EE UU acepta reconocer como prisioneros de guerra a los internos de Guantánamo

Tras pasar más de cuatro años sin derechos, confinados en un limbo jurídico, todos los detenidos en la prisión de Guantánamo y en otras instalaciones bajo custodia militar estadounidense verán reconocidos los derechos y garantías de en la Convención de Ginebra. El Pentágono anunció ayer la decisión -primera consecuencia directa del fallo del Supremo sobre las comisiones militares- cuando el Senado abría la discusión sobre el futuro de los juicios a los presos. "No vamos a dar al Departamento de Defensa un cheque en blanco", dijo el republicano Arlen Specter. El portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, hizo equilibrios al asegurar al mismo tiempo que la decisión refleja el fallo del Supremo de hace dos semanas y que "no es contradictoria con la anterior política" de Bush. "Todos los detenidos han sido tratados de manera humanitaria, pero queremos hacer las cosas bien", añadió Snow.

El Pentágono, a través del subsecretario, Gordon England, comunicó que, aparte de los procedimientos de las comisiones militares, el resto de "las órdenes, la política, las directivas, las órdenes ejecutivas y la doctrina" se ajustan a lo que exige la Convención de Ginebra, pero que, en vista de la decisión del Tribunal Supremo, todos los funcionarios de Defensa deben "revisar inmediatamente" los procedimientos para garantizar que efectivamente "cumplen con lo indicado" en el artículo 3 de la Convención.

El artículo prohíbe, entre otras cosas, la violencia, el trato cruel y la tortura sobre prisioneros de guerra, y también los atropellos de la dignidad de los detenidos y los tratos humillantes y denigrantes. En el comunicado del Pentágono, de dos páginas, England reproduce el artículo 3 para que nadie tenga dudas.

El alcance de la nueva orden no se refiere sólo a la prisión en la base de Guantánamo, que comenzó a ser utilizada como penal en enero de 2002, sino a todos aquellos lugares en el mundo en los que haya detenidos bajo custodia de personal militar estadounidense. En sintonía con el portavoz de la Casa Blanca, el abogado Daniel dell'Orto, del equipo jurídico del Pentágono, dijo en el Senado que "no hay ningún cambio en nuestra política, simplemente se refleja la decisión del Supremo".

"Combatientes ilegales"

Aunque existe desde el principio, y fue reforzada en diciembre con la Ley de Prohibición de la Tortura, una declaración de intenciones de tratamiento humanitario para todos los detenidos -violada en Abu Ghraib y otras prisiones- el giro es evidente, por mucho que Snow y el Pentágono no tengan más remedio que disimularlo. "Es un cambio muy significativo", señala Tom Malinowsky, director de la oficina de Washington de Human Rights Watch.

En 2002, la Casa Blanca decretó que los militantes de la red terrorista Al Qaeda detenidos en Afganistán eran "combatientes ilegales", y que, por lo tanto, no estaban reconocidos por la Convención de Ginebra, en la medida en que no eran soldados de ningún país ni llevaban uniforme.

En 2003, el entonces portavoz, Ari Fleischer, dijo que "la guerra contra el terrorismo no se contemplaba en 1949, cuando se firmó la Convención. El presidente ha dicho que Estados Unidos se adhiere a sus principios, pero cree que Ginebra no cubre todas las situaciones". Una de las consecuencias de esa filosofía fue la puesta en marcha de comisiones militares, los tribunales especiales para juzgar a estos presos. Lo que el Tribunal Supremo dijo hace dos semanas, en el fallo del caso Hamdan vs Rumsfeld, es que la autoridad presidencial se había extralimitado al no contar con el Congreso para establecer estas comisiones, y que el artículo 3 de la Convención de Ginebra afecta a todos los combatientes armados, tengan detrás un Estado o no.

"Ahora, bajo la presión del Tribunal Supremo y de otras instancias, el Gobierno reconoce que hay que aplicar el artículo 3, y eso es algo muy importante. Es un día muy bueno para el imperio de la ley y para la restauración gradual del buen nombre de Estados Unidos en el mundo, aunque aún quede mucho por hacer", valora Malinowsky. Precisamente ayer arrancó en el Comité Jurídico del Senado un apasionante debate entre el Capitolio y la Casa Blanca sobre el fallo del Supremo. Además de la declaración de principios del republicano Specter sobre el cheque en blanco -parafraseando lo que el magistrado del Tribunal Supremo Stephen Breyer dijo en el fallo del pasado 29 de junio- el demócrata Patrick Leahy dijo que no hay más remedio que cambiar "los tribunales fantoches" y que las comisiones militares que juzguen a los detenidos deben "ser coherentes con las exigencias de la justicia estadounidense".

El subsecretario de Justicia, Steven Bradbury, señaló que el Gobierno quiere trabajar con el Congreso para definir las exigencias planteadas y tratar de despejar "las ambigüedades" e interpretaciones: "La aplicación del artículo 3 creará incertidumbre en aquellos que luchan para defendernos del terrorismo".

Tribunales militares

Y Snow añadió, en la Casa Blanca, que los criterios sobre el trato a los detenidos y sus derechos legales no van a alterar "la determinación presidencial de negociar con el Congreso una solución sobre los tribunales militares o las comisiones", de forma que se pueda encontrar "una vía para juzgar correctamente a los que han sido detenidos en el campo de batalla y no son soldados en el sentido tradicional del término", y que todo esto debe hacerse "de acuerdo con la seguridad nacional".

¿Qué puede salir de esta negociación? De las declaraciones iniciales de ayer no se desprendieron muchos detalles sobre los planes del Gobierno. "No sabemos aún qué es lo que va a hacer el Congreso, pero creo que la opinión predominante allí es que cualquier juicio militar contra acusados de terrorismo debería atenerse en la medida de los posible al actual código de justicia militar, y que no debería volverse atrás, a las comisiones que han sido eliminadas por el Supremo", añade Malinowsky.

Dell'Orto expuso otra perspectiva: "Las comisiones militares dan derecho a tener un abogado, no vemos que haya necesidad de cambiar esa legislación".

Pero las comisiones, creadas por orden presidencial del 13 de noviembre de 2001, "aunque recogen importantes protecciones del debido procedimiento, no cumplen los requisitos sobre tribunales imparciales e independientes", según explica Human Rights Watch.

Y el republicano Lindsey Graham, que, junto con John McCain se ha distinguido por su sensibilidad hacia estos asuntos, advirtió que si hay cambios en las comisiones y se adaptan a lo que marca el código de justicia militar, "acabaremos teniendo un sistema del que podremos estar orgullosos"; pero si hay pocos cambios, el Gobierno sufrirá "un largo y cálido verano" en el Capitolio.