Una investigación por “organización criminal” mantiene en prisión al líder de una empresa de ‘desokupación’

Las desocupaciones de viviendas son un negocio lucrativo que operan al margen del cauce judicial. Desde octubre, un juez mantiene en prisión a Andrei S., dueño de una de estas compañías, Antiokupa Tarraco, sospechoso de liderar “una organización criminal” que actúa con “la finalidad única y exclusiva de cometer actos delictivos” para “sacar rendimiento económico”. La investigación les relaciona con más de 60 denuncias por desahucios, en los que se ha usado, según la investigación, intimidación hasta desgastar psicológicamente a las víctimas, y advierte de que existe “una cifra sumergida muy alta” de afectados. El encarcelado asegura que solo ayuda a gente honrada a recuperar sus casas, critica que haya sido enviado a prisión dos veces por la misma causa y denuncia “lentitud” judicial. Las empresas dedicadas a desocupaciones de viviendas están en el punto de mira después de que Podemos haya exigido su ilegalización al Gobierno.

El proceso contra Antiokupa Tarraco empezó en septiembre de 2023, cuando cuatro trabajadores de la empresa y dos inquilinos de un piso que querían desalojar en Reus se vieron envueltos en una trifulca. El responsable de la compañía, Andrei S., y los demás quedaron en libertad, y la causa se sobreseyó. Pero los Mossos iniciaron una investigación sobre la manera de actuar de Antiokupa Tarraco y presentaron poco después al Juzgado de Instrucción número 3 de Reus un informe inicial con una treintena de denuncias contra la empresa. Después de varios meses de investigación, declaraciones, seguimientos e intervenciones, Andrei S. y siete empleados más fueron detenidos. El juez decretó prisión para él por primera vez, junto a otro trabajador.

La investigación concluye indiciariamente que la empresa es una organización criminal que se enmascara bajo una “falsa apariencia” de actuar conforme a la ley para recuperar casas ocupadas. Y resume los delitos que, presuntamente, cometen los integrantes de Antiokupa Tarraco: lesiones, violación de domicilio, daños, coacciones, acoso, robos con fuerza, amenazas, delitos contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, robo con violencia, y pertenencia a organización criminal. La defensa de Andrei S. niega la mayor: en ningún caso son una organización criminal, y como mucho se le puede acusar de coacciones o amenazas leves, que no llevan aparejadas penas de prisión. También señalan que el juez que instruye su causa, Diego Álvarez, se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto de las ocupaciones. Álvarez intervino en programas de televisión en agosto de 2022 para desmentir que si a alguien le ocupan la casa en la que vive es imposible echarlo, señaló que se trata de un allanamiento de morada y que, en las raras ocasiones que ocurre, los jueces actúan con celeridad.

La causa contra Antiokupa Tarraco recopila numerosas denuncias sobre la manera presuntamente delictiva con la que opera la compañía, y documentos judiciales las resumen en cuatro fases. La primera es la “negociación/mediación inicial”, para intentar que las personas abandonen el piso. La mayoría de las veces es una “mediación ilícita” porque tiene un “tono intimidatorio” o se hace “mediante coacciones”, sostiene el auto de prisión. Si no surte efecto, le sigue una etapa de “vigilancia y acoso”, en la que la “amenaza es más explícita”. “Si no te vas, saldrás con los pies por delante”, dice uno de los mensajes que la policía intervino en las conversaciones telefónicas de los acusados. A continuación, llegan las “coacciones”, con daños en casas, vehículos, inutilización de cerraduras, cortes de suministros de agua y luz, y amenazas telefónicas. Y acaba con un “aumento de la intensidad criminal”, en la que cita ejemplos como sustraer a una niña de tres años de los brazos de su madre para que corra detrás de ellos y hacerla salir así del domicilio, o amenazas más explícitas: “Que te vayas, que la próxima vez no será esto y vamos a ir a por tu madre”. También cita el uso de defensas personales, porras extensibles (cuyo uso está solo autorizado a las fuerzas de seguridad) o gas pimienta.

Los informes describen patrones intimidatorios, que causan “desgaste psicológico” en las víctimas para que abandonen de las viviendas, lo que genera un “estado de hipervigilancia continuo”, con “trastorno del sueño, ansiedad y estrés sostenido en el tiempo”. Las víctimas denuncian que se han visto obligadas a “cambiar sus rutinas”, como no salir de su casa por si causaban daños en estas o aparcar lejos el coche para que no les pinchasen las ruedas. “Todos estos miedos están fundamentados en el hecho de que los miembros de Antiokupa [Tarraco] habrían amenazado de muerte o con causar daños físicos a algunas víctimas”, abunda la resolución judicial del primer ingreso en prisión de Andrei S. También detallan vigilancias sobre las víctimas, seguimientos por GPS, llamadas nocturnas a horas intempestivas, golpes en las puertas de acceso con herramientas como martillos o hachas, a veces de noche, pintadas, y cortes de luz y agua en viviendas con niños.

Modo de vida

El investigado ingresó en prisión por primera vez el pasado 14 de mayo, después de solicitarlo la Fiscalía. El juez apreció que existía, entre otras, un riesgo de reiteración delictiva, porque consideraba que era el modo de vida de Andrei S. Pero un mes después (el 28 de junio) la Audiencia Provincial de Tarragona escuchó los alegatos de la defensa y ordenó su puesta en libertad y la del otro acusado encarcelado con la obligación de firmar cada lunes en el juzgado. Destacó que Andrei S., de 39 años, carecía de antecedentes por este tipo de delitos y que tenía arraigo en España. Además, la empresa Antiokupa Tarraco se dio de baja, también en las redes sociales, por iniciativa propia.

Pero solo unas semanas después, el 26 de julio, se dictó una orden de alejamiento de Andrei S. de uno de los denunciantes, que aseguró que se había acercado a él en “actitud intimidatoria y amenazante”. El 10 de septiembre, los Mossos comprobaron que había regresado la actividad en las redes de Antiokupa Tarraco, y además recopilaron tres denuncias más contra su dueño durante el mismo mes. El juez le citó el 9 de octubre y Andrei S. fue encarcelado de nuevo a petición de la Fiscalía, por el riesgo de reiteración delictiva y de no acudir a firmar al juzgado. Su defensa critica que los denunciantes no han declarado en sede judicial, señala contradicciones en las propias diligencias policiales y asegura que uno de los casos ni siquiera es una denuncia formal, sino que se basa en una publicación en la red social X (antes Twitter). También insiste en que el investigado acudió al juzgado sabiendo que era probable que ingresase en prisión de nuevo, lo que diluye el riesgo de fuga.

En esta ocasión, la Audiencia de Tarragona ratificó la prisión preventiva de Andrei S. en diciembre. “Apreciamos una falta de voluntad absoluta en el investigado en cesar en actividades delictivas presuntas, lo que constituye un intenso e inadmisible riesgo de que, en caso de encontrarse en situación de libertad, el mismo reitere en conductas como las que se están investigando”, razona el tribunal. Y añade también el “reiterado incumplimiento de las comparecencias que le fueron fijadas” para que permaneciese en libertad, lo que califican de una “nula adherencia” a las medidas que se le impusieron y un “riesgo de sustracción de la justicia especialmente intenso”. Su abogada, Aina Paredes, insiste en que existen medidas menos gravosas, como la libertad bajo fianza o, incluso, firmar a diario ante el juez.

Paredes también ha alegado la “paralización de la causa” por no haberse llevado a cabo “diligencias instructoras” en diversas ocasiones y ha pedido la nulidad de la misma, además de esgrimir indefensión durante el proceso. La Audiencia de Tarragona aprecia “cierta lentitud”, que atribuye a una investigación con “tintes complejos”, pero no ve “ninguna paralización importante” ni que se haya extendido de forma excesiva. Aun así, urge a que se “finalice la tramitación” y se celebre juicio cuanto antes.