Las mafias echan sus tentáculos en la construcción

"A lo largo de estos años, las operaciones ligadas a la construcción en la Costa del Sol han aportado unos réditos mucho mayores que los de la Bolsa y sólo superables por los tráficos delictivos de drogas, armas o prostitución", apunta Rafael Duarte, responsable de Urbanismo en la gestora municipal que administra ahora la bancarrota del Ayuntamiento de Marbella. "Calculo que el beneficio real de las inversiones oscilaba entre el 60% y el 70%, pero es que las plusvalías por la compraventa de suelo han sido impresionantes. Hay quien compró suelo rústico a 1.500 pesetas el metro cuadrado y al poco tiempo, una vez recalificado, lo ha vendido por más de 200.000", afirma Duarte.

A El Dorado del Sur y el Levante español han acudido a lo largo de estos años capitales coloreados con la gama completa de tonalidades que van del blanco inmaculado al negro riguroso: dinero legítimo, transparente; dudoso, sin propietario conocido; decididamente opaco de los paraísos fiscales, sospechosamente sucio y también dinero procedente de las multinacionales del crimen y de las mafias locales. Fondos de inversión nacionales y extranjeros, bancos -casi todos tienen su división inmobiliaria-, sociedades de inversión, asociaciones gremiales (joyeros), promotores de capital indio procedente, por lo visto, de las tiendas del todo a 100, grandes inversores particulares y hasta personajes famosos del mundo de la canción y del fútbol se han dado cita en este gran negocio que ha convertido en millonarios a pequeños constructores, enriquecido a políticos locales y extendido la corrupción urbanística municipal en buena parte del litoral español.

El 80% de las mociones de censura de los ayuntamientos es por asuntos urbanísticos

"Ya no se compra al político, ahora es el político el que se pone en oferta", dice un fiscal

"El blanqueo no está tipificado como delito grave", señala el catedrático Díez Repollés

Cuando un concejal prevarica, la condena es de seis meses a dos años o multa

Nunca hubo tanto delito en Marbella como cuando los delincuentes y corruptos gobernaron

La Operación Avispa, llevada a cabo contra la mafia rusa en junio del pasado año, ya dio una primera prueba de que dinero procedente del crimen organizado internacional estaba siendo blanqueado en la costa del Mediterráneo español. Una idea de la peligrosidad de esta trama la aporta el hecho de que el jefe supremo de esta red, el ruso georgiano Zahar Kalachov, fue traído directamente a España desde Dubai en un avión militar, por miedo a que su poderosa organización secuestrara los aviones de línea regular en los que iba a ser inicialmente trasladado.

Y por si quedaba alguna duda, la Operación Ballena Blanca (centrada en el bufete de abogados que gestionaba un millar de sociedades) ha confirmado la inversión del dinero del narcotráfico internacional en el sector inmobiliario español. Según el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet, más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos tiempos contaba con sus propias agencias inmobiliarias. "Ocurrió también en Cancún (México), en Palm Beach (Miami) y en Nápoles. Cuando la mafia entra en el tráfico de cocaína, elige a la construcción como el sector ideal de blanqueo", indica Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora del Instituto de Criminología de Málaga.

¿Es muy audaz preguntarse por el papel que el crimen organizado ha podido desempeñar en el cementado intensivo que ha modificado irremisiblemente el paisaje del litoral español? ¿Hasta qué punto la propia presión financiera de estas mafias, su capacidad de corrupción y coacción, han podido contribuir a este fenómeno de expansión urbanística sin parangón en el mundo que, con epicentro en Marbella, se ha desarrollado ante la inacción práctica de los poderes públicos, avivada permanentemente por la codicia y la visión miope de los políticos que vieron ahí la gallina de los huevos de oro?

A falta de pruebas que demuestren conexiones estructurales entre las mafias internacionales y las autóctonas, lo que sí hay son rumores, a veces instalados en altas instancias judiciales, policiales y políticas, que dan cuenta de amenazas de grupos extranjeros -incluido un secuestro por espacio de unas horas- a responsables municipales de urbanismo corruptos que habrían incumplido el compromiso de recalificar unos terrenos en los plazos acordados.

"En el estudio sobre las prácticas ilícitas urbanísticas en la Costa del Sol que hicimos hace dos años dentro del proyecto internacional Falcone detectamos una gran presencia de dinero gris en la construcción", afirma José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho y director del Instituto de Criminología de Málaga. El estudio, que identificaba hasta ocho tipos de delitos urbanísticos habituales en la zona -la forma más típica de corruptela es el convenio urbanístico en el que constructores y ayuntamiento se ponen de acuerdo en la recalificación de terrenos que altera el plan general-, fue acogido con muestras de escándalo entre los empresarios del sector y una parte de la clase política.

Las acusaciones de "criminalizar" a la construcción y perjudicar la imagen turística -"¿qué importa de dónde viene el dinero?", era un comentario recurrente- acogieron también el informe de la fiscalía, que puso igualmente de manifiesto las irregularidades urbanísticas y el dinero negro. Las denuncias de Ecologistas en Acción y los recursos de la Junta de Andalucía no lograron impedir la política de hechos consumados, en buena medida porque la justicia penal se mantuvo a la espera de que se agotara la vía contencioso-administrativa que suponía entre 8 y 10 años, tiempo más que suficiente para que las construcciones quedaran terminadas y vendidas.

Decir que Marbella ha estado en manos de una mafia durante estos años y que todo el sistema ha fallado parece una obviedad. Una pregunta pertinente es si el procesado Juan Antonio Roca era el verdadero capo de la mafia local o, como sospechan algunos, sólo la cabeza visible de una organización de mayor alcance. Y la gran cuestión está en saber si Marbella y sus alrededores son un fenómeno aislado y pasajero o el síntoma más aparatoso y extravagante de una ola de corrupción que estaría recorriendo casi todo el litoral español y que no siempre va de la mano política de las agrupaciones electorales "independientes" que siguen surgiendo al modo del desaparecido GIL.

"Mi impresión es que Jesús Gil empezó comprando voluntades y que con el tiempo descubrió que si se presentaba él mismo y ganaba las elecciones se ahorraría tener que comprar a los políticos. Porque ya no se compra al político, ahora es el político el que se pone en oferta", comenta el teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales. "Crearon un cuerpo de policía local bien dotado de medios técnicos para dar cobertura a los ladrones mafiosos. Hacían contravigilancias y barridos telefónicos para bloquear las investigaciones de la Policía Nacional". Se sabe también que algunos agentes de este cuerpo se ganaban un dinero extra trabajando para el Ayuntamiento marbellí.

Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Gil reunía a la cúpula del poder judicial en unas jornadas pretendidamente técnicas festejadas con unas cenas lujosísimas en las que no faltaba de nada. Consiguieron remover a un comisario y a una juez hostil, seguir de cerca el funcionamiento de los abrumados juzgados -los turnos de guardia judiciales aparecen con todo detalle en uno de los cuadernos de Roca- y disponer del voto y de la adhesión de cientos de personas que debían su puesto de trabajo a la "generosidad" de los gestores municipales.

Las detenciones del verano han supuesto un punto de inflexión evidente. "Los mafiosos o están callados o han levantado el campo", dice el teniente fiscal. Hay un antes y un después en Marbella, pero es dudoso que este juicio pueda extrapolarse al resto de la costa y de las capitales entregadas a la desaforada "pasión por construir". De hecho, nadie entre los observadores críticos del desmadre urbanístico duda de que el dinero negro se ha desplazado hacia Murcia, Alicante, Castellón, Madrid, etc., a nuevos territorios de oportunidad.

En este contexto, crece la exigencia de retirar las actuales competencias de urbanismo a los ayuntamientos. "Tenemos una vivienda para cada dos habitantes y resulta que mucha gente no puede acceder a una casa propia. El 80% de las mociones de censura que se presentan en los ayuntamientos es por cuestiones urbanísticas", afirma el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet. "La teoría mercantilista de que los precios descenderían si se liberaba más suelo se ha demostrado completamente equivocada", dice, "porque en el precio de la vivienda están interviniendo factores no naturales". A Verchet no le cabe la menor duda de que el Estado debe recuperar las competencias. "Las instituciones fuertes tienen más capacidad de resistir la corrupción", subraya.

A juicio del catedrático de Derecho Penal de Málaga José Luis Díez Ripollés lo ocurrido demuestra que, de hecho, los políticos locales no han podido resistir. "Pensar que esto se ha limitado a Marbella es un gran error, puesto que los cohechos y prevaricaciones han estado a la orden del día en la Costa del Sol, gracias a la aplicación de un patrón de inobservancia administrativa y dejación de responsabilidades inspirado en la creencia de que esto creaba empleo y riqueza", afirma.

Abortar la expansión de este nuevo ciclo delictivo marcadamente globalizador y detener la corrupción rampante puede que exija también el endurecimiento de las penas por blanqueo que van desde los seis meses a los seis años de prisión. "No está tipificado como delito grave y tampoco implica el ingreso en prisión si el delito se comete por primera vez", apunta Díez Ripollés. "Y cuando un concejal prevarica y autoriza un delito urbanístico, la condena es de seis meses a dos años o multa", indica.

Hay relatos que ilustran, obscenamente, el poderío económico de algunos de los acusados de Marbella. "Cuando el juez le anunció que para eludir la prisión tendría que depositar una fianza de 300.000 euros, el constructor se limitó a hacerle un gesto de asentimiento a su abogado", narra una fuente judicial. "Al poco tiempo, un empleado de su empresa depositó en el juzgado una bolsa con un montón de billetes. Pero la bolsa no contenía 300.000 euros, sino prácticamente el doble", relata un funcionario judicial.

En opinión de Díez Ripollés, la sociedad española es más sensible a los robos que a los delitos que deshacen nuestro medio ambiente de forma irreversible. No es el único que alerta del peligro de legislar a golpe de suceso dramático. Ciertamente, mucho más tras la importación del secuestro exprés y el asalto violento a los domicilios habitados, el debate parece ser el de "más cárcel o más cárcel".

"Ha desaparecido la actitud de comprensión hacia la criminalidad tradicional, en especial hacia la pequeña delincuencia, que consideraba al delincuente un ser socialmente desfavorable y marginado", indica Díez Ripollés. Y eso ocurre, precisamente, cuando aparecen entre nosotros inmigrantes sin recursos que parecen abocados a la marginación.

A juicio de este especialista, la realidad delincuencial española no justifica el protagonismo que la inseguridad ciudadana ha adquirido en la agenda política y en la opinión pública y que está dando lugar a sucesivas reformas en la legislación penal. "Estamos llegando a unas tasas de encarcelamiento insostenibles, y teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de los penados están en la cárcel por comisión de delitos contra el patrimonio o por tráfico de drogas, haríamos bien en preguntarnos", dice, "qué peculiaridades concurren en nuestro país para que, con independencia del desarrollo económico, tengamos una delincuencia patrimonial desconocida en otros países europeos".

En su opinión, la respuesta habría que buscarla en el bajo gasto social y en el poco esfuerzo que el sistema judicial ha realizado en el campo de las penas alternativas. En lugar de endurecer el arsenal punitivo disponible sobre la delincuencia clásica, habría que poner coto a la nueva criminalidad de la corrupción y el blanqueo de la delincuencia de guante blanco. A propósito del clima de preocupación social, el profesor Borja Mapelli, de la Universidad de Sevilla, subraya que "el índice de criminalidad que soporta una sociedad poco o nada tiene que ver con su percepción sobre la seguridad o inseguridad".

El caso es que la inseguridad ciudadana lleva ya años reclamando el interés creciente de los medios de comunicación españoles, tal y como ha puesto de manifiesto la investigadora de la Universidad de Málaga Susana Soto Navarro, además de disparar el crecimiento de la seguridad privada. Al igual que otros investigadores, Soto sostiene que los medios de comunicación ofrecen, por lo general, una visión deformada de la realidad delictiva, en la medida en que sobredimensionan los delitos, obvian los datos oficiales de criminalidad real e ignoran la opinión de los expertos.

Se comparta o no esta apreciación, es evidente que el delito y el miedo al delito pone en manos de los medios de comunicación una poderosa, y tentadora, palanca de influencia que puede acabar con cualquier Gobierno que aparezca incapacitado para controlar la delincuencia.

El vacío abierto por la ausencia de un debate político serio sobre el problema está siendo ocupado por la habitual polémica tramposa, al circular la asociación aberrante entre delincuencia e inmigración. Es un asunto extremadamente grave porque, como en las grandes falacias, la mentira se nutre también aquí de algunas verdades relativas. En efecto, la delincuencia organizada es preferentemente cosa de extranjeros y, además, parece igualmente cierto que el índice de delitos entre la población inmigrante es superior, a causa de su marginación social y de sus hábitos culturales. Según los cálculos del investigador criminólogo Manuel Avilés, autor del estudio Criminalidad Organizada, el 30% de los crímenes conyugales son obra de extranjeros.

Si reconocer la realidad y huir de lo políticamente correcto parece condición necesaria para abordar el problema, evitar el alarmismo, la frivolidad incendiaria y la confusión resulta imprescindible para conjurar el peligro de la xenofobia y conseguir la integración razonable de las segundas generaciones de la inmigración. Distinguir entre los criminales por convicción, difícilmente reinsertables, y los delincuentes ocasionales por necesidad parece, igualmente, un ejercicio conveniente, como lo es desmontar el engaño que presentó a Marbella como la ciudad sin delincuencia. Mientras expulsaba, de forma ilegal, a marginados, pequeños rateros y a prostitutas pobres, el Ayuntamiento de Gil cobijaba a grandes criminales, ladrones de guante blanco, narcotraficantes y prostitutas de lujo. Conviene dejar claro que nunca hubo tanto delincuente y tanto delito en Marbella como cuando los delincuentes y corruptos gobernaron esa ciudad.

La contradicción aparente entre la modesta tasa delictiva de nuestro país y el elevado número de reclusos se explica, en gran medida, por el endurecimiento -dos años más de cárcel- de las penas por tráfico de drogas y por las instrucciones para que los fiscales solicitaran sistemáticamente la prisión provisional en el caso de extranjeros irregulares. En solo tres años, la población reclusa ha pasado de tener una edad media de 32 años a 37.

Lo explica con precisión el subdirector general de Tratamiento Penitenciario, Virgilio Valero García: "De los 9.000 internos extranjeros que teníamos hace cinco años, hemos pasado a 19.500, lo que significa que casi la tercera parte de nuestra población reclusa no es española. Los ingresos de extranjeros crecen porque como muchos carecen de arraigo y se corre un riesgo mayor de que se sustraigan a la acción de la justicia, raramente se les aplica la libertad provisional. De hecho", indica, "el 39% de ellos está en situación preventiva, frente al 14% de los españoles. Además, el 45% de los extranjeros se encuentra aquí por tráfico de drogas, lo que implica condenas de 9 y 10 años. Buena parte de ellos parecen abocados a conductas delictivas derivadas de su situación irregular", destaca Valero.

"Tenemos un Código Penal más duro que el de otros países. Y la gente se equivoca si piensa que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, aunque no falten los multirreincidentes en los pequeños delitos", dice José Luis Castro, juez de Vigilancia Penitencia. También él distingue entre los criminales de la delincuencia organizada -"es el nuevo perfil carcelario: tipos duros, fríos, a menudo antiguos paramilitares, militares o policías del Este que siguen organizados en las cárceles"-, de los traficantes de medio pelo que sólo pueden acceder al tercer grado una vez purgada la mitad de sus nueve años de condena. "Hay que ser duros con los criminales y los terroristas, pero puede que estemos aplicando de forma exagerada el cargo de delincuencia organizada, porque hay una parte de la población penitenciaria muy aprovechable", indica Castro.

En todo caso, vistas las orejas al lobo del crimen organizado y de la corrupción rampante, los poderes públicos parecen ahora decididos a que también los delincuentes de guante blanco, los blanqueadores y los corruptos encuentren su hueco entre rejas.