Chávez viaja a La Paz para apoyar las nacionalizaciones de Evo Morales

El presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó a la 1.30 (hora peninsular española) a La Paz en una visita sorpresa previa a la cumbre que celebrarán hoy en la ciudad argentina de Puerto Iguazú el venezolano junto a los presidentes argentino, Néstor Kirchner; brasileño, Lula da Silva, y boliviano, Evo Morales, para estudiar el impacto de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el lunes por Morales. La presencia de Chávez en La Paz se produce entre las acusaciones dentro y fuera de Bolivia de su creciente influencia en las decisiones del presidente boliviano.

La reunión de Iguazú ha sido convocada por el presidente brasileño para escuchar en persona las explicaciones del boliviano sobre su decisión. Kirchner, afectado por la repercusión en el suministro de gas boliviano a Argentina, se unió a la convocatoria y ofreció el territorio argentino como anfitrión. Morales ha optado por viajar al encuentro acompañado de Chávez, quien desde Caracas anunció ayer que la nacionalización boliviana "no tiene vuelta atrás".

En su primera entrevista tras la nacionalización de los hidrocarburos -concedida precisamente a Telesur, el canal televisivo auspiciado por Hugo Chávez como contestación a la cadena estadounidense CNN-, Morales negó cualquier tipo de influencia extranjera en su decisión y aseguró que ni siquiera comentó la medida con Fidel Castro y Chávez el pasado sábado durante su visita a La Habana (aunque el venezolano se ha jactado de conocer el anuncio de antemano).

Lula y Kirchner están preocupados no sólo por la decisión de nacionalizar los hidrocarburos, sino por la intención boliviana, ratificada ayer por el vicepresidente, Álvaro García Linera, de incrementar el precio del gas que se vende a Brasil y Argentina. Esta medida afecta especialmente a Buenos Aires, cuyo Gobierno está pendiente de evitar una crisis energética en el verano austral que se avecina.

El presidente boliviano pasó la mañana de ayer al teléfono hablando con otros mandatarios, especialmente con Lula, quien a pesar de las palabras de comprensión expresadas en público también recordó que para garantizar un derecho a los bolivianos "no se puede negar ese derecho a Brasil". La brasileña Petrobras es una empresa estatal -"Petrobras es Brasil", ha señalado Lula en algunas ocasiones- y el decreto de Morales ha creado un profundo malestar en la economía más grande de Suramérica. El Ejecutivo brasileño emitió en la noche del martes un duro comunicado de cinco puntos en el que advertía que actuará "con firmeza y tranquilidad" para defender los intereses de la petrolera pública brasileña. Ayer el Parlamento de Brasilia exigió la comparecencia de tres ministros -entre ellos los de Presidencia y Exteriores- para pedirles explicaciones de por qué no se había previsto la decisión del presidente boliviano.

Reservas bolivianas

Petrobras controlaba hasta el pasado lunes el 46% de las reservas de gas bolivianas y ha realizado una inversión en el país superior a los 1.500 millones de dólares. Pero además, la industria brasileña depende del gas boliviano, ya que la mitad de ese combustible que consume Brasil proviene del país vecino. Por eso, Morales contactó con Lula para asegurarle que el suministro de gas no corre peligro.

En este contexto el líder opositor y rival de Morales en las elecciones presidenciales, Jorge Quiroga, manifestó ayer que las relaciones internacionales de Bolivia están en peligro. Quiroga, presidente de Poder Democrático Social, criticó la estrategia del Gobierno al que acusó de centrarse "en la acción pirotécnica".

Por su parte Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), denunció que la expropiación "es contra los ciudadanos bolivianos" ya que el Estado se va a quedar con fondos capitalizados que estaban en manos de ciudadanos privados. Doria Medina apuntó además que el plazo de 180 días genera confusión "y oculta lo que verdaderamente puede suceder".

La Central Obrera Boliviana (COB) es partidaria de que se elimine el plazo de seis meses para negociar con las petroleras y directamente el Estado confisque las plantas y expulse del país a las empresas extranjeras. Sobre el terreno, los militares comenzaron a retirarse ayer de las plantas productoras y campos de extracción en cuyos accesos se encontraban apostados desde el pasado lunes.

Al mismo tiempo fueron designados los nuevo cinco directores de las empresas que a partir de ahora gestionarán la comercialización del gas. "El Gobierno tiene ahora el control de la cadena productiva", subrayó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. "Hay una palabra clave: auditoría. Todo el proceso de capitalización se ha hecho de manera reservada. Ha llegado la hora de abrir las cajas negras de los que dicen que han invertido tanto en el país", añadió Soliz Rada, quien confirmó que las dos principales petroleras, Petrobras y Repsol, aceptaron mediante comunicación escrita sentarse a negociar con las autoridades bolivianas.