El Congreso desestima las alegaciones de Ábalos y elevará al pleno el suplicatorio para que se le investigue

La comisión del Estatuto del Diputado del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo investigue a José Luis Ábalos en la trama Koldo. La decisión tendrá que ser ahora elevada al pleno de la Cámara para su aprobación definitiva. Con esta decisión, los grupos rechazan todas las alegaciones presentadas por el exministro.

Ábalos compareció el lunes para reclamar amparo de la Cámara porque entiende que la investigación que le afecta está plagada de irregularidades y para ello entregó un escrito de 88 folios con fotocopias de correos y exposiciones sobre presuntas irregularidades por parte de la unidad especial de la UCO en este caso y argumentó que todo se debía a una “cacería política” de la derecha política, judicial y mediática para construir un caso para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos intentó convencer a los diputados de todos los partidos de que se le ha practicado una “investigación prospectiva”. En su diatriba también culpó al PSOE de aceptar ese escarmiento contra él, sin escucharle ni atender a sus alegaciones, para practicar una especie de ejemplaridad que entiende no le va a servir de nada.

Tras una hora de reunión a puerta cerrada, el presidente de la comisión, Manuel Cobo, ha comunicado el resultado de las deliberaciones, subrayando que la decisión se ha adoptado por unanimidad y con todos los grupos parlamentarios presentes. En el seno de la comisión no ha habido prácticamente ni debate, según fuentes presentes en la misma, que se ha desarrollado a puerta cerrada. La comisión entregará ahora su dictamen con esa decisión a la Mesa del Congreso que debe decidir cuándo se votará.

Ábalos defiende que en su caso se ha montado un operativo ex profeso para llegar a unas conclusiones predeterminadas y en esa acusación incluye desde actuaciones de unidades especiales de la Guardia Civil para interceptar documentación de un alto cargo a intervenciones sobre correos electrónicos privados, con datos y conversaciones personales, pero también entromete sin citar a jueces y cargos políticos relacionados con el PP o miembros de la policía. Pero al único que citó con su nombre y apellidos ante los medios, y que dijo iba a detallar ante la comisión, fue al capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, al que se atribuye el inicio de las indagaciones sobre Koldo García tras las revelaciones de un confidente imputado en el caso del fraude de los hidrocarburos. El exnúmero dos del PSOE apuntó así contra Bonilla porque trabajó para la Fiscalía Anticorrupción que llevó parte de este caso hasta abril de 2023 y que en octubre de ese mismo año fichó la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como director de seguridad corporativa.