Podemos aleja aún más la aprobación de los Presupuestos del Estado

Junts y Podemos, Podemos y Junts: la derecha independentista catalana y la izquierda que presume de mayor pureza se confirman cada día como las dos grandes fisuras en la base parlamentaria que necesita Pedro Sánchez. Si la aprobación de unos nuevos Presupuestos del Estado ya parecía difícil por la actitud del partido de Carles Puigdemont, la posibilidad se aleja aún más por la posición de Podemos. El grupo que lidera Ione Belarra descarta sentarse a negociar las cuentas con el Gobierno, una vez que el Congreso rechace este miércoles prolongar otro año el impuesto a las grandes compañías energéticas.

La decisión de mantener tal impuesto, que en el ejercicio pasado proporcionó ingresos por 1.200 millones de euros, queda fuera del alcance del Ejecutivo. De hecho, el último Consejo de Ministros de 2024 acordó prolongarlo mediante un decreto previamente pactado con ERC, EH Bildu y BNG. Pero entonces ya se sabía que la aprobación era meramente simbólica, porque Junts y PNV lo rechazarían cuando llegase el momento de convalidarlo en el Congreso. Ese momento ha llegado. Y pese a que la correlación de fuerzas en el Parlamento resulta inesquivable, Podemos responsabiliza al Gobierno “porque tenía que haberse esforzado más” para convencer al soberanismo conservador.

“La confianza de Podemos con este Gobierno se ha roto”, dictaminó este martes su diputado Javier Sánchez Serna. “El Gobierno no quería cumplir con Podemos, quería cumplir con el PNV y con Repsol”. De tal modo que el partido fundado por Pablo Iglesias ni siquiera se sentará a negociar los Presupuestos. Fuentes de la formación argumentaron que unas nuevas cuentas tendrían un sesgo más derechista que las actuales prorrogadas, ya que necesitarían el apoyo de Junts y PNV para salir adelante.

Ninguna de las otras formaciones a la izquierda del PSOE sigue a Podemos. “La realidad y el arco parlamentario son los que son, no los que a nosotros nos gustaría”, constató el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute. El diputado abertzale prefirió dirigir sus dardos al PNV, al que acusó de nuevo de actuar al servicio de Repsol, compañía dirigida por un antiguo presidente de ese partido, Josu Jon Imaz: “Las Haciendas vascas van a perder 100 millones al año para que se los ahorre Repsol y agradar así a su CEO”. Matute instó a PNV y Junts a poner fin al “acercamiento a las derechas españolas que vienen protagonizando en los últimos meses”. En una línea parecida, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, aludió al conjunto de “las derechas” para reprocharles que propicien un “regalo” a las grandes energéticas, “mientras hay personas que no pueden encender la calefacción”.

Al pleno extraordinario de este miércoles, el primero del año, se someterán otros dos decretos. El que recoge la pequeña reforma de las pensiones pactada en el verano por sindicatos y patronal tiene garantizada la aprobación, aunque también suscite diferencias entre los aliados de Sánchez. EH Bildu y BNG confirmaron su voto en contra por discrepar de las medidas que permitirán prolongar voluntariamente la vida laboral tras la jubilación. Será el anunciado apoyo del PP el que facilitará que la medida prospere.

La incógnita sigue centrada en un tercer y amplísimo decreto ómnibus repleto de medidas sociales en su centenar de artículos. Aquí toda la izquierda y el PNV brindarán su respaldo. Es Junts quien mantiene la incertidumbre, tras haberse reunido de nuevo este lunes en Bruselas con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sin que hayan trascendido detalles de lo tratado. El PP, por su parte, sugiere que le dará la espalda, pese a que de su aprobación dependen cuestiones como la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al uso del transporte público, las entregas a cuenta del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos o un paquete de 4,5 millones para que el gobierno popular de Ceuta afronte los gastos de acogida de menores inmigrantes.

Fuentes de la dirección socialista reconocieron que hasta el último momento no se sabrá el sentido de la votación, pero recalcaron que el PP y Junts tendrían muy difícil explicar su rechazo a un paquete que comprende medidas como el alza de las pensiones a 11 millones de jubilados. En la cúpula socialista confían en que ambos grupos se abstengan al menos.

El PP esgrime para justificar su posible falta de apoyo que el decreto incluye la cesión al PNV de la actual sede del Instituto Cervantes en París, un palacete adquirido a principios del siglo XX por militantes de ese partido para ceder su uso al Gobierno vasco. El inmueble fue incautado por los nazis durante la ocupación de la capital francesa y entregado al franquismo. Los populares argumentan que los tribunales de la época validaron la propiedad del Estado. Al comentar el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, cargó con una dureza extrema y sin precedentes contra el grupo vasco, al que tachó de “miserable”, “asqueroso”, “rastrero”, “aprovechategui” o “lamentable”. Un ataque de un calibre semejante solo podía obedecer a un intento de provocar la ruptura total e irreversible con los peneuvistas.

Junts, por su parte, se mantiene en la ambigüedad. La única declaración oficial la emitió su vicepresidenta y portavoz en el Parlament, Mònica Sales, quien recordó que Puigdemont ha dado por rotas las “negociaciones sectoriales” con el Gobierno, pero a la vez mantiene que su formación analizará todas las propuestas “en las que hay un beneficio para Cataluña”, informa Marc Rovira.

El pleno de este miércoles aprobará además, en este caso con un acuerdo total de los grupos, la concesión del suplicatorio al exministro y ex número dos del PSOE José Luis Ábalos para permitir que el Tribunal Supremo lo investigue por el caso Koldo. Tellado lo anticipó como un “momento histórico” y recordó que no se había producido nada igual con un exministro desde que en 1995 se concedió el suplicatorio de José Barrionuevo, titular de Interior con Felipe González, por su implicación en el caso GAL. En su espiral de acusaciones, Tellado llegó a afirmar que el Gobierno “se comporta como una mafia”.