Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo para reformar aspectos clave de las pensiones
El pacto pasa por derogar el factor de sostenibilidad, se utilizará el IPC como referencia para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones y se aprueban medidas para retrasar las jubilaciones
La primera parte de la reforma de las pensiones ya está definida y acordada. En esta fase destacan, sobre todo, los incentivos para retrasar la edad de jubilación, con premios para los que alarguen el retiro y penalizaciones para los que se jubilen antes de la edad reglamentaria. Las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos llegaban muy avanzadas a la reunión fijada para este lunes, y en ella se han terminado de resolver algunos aspectos técnicos que quedaban pendientes y se ha alcanzado un acuerdo que satisface a todas las partes. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, había allanado aún más el camino al asegurar este lunes en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum ―celebrado escasas horas antes del encuentro―, que consideraba “razonable” pensar que se pudiera alcanzar un acuerdo esta semana, ya que a lo largo de las últimas reuniones se había ido “aproximando y mejorando el texto progresivamente con las aportaciones de todos”.
En este primer paquete reformador ―que cuenta con el respaldo de Bruselas― se contemplan tres apartados fundamentales: la revalorización de las pensiones adecuándolas al Índice de Precios al Consumo (IPC); el establecimiento de medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal y la derogación del factor de sostenibilidad (el mecanismo que liga la prestación a la esperanza de vida). También se ha acordado trasladar el déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado, liberándole así de soportar los gastos impropios, algo más de 22.000 millones que serán costeados con impuestos en lugar de con cotizaciones. Con este trasvase, el Ejecutivo considera que se clarifica la situación financiera del sistema y se rebaja la inquietud de los pensionistas. Desde este momento algunas partidas como las ayudas a jubilaciones anticipadas, la reducción de cotizaciones para favorecer el empleo, el tratamiento favorable de regímenes como el sistema agrario o el complemento de maternidad correrán a cargo del Estado.
Más adelante se resolverán los aspectos relacionados con la segunda parte de la reforma, entre los que se encuentran el cómputo de años para calcular las pensiones, la subida de las bases máximas de cotización, las cotizaciones de autónomos por sus ingresos reales y los cambios relativos a las pensiones máximas.
Cheques de hasta 12.000 euros para retrasar la jubilación
Para favorecer que los trabajadores alarguen su trayectoria laboral, el Gobierno ha diseñado un rango de bonificaciones por cada año extra que sumen a partir de haber alcanzado la edad legal de jubilación. Estos cheques ―que van en consonancia con el volumen de las pensiones obtenidas a partir de los años de cotización― van desde los 4.786,27 euros para los que tienen las pensiones más bajas (9.569 euros al año), hasta los 12.060,12 para aquellos que han cotizado durante más de 44 años y medio y tienen derecho a una pensión máxima (37.567 euros). De esta forma, se rompe con la limitación de la cuantía de la pensión máxima que se había establecido, y se permite que crezca en función del número de años en los que se aumente la trayectoria profesional.
La otra vía para retrasar la edad de jubilación pasa por reducir la cantidad de las pensiones en función del número de meses ―ya no es por trimestres― que los pensionistas decidan adelantar su jubilación. Aunque estos coeficientes también varían en función del periodo cotizado, los valores más altos alcanzan el 21% para aquellos que decidan retirarse 24 meses antes de cumplir la edad legal (el periodo máximo que se puede adelantar) y que hayan cotizado menos de 38 años y medio; y el 13% para los que tengan 44 años y medio. El pellizco va disminuyendo en función del número de meses hasta alcanzar los recortes más bajos, que son del 3,26% y el 2,81%, respectivamente, cuando lo que se adelanta es tan solo un mes.
Revalorización con el IPC
Otro aspecto importante de esta parte de la reforma de las pensiones es la que tiene que ver con su revalorización. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y con el objetivo de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, estas se adecuarán de acuerdo con la inflación registrada en el ejercicio anterior, y que viene determinada por el IPC ―un índice que recoge la variación de los precios de una serie de bienes y servicios adquiridos por los hogares―. Además, se ha garantizado que en el caso de que el resultado de este sea negativo ―que los precios bajen― se mantendrán inalteradas. Eso sí, cada cinco años, Gobierno y agentes sociales llevarán a cabo una evaluación para contemplar si es necesario realizar algún ajuste, siempre para que no se produzca una pérdida del poder adquisitivo.
Según los cálculos realizados por Seguridad Social, y en base a los parámetros establecidos por Europa ―que exige comparar las proyecciones con el marco vigente, esto es, la reforma de 2013―, la revalorización de las pensiones supondrá un incremento del gasto del 2,5 del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2050. Para cubrir este aumento, en el Ejecutivo calculan que 1,3 puntos los soportará el retraso en la edad de jubilación y algo menos de un 0,9 el nuevo factor de equidad intergeneracional.
Pero quizás la vía por la que más ha apostado el Gobierno para corregir los desequilibrios del sistema de pensiones, y para aliviar ―en la medida de lo posible― su peso en las cuentas, es la que se dirige a acercar la edad real de jubilación (ahora en unos 64,6 años) a la edad legal (entre 65 años y 66 años en 2021). Para ello se han acordado una serie de instrumentos que funcionan tanto como incentivos o desincentivos para alargar las carreras profesionales. Durante su participación en el desayuno de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha señalado que estas medidas para extender las carreras serán “voluntarias”, y contarán con un “despliegue de forma gradual”.
Mecanismo de equidad intergeneracional
La derogación del factor de sostenibilidad ha sido una máxima para los sindicatos durante toda la negociación. Este mecanismo de ajuste, introducido por el Partido Popular en 2013 y que iba a haber entrado en vigor en 2019 ―fue suspendido hasta 2023―, tenía como objeto establecer el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida. En opinión de los representantes de los trabajadores este sistema penalizaba exclusivamente a los jubilados, ya que no ponía el foco en otros parámetros como el cálculo de la prestación, los años que hay que trabajar para ganar el derecho, la edad de jubilación, los incentivos y penalizaciones para alargar la vida laboral o las cotizaciones.
El factor de sostenibilidad será reemplazado por una nueva fórmula correctora que, según adelantan desde el departamento de Escrivá, estará disponible en los próximos cinco meses. Se tratará de “un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027″, tal y como recoge el borrador de anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este plazo de cinco meses satisface a los sindicatos, que lo entienden suficiente para encontrar una nueva fórmula que vincule a las distintas generaciones y resulte menos discriminatorio.
Segunda fase
Dentro de la segunda fase de la reforma de las pensiones, y que es donde las partes implicadas en la negociación aseguran que se concentran las mayores discrepancias, se resolverá el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, y la elevación gradual de las bases máximas de cotización. Mientras que la nueva tabla de valores para los trabajadores por cuanta propia está bastante avanzada ―queda por determinar cuantos tramos y sobre qué cantidades se aplican― según reconocen las organizaciones que los representan, es el otro punto el que mantiene enfrentados a Gobierno y patronales. El componente 30 del Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas recoge que se elevará de forma gradual la base máxima de cotización para las pensiones antes de finalizar el año 2022 y que su implementación abarcará las próximas tres décadas progresivamente, de forma que se asegure su correcto despliegue.
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