El espíritu de Ginebra

Cumplir con el espíritu de una ley no es suficiente para que un Gobierno asegure que lo hace por mucho que el nuevo portavoz de la Casa Blanca, el ex periodista de la Fox Tony Snow, se esforzara ayer en justificar el cambio radical de política sobre los presos de la base naval de Guantánamo (Cuba) y en otros centros de detención bajo custodia militar americana que a partir de ahora va a aplicar Estados Unidos. El Supremo se lo indicó el pasado mes a Bush al fallar en contra de las comisiones militares de excepción montadas por el Pentágono para dar una apariencia de juicio contra los detenidos en Guantánamo.

El Gobierno de George W. Bush ha violado sistemáticamente el derecho militar estadounidense y las cuatro convenciones de Ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949), que regulan el trato a los prisioneros de guerra, desde que la Casa Blanca obtuviera poderes especiales para combatir el terrorismo a raíz del 11-S. "Todos los detenidos han sido tratados de manera humanitaria, pero queremos hacer las cosas bien", ha declarado el portavoz del presidente Bush. Tal aserto es inexacto como se ha visto tras las denuncias de abusos cometidos por militares americanos no sólo en Guantánamo, sino también en Abu Ghraib, así como en los presuntos casos de tortura de personas trasladadas en los vuelos irregulares de la CIA.

La Administración de Bush sostenía hasta el fallo dictado por el Supremo el pasado mes que los militantes de Al Qaeda y otros sospechosos de terrorismo debían ser considerados como "combatientes ilegales" y por consiguiente, aun cuando en espíritu el presidente asegurase que su Gobierno acataba la Convención de Ginebra, no les reconocía ninguna protección al no ser soldados de ningún país ni llevar uniforme. El Pentágono y la Casa Blanca se extralimitaron con el establecimiento de esos tribunales de excepción, en violación del artículo 3 ginebrino, y, además, sin tener la plena autorización del Congreso sobre esa cuestión. Tanto el presidente Bush como el secretario de Defensa Rumsfeld desoyeron en su día los consejos de los abogados militares que advirtieron de que podían estar incumpliendo la ley. El Supremo así lo dictaminó y ahora se ven obligados a cambiar de ruta.