyecto y a la actuación de las administraciones y vetó el plan. Ahora se abre el procedimiento para ver cómo se ejecuta fallo y el recurrente el que debe pedirlo. Por eso el promotor se ha dado prisa y, en cuanto leyó que el tribunal impedía la urbanización, mandó una máquina capaz de talar 1.000 pinos al día. Comenzó el sábado y ayer paró no se sabe si momentáneamente.

Pero no porque nadie se lo impidiera. El sábado, los ecologistas contactaron con el secretario general para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, para que frenase la tala; éste se lo pidió al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reunido de consejeros en Barcelona.

Este diario intentó ayer, sin éxito, hablar con Fernández Carriedo. Su portavoz explicó que a la Junta "no le parece mal la tala" porque "es una actuación legal de una empresa privada que tiene los permisos" y sobre la que no tienen "nada que opinar". "La sentencia puede ser recurrida y no es firme"; "no hemos visto el fallo", añadió.