Feijóo confirma su apoyo a la última parte de la reforma de pensiones del Gobierno pero rechaza un pacto de Estado de vivienda

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes su apoyo a la última parte de la reforma de las pensiones, cuya aprobación parecía en el aire por el rechazo de algunos de los socios habituales del Gobierno, como ERC, Bildu, BNG y Podemos. “Hay aquí muchos diputados, no sé si ha habido reunión del grupo, y que venga yo a decir qué vamos a votar 136 me parece inadecuado. Yo sí sé lo que va a votar el diputado 137, que soy yo, y espero convencer al grupo”, ha indicado el líder del PP en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. “No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí en el contenido, hay un acuerdo entre patronal y sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto. Es necesario reunir al grupo y formar la posición definitiva”, ha agregado Feijóo, una semana antes de que se someta a debate el decreto de ley en el Congreso que incorpora la reforma.

Sin embargo, las posiciones están enfrentadas en la normativa sobre vivienda. Tras dos días en los que Gobierno y PP han anunciado sus respectivas recetas para atajar el encarecimiento del alquiler y la compra de inmuebles, el jefe de la oposición ha alejado la posibilidad de un pacto de Estado en materia de vivienda con La Moncloa. El entendimiento ante un problema crucial es hoy un escenario aún más complicado, ha señalado Feijóo, tras el registro de la “Ley Begoña”. El líder de los populares se ha referido así a la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso para limitar la acusación popular, que busca la “impunidad” de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y de su hermano. Ambos con investigaciones abiertas a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

“Si el Gobierno quiere negociar, tiene nuestra oferta en el Congreso. Presentaremos la ley y, si quieren hacer enmiendas, las harán. Lo que le puedo asegurar es que, si no retira esta ley para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar a la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de derecho”. Después de la cumbre de barones de este fin de semana celebrada en Oviedo, Feijóo ha reiterado su rechazo al “intervencionismo” de las medidas de Sánchez sobre vivienda y ha hecho un nuevo anuncio: las comunidades populares abrirán un portal de suelo público “con información detallada de las parcelas donde construir pisos”. Además ha pedido a La Moncloa que reduzca del 10% al 4% el IVA a los jóvenes que compren vivienda nueva.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya avanzó en el Congreso Federal de su sindicato, a finales de noviembre, que el PP tenía la intención de apoyar la última parte de la reforma de pensiones. “Quiero agradecerle al Partido Popular que, más allá de otras cuestiones, se haya comprometido a efectivamente dar soporte al último acuerdo de pensiones”, indicó el líder sindical, que este martes también estaba presente en el desayuno informativo organizado en el hotel Four Seasons en Madrid.

Su sindicato, junto a CC OO y las patronales CEOE y Cepyme, acordaron la reforma el 31 de julio de 2024. Lo firmaron a mediados de septiembre en La Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo dijo entonces que esta es una de las reformas “que hacen país, que unen, las que ofrecen solidez al sistema y permanencia en el tiempo”. El PNV viene manifestando su respaldo al acuerdo, mientras que Junts no desvela el sentido de su voto.

Con este anuncio de Feijóo se confirma que el PP da soporte por primera vez a un cambio de este Gobierno en materia de pensiones. En la anterior legislatura, José Luis Escrivá ya acometió dos grandes reformas: la primera para eliminar el factor de sostenibilidad (que introdujo el PP de Mariano Rajoy) y vincular las revalorizaciones con el avance del IPC (de manera que las pensiones vienen creciendo al ritmo de los precios para no perder poder adquisitivo, en una senda de subida muy superior a la de los salarios); la segunda reforzó los ingresos del sistema, incluyendo una cláusula que aumenta las cotizaciones si se dispara el gasto.

Los sindicatos apoyaron estos dos cambios, pero no lo hizo la patronal. Esta tercera modificación, con Elma Saiz a las riendas de Seguridad Social, sí logra el apoyo de los representantes de los empresarios y de los trabajadores. La reforma fue aprobada como real decreto ley en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, a la espera de ser convalidada en el Congreso. El respaldo del PP, junto a los votos de los partidos que sustentan el Gobierno, garantiza que salga adelante.

Cambios en la jubilación activa y parcial

La reforma busca, ante el desafío que supone para el sistema la jubilación de la pobladísima generación del baby boom, animar a más trabajadores a que prologuen su vida laboral con nuevos incentivos. Para ello, el Gobierno hace compatibles esos premios con la jubilación activa (que se flexibiliza, al no exigir una carrera completa de cotización), de manera que el empleado pueda seguir en su puesto y cobrar parte de la pensión. Quien se acoja a la jubilación demorada podrá seguir incrementando como hasta ahora un 4% anual su pensión, pero con una mejora: a partir del segundo año de demora, el complemento económico se computará semestralmente (un 2% más cada seis meses). En adelante, los incentivos se podrán compatibilizar con el sueldo y el cobro de una parte de la pensión.

En la misma línea se plantean cambios en la jubilación parcial, la modalidad en la que el empleado se reduce la jornada sin que su pensión encoja al llegar a la edad de retiro. El acceso a esta modalidad podrá adelantarse tres años (hasta ahora eran dos) a la edad ordinaria de jubilación. En el primer año, solo podrá reducirse la jornada entre un 20% y un 33%, y a partir del segundo podrá ser entre el 25% y el 75%. Además, el trabajador relevista (el que cubre al que se jubila parcialmente) deberá tener un contrato indefinido y a jornada completa. La reforma también mejora la cotización de los fijos discontinuos: su periodo de cotización se calculará con un coeficiente multiplicador del 1,5, de manera que seis meses equivaldrían a nueve.

Hay otras partes del acuerdo que no necesitan de apoyo parlamentario para salir adelante, ya que son desarrollos reglamentarios, como los nuevos coeficientes reductores para ocupaciones penosas, que adelantan la jubilación en puestos peligrosos o exigentes físicamente. Tampoco depende del voto favorable del Congreso el nuevo papel que la reforma plantea para las mutuas, que ganan protagonismo en el tratamiento de dolencias traumatológicas para desatascar las listas de espera, siempre y cuando el paciente consienta. Este nuevo escenario depende del desarrollo de convenios autonómicos (ya en marcha), así que tampoco podría vetarlo el Parlamento. La formación de la comisión tripartita de seguimiento del nuevo desempeño de las mutuas sí exige cambios legislativos que necesitan la luz verde de la mayoría del Congreso.

Rechazo al nuevo papel de las mutuas

Justo este nuevo planteamiento para las mutuas, aunque no dependa del voto del Parlamento, es uno de los elementos que más rechazan ERC, Podemos, Bildu y BNG. “Es gravísimo trasladar a las mutuas las pruebas diagnósticas en casos de traumatismos. Esto es financiar a la sanidad privada en detrimento de la pública. La ministra dijo que serviría para que los trabajadores se recuperen más rápido y mejor. Más rápido seguro, pero mejor no lo sabemos”, denunció en conversación con este periódico el diputado gallego Néstor Rego (BNG).

Este papel más preponderante de las mutuas viene justificado por el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que suscribieron sindicatos y patronales en 2023. En ese texto, los agentes sociales acordaron catalogar el alza de las bajas laborales como “preocupante” y plantearon un mayor uso de las mutuas en bajas traumatológicas, siempre y cuando consienta el paciente. UGT y CC OO han sufrido muchos ataques por defender esta posición, tanto desde parte de la izquierda parlamentaria como desde otros sindicatos. Defienden su postura porque las mutuas son “parte del sistema de la Seguridad Social y se financian con cuotas de los trabajadores”, y su “desaprovechamiento” creen que repercute en un aumento de las listas de espera, lo que incrementa la duración de las bajas.