130.000 millones de euros en dinero negro

De acuerdo con los estudios más recientes, unos 130.000 millones de euros circulan por España al margen de los controles establecidos por la Administración fiscal. Es una cifra gigantesca que interpela por sí misma al conjunto del sistema, pero no cabe contar con que la Hacienda pública se ocupe de acreditarla o desmentirla. "El mensaje de la Administración no puede ser admitir que existe un gran fraude fiscal", indica un responsable del sistema tributario, "porque incrementaría la sensación de impunidad de los defraudadores y desmotivaría a los ciudadanos que cumplen con sus impuestos".

De ahí, quizá, la inexistencia de estudios oficiales sobre el volumen del fraude y la predisposición administrativa a identificar lo aparente con lo real, la punta del iceberg con el iceberg. "La Agencia Tributaria no tiene una cifra oficial de fraude porque sólo sería una estimación o una presunción; lo que sí ofrecemos son datos del fraude descubierto y de los ingresos que se obtienen por actos de liquidación. En 2005, esos ingresos habrán superado los 4.500 millones de euros, una cifra récord", apunta Luis Pedroche.

Según algunos analistas, la economía sumergida va a más

El sistema de módulos simplifica la tributación, pero es fuente de fraude

Hay una creciente preocupación sobre los paraísos fiscales

Los fabricantes de facturas falsas cobran el 6% o 7% de su importe

Entre las dos teorías clásicas existentes al respecto: la que establece que el fraude debe ser aclarado y denunciado públicamente y la que sostiene lo contrario con el argumento de que hay que evitar el efecto de contagio, la Administración española parece inclinarse por la segunda, aunque esa actitud no le lleva a negar la evidencia, ni anula sus esfuerzos por hacerse más transparente ante la opinión pública. No existen estudios oficiales recientes -tampoco en otros países europeos-, pese a que en noviembre de 2004, a raíz de una pregunta parlamentaria presentada por el diputado de CiU Carles Campuzano, el Ministerio de Trabajo se comprometió a encargar al Consejo Económico y Social (CES) la elaboración de un trabajo sobre la economía sumergida. "Ese trabajo no se ha hecho", confirma un portavoz de la oficina de comunicación del CES.

A falta de mayores explicaciones, cabe pensar que la iniciativa ha sido reconsiderada por las razones anteriormente expuestas. Y es que elaborar un estudio oficial conlleva el compromiso de publicarlo y de tener que difundir, por tanto, un mensaje considerado poco conveniente. Eso no significa que la Administración no tenga interés en conocer cuánto deja de ingresar a causa del fraude fiscal, que desdeñe los efectos que estos comportamientos producen en la equidad del sistema, en el crecimiento y distribución de la renta, ni tampoco que se inhiba ante el problema. De hecho, en la última Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales, España propuso, y obtuvo, la aprobación de un informe para priorizar la lucha contra la corrupción y la economía sumergida.

Por lo demás, ningún gobierno puede permitirse ignorar el volumen de la economía irregular si no quiere que su política económica se sustente en indicadores y estimaciones erróneas. Aunque sin la precisión que le daría un estudio serio sobre el particular, la Administración española tiene, sin duda, sus propios cálculos y una idea aproximada. En las contadas ocasiones en que se han visto interpelados y obligados a pronunciarse, los responsables de la Administración han calculado el porcentaje del 20%. "Creo que puede hablarse de un cierto consenso sobre ese dato", indica el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez. Es un consenso de mínimos, porque los últimos estudios existentes ofrecen, de hecho, resultados superiores a ese porcentaje comodín que maneja la Administración.

Un gran problema europeo

¿Está aumentando la economía sumergida en España? José María Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda del Estado (Gestha) lo cree firmemente. "Los últimos estudios avalan nuestra percepción profesional de que el fraude fiscal va a más", indica. Es una opinión que comparte el profesor de Sociología de la Universidad de Valencia, Enric Sanchis, autor del estudio Trabajo no remunerado y trabajo negro en España, publicado el pasado año. "Si nos olvidamos de lo que acaba de aflorar con la regularización de una parte de la inmigración ilegal, yo diría que la economía sumergida está aumentando. Hay que dejar de mirar hacia otro lado y realizar un estudio a fondo como el que se llevó a cabo en 1985", indica. Y según la memoria anual del Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales (SEBPLAC), unidad de inteligencia financiera ubicada en el Banco de España y adscrita al Ministerio de Economía, en 2004 se detectó un "notable aumento del número de operaciones sospechosas".

Desde luego, no es un temor exclusivamente español. "Estamos ante un gran problema europeo. O los países de la UE nos intercambiamos la información o, al final, nos encontraremos con que toda la carga fiscal descansará sobre los trabajadores y habrá que dar por muerto el Estado de bienestar", pronostica un responsable de la Administración. "Si no sabemos qué está pasando en nuestra vecina Portugal y casi nada de lo que pasa en el Reino Unido, cómo vamos a enterarnos de lo que ocurre en Lituania o en los paraísos fiscales. El modelo alemán en el que cada länder tiene su propia agencia tributaria opaca al resto de los territorios representa, exactamente", subraya, "lo contrario de lo que los tiempos reclaman".

La globalización de la economía, las nuevas tecnologías de Internet, el eficaz refugio que los paraísos fiscales proporcionan al dinero negro y las sofisticadas tramas de blanqueo permiten hoy a los defraudadores mover su capital por medio mundo sin salir de sus despachos. Se acabaron las complicaciones aduaneras y los engorrosos maletines. "En la gestión fiscal nuestro sistema funciona, todos los años producimos 2,5 millones de liquidaciones o actas paralelas, pero estamos peor organizados en lo que se refiere al mundo de las mafias y a los tráficos de armas, de droga y de blancas", indica otro responsable de la Administración tributaria.

He aquí un ejemplo, entre cientos, de sofisticadas operaciones de blanqueo detectadas por el SEBPLAC. "Sociedades constituidas en paraísos fiscales transfirieron desde el extranjero grandes sumas de dinero a cuentas de grupos de sociedades españolas, de reciente constitución, sin actividad hasta ese momento, administradas por testaferros. Las transferencias se instrumentalizaron como préstamos concedidos a las sociedades españolas, y se aplicaron a inversiones de proyectos inmobiliarios. Más tarde, las propiedades inmobiliarias se vendieron y el precio obtenido comenzó a ser transferido de nuevo a su punto de origen en concepto de devolución de los préstamos, tratando de conseguir desvincularlos de su origen ilegal. En otras ocasiones, los fondos permanecen en España, en la creencia de que ya han quedado desvinculados de su origen ilegal. Generalmente, se transfieren a cuentas particulares o de sociedades instrumentales, o se destinan a la adquisición de bienes inmuebles".

En su memoria anual de 2004, la SEPBLAC subraya que las tramas de defraudación organizada del IVA son cada vez más complejas. "Han ideado nuevos mecanismos de cortafuegos y empiezan a extenderse en sectores como el de la telefonía móvil y los automóviles". Ese servicio de élite en la vigilancia financiera advierte, asimismo, sobre la utilización de los mercados de renta variables como medio de blanqueo de capitales durante la fase de "encubrimiento" e "integración", y sostiene que el encadenamiento de transacciones internacionales a través de brokers, la liquidación por medio de entidades globales de custodia y liquidación, y el empleo de cuentas ómnibus (cuentas globales para valores e instrumentos financieros negociados en el extranjero) y nominee (cuentas a nombre de un agente fiduciario autorizado por el inversor) complican enormemente el seguimiento de los fondos y titularidades.

"Hay una preocupación creciente sobre los paraísos fiscales", confirma Luis Pedroche. "La OCDE ha optado por una nueva estrategia dirigida a que estos países establezcan convenios de intercambio de información". Los expertos de la Unión Europea calculan que el fraude en el IVA en operaciones intracomunitarias representa el 10% de la recaudación de este impuesto.

El pelotón de cabeza

Dada la naturaleza oculta del fenómeno, determinar la economía sumergida es, en cualquier caso, una tarea compleja. De ahí que algunos expertos cuestionen la fiabilidad de los estudios publicados. La propia definición de economía sumergida, también llamada oculta, dual, irregular, propicia la disparidad de resultados en los estudios, en función de si se incluye la producción de servicios y actividades ilegales como la prostitución, el tráfico de drogas y el robo.

En su último trabajo, los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Gómez González y Ángel Alañón establecen que la economía sumergida en España supone entre el 23% y el 24% del PIB: unos 130.000 millones. "Hemos utilizado una metodología basada en la circulación del dinero, sin entrar en el tráfico de droga y el resto de las actividades ilegales", explica Miguel Gómez de Antonio.

Así que ese 23% o 24% sumergido del PIB no incluye la prostitución, ni tampoco el mercado español de la droga, que el año 2000 rondaba los 3.500 millones de euros anuales. Los estudios de la Comisión Europea, publicados en 2002, señalaron que entre 1998 y 2000, la economía sumergida pasó en España del 15% al 22% del PIB, debido, sobre todo, a las prácticas fraudulentas en la construcción y la agricultura.

Según los cálculos de la Comisión Europea, Grecia encabeza, con el 30% de economía sumergida, un primer pelotón de países en el que se integran España, Portugal, Italia y Bélgica. Potencias económicas, como Reino Unido (13%), Francia (10%) y Alemania (10%), se sitúan en una zona intermedia, por delante de los países escandinavos y de Holanda (5%). Aunque algunos responsables de la Administración tributaria dudan de esta clasificación y cuestionan, incluso, la idea de que España "esté mucho peor" que Francia o Alemania, nadie niega significación al hecho de que nuestro país acapare la cuarta parte de los billetes de 500 euros (el papel refugio predilecto de la economía sumergida) que circulan por la UE a 12.

Un terreno nebuloso

España es una base preferente para el blanqueo de dinero, y no sólo porque el comercio de hachís en el Sur y el Levante genere sus propias estructuras, sus empresas pantalla y trucha, que desaparecen después de haber lavado el dinero negro. Todos los días, un ejército de pitufos, smurfets o pizzaioli se ocupa de ingresar en múltiples cuentas y sucursales pequeñas cantidades que serán recuperadas posteriormente en lo que se denominan "billetes de alta denominación", fáciles de ocultar y transportar.

Los funcionarios asignados efectivamente para combatir el fraude -"en la práctica son sólo 7.682, cuando hay 8.000 técnicos de Hacienda a la espera de ser habilitados para funciones de más responsabilidad", dicen los sindicatos- tienen que vérselas con unos 30.000 asesores fiscales, parte de ellos, economistas y abogados, que naturalmente defienden los intereses de sus clientes. Es una pelea con cruce de reproches -"hay abogados deshonestos que estimulan el fraude y no dudan en declarar la insolvencia de sus clientes"; "los inspectores actúan, a veces, sin mucho fundamento porque cobran por el montante de lo que denuncian, y eso les supone entre el 15% y el 20% de sus ingresos"- que se libra en un terreno frecuentemente nebuloso. Y es que, como dice el gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Luis del Amo, "aunque la doctrina sobre lo legal y lo no legal, sobre la 'economía de opción', 'el fraude de ley' (conflicto en la aplicación de la norma) y la 'simulación', está bien construida, en la práctica, la distinción no siempre está tan clara". He aquí algunos ejemplos.

"Economía de opción", explica Luis del Amo, "sería minimizar la carga tributaria a través de una eficiente planificación. Por ejemplo: no vender un bien con plusvalías latentes hasta que hayan transcurrido un año y un día para así tributar sólo el 15% en lugar de la tarifa general del IRPF, que puede llegar hasta el 45%". En el otro extremo, que incurre de lleno en la ilegalidad manifiesta, se encuentra la "simulación". "En este caso", explica, "el negocio no es real, existe una voluntad oculta de las partes y la intención de realizar otro negocio". Como muestra, el gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales presenta el caso de unos padres que quieren donar a sus hijos un inmueble, pero no quieren tributar por esa donación. "Los hijos adquieren el inmueble con un préstamo de los padres que, en realidad, no piensan devolver".

El terreno más conflictivo y confuso es el del "fraude de ley", término que en la nueva legislación tributaria ha sido sustituido por el de "conflicto en la aplicación de la norma", después de que el Tribunal Constitucional estableciera que no hay delito si no existe simulación probada o falseamiento alguno de la base imponible. Según Luis del Amo, el fraude de ley se caracteriza por la realización de "operaciones artificiosas o impropias dirigidas a evitar total o parcialmente el impuesto". Aunque la Administración tributaria pueda discutir la operación invocando al "conflicto en la aplicación de la norma" y reclamar el pago del impuesto, Hacienda ha perdido ahí otra batalla porque ha quedado excluida toda posibilidad de sanción.

La convicción de que las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) constituyen un refugio fiscal de las grandes fortunas está muy extendida entre los especialistas. Concebidas, teóricamente, para fomentar la inversión en Bolsa de los pequeños ahorradores, las Sicav, de las que existen unas 2.000 en nuestro país, tributan únicamente el 1%, frente al 35% (el 15% si las acciones permanecen al menos un año en las mismas manos) que conlleva la compra y venta de activos. Deben estar constituidas por al menos un centenar de personas que sólo están obligadas a tributar en el momento en que venden su participación en el fondo. En la práctica, los detentadores de grandes fortunas forman estas sociedades con testaferros, en ocasiones empleados suyos, mariachis, polizones, en el argot, a los que se les asigna participaciones insignificantes de ese fondo y que obviamente no tienen capacidad alguna de decisión sobre la política inversora que hay que seguir.

Por si fuera poco, la reforma legislativa aprobada en julio pasado ha puesto a las Sicav bajo la tutela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque la Agencia Tributaria podrá reclamar la cuota correspondiente en el caso de que la CNMV determine "de forma objetiva" que una de estas sociedades no cumple con las condiciones fijadas por la ley. Algunos expertos fiscales ven ahí el poder de influencia y presión de los grandes inversores. Y es que la estrategia impositiva tampoco puede ignorar el riesgo cierto de las deslocalizaciones y fuga de capitales. En todo caso, la fórmula Sicav ha dado tanto resultado que muchos bancos las ofertan a los grandes contribuyentes. "Quien hace un cesto, hace cientos", comenta Luis del Amo.

El sistema de módulos simplifica mucho la tributación de los pequeños contribuyentes, pero es otra fuente permanente de fraude. "La idea es buena, aunque con el tiempo ha ido pervirtiéndose. Al que le va mal se pasa a la estimación directa y al que le va bien se apalanca ahí. Es un terreno propicio para el tráfico de facturas falsas y lavado de dinero", indica Luis del Amo. Un ejemplo: "Tengo una empresa en construcción que me da dinero, pero no declaro todo. Me monto una boutique y declaro que en esa boutique gano lo que sea. Da igual lo que declare porque, como cotizo por módulos, pago siempre los mismos impuestos". Tiendas permanentemente desiertas, negocios aparentemente ruinosos que siguen en pie, mes tras mes, año tras año, forman parte del paisaje del fraude urbano.

El vendedor de facturas falsas

Como la figura del facturero, el vendedor de facturas falsas que los defraudadores utilizan para deducir ese gasto en el impuesto de sociedades y rebajar su base imponible. El facturero crea generalmente una empresa y se sirve de personas insolventes, mayores de 70 años, a poder ser, como emisores de las facturas falsas que vende. Aunque resulte algo burdo, el negocio ha funcionado muy bien en estas últimas décadas. Y es que el facturero cobra el 6% o 7% del montante de la factura falsa, que en ocasiones alcanza cifras millonarias.

El panorama general desafía, desde luego, el Plan de Prevención del Fraude Fiscal en el que la Administración tributaria ha depositado muchas de sus esperanzas. Aprobado por el Gobierno en febrero de 2005, el plan pone el énfasis en la investigación de las tramas organizadas y en la colaboración con los sectores empresariales más afectados por la competencia desleal derivada del impago de impuestos, además de tratar de poner coto a los abusos de la ingeniería fiscal y de establecer medidas cautelares para evitar las falsas insolvencias.

"El sistema de módulos va a tener alguna modificación en la futura Ley de Prevención del Fraude Fiscal", anuncia el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, "para evitar la emisión de facturas falsas. Cuando abonen facturas emitidas por empresarios en módulos, los empresarios tendrán que aplicar a cada una de estas facturas una retención del 3% e ingresarla en Hacienda". Entre la treintena de medidas propuestas, el anteproyecto de ley contempla, asimismo, la obligatoriedad de consignar en las escrituras de las viviendas el medio de pago empleado en la compra. No puede decirse que el proyecto haya sido acogido con gran entusiasmo por los sindicatos, porque tanto los representantes de Gestha como los de la Organización de Inspectores de Hacienda lo consideran insuficiente.

El objetivo implícito es reducir el fraude en 10 puntos porcentuales hasta hacerlo converger con el de la UE. Eso significaría hacer aflorar 56.500 millones de euros y recaudar más de 13.000 millones adicionales que permitirían al Estado incrementar su presupuesto social. El otro objetivo es evitar que la ley se convierta en un tigre de papel para los aprovechados del sistema y que los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos no se vean burlados.