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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Repsol en Bolivia

El señor Arnaldo Otegi, llamado a declarar ante la justicia española como imputado por los disturbios producidos durante la jornada de huelga declarada en el País Vasco, aduce su papel como interlocutor en el proceso de paz para tratar de evitar una pena de cárcel. Los medios de comunicación se encargan de recordar a la opinión pública que la justicia española es independiente del poder político, lo que priva de sentido al argumento del señor Otegi.

Por su parte, la justicia boliviana imputa a dos directivos de la empresa española Repsol por delitos de contrabando de petróleo. En su editorial del 13 de marzo, EL PAÍS se lamenta de la no intervención del Ejecutivo del señor Morales a fin de resolver amistosamente el conflicto suscitado entre la justicia boliviana y la empresa petrolera. ¿Doble rasero según se trate de un conflicto interno español o de un conflicto que afecta a intereses españoles en terceros países? ¿Distinta vara de medir según se trate de asuntos de carácter político o económico? Sea como fuere, se agradecería una mayor capacidad de disimulo por parte de los creadores de opinión para evitar que a los lectores se nos resbale el periódico de las manos.- Sergio Sánchez-Pando Serrano. Zarzalejo, Madrid.

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Leo el editorial del 13 de marzo referente a la situación de Repsol YPF en Bolivia y no doy crédito a lo escrito al respecto.

Entiendo por lo que he leído que, para que el Gobierno boliviano demuestre sus promesas de colaborar con las empresas españolas que invierten en ese país, ha de hacer dejación de su estado de derecho y la libertad de ejercer su autonomía judicial ante el caso que nos ocupa.

Mientras que aquí, en España, nos jactamos de reivindicar la independencia del Poder Judicial, a ese país seudohermano le instamos a dejar de investigar presuntas acciones delictivas sólo porque, en caso de demostrarse, condenarían a una empresa española.

Y yo me planteo desde el punto de vista de un posible inversionista en Bolivia, ¿qué seguridad legal podría recabar de la justicia boliviana si se pliega a las presiones españolas.- Rafael García Jurado. A Coruña.

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