Ábalos alega una “cacería política” para frenar el suplicatorio y evitar que el Supremo le investigue

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparecido este lunes ante la comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso para reclamar amparo de ese órgano que debe impulsar ahora el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo en su condición de aforado para suspender su inmunidad y poder investigarle en el llamado caso Koldo. Ábalos acudió a la comisión para intentar convencer a los diputados de todos los partidos, que están a favor de conceder ese suplicatorio, de que se le ha practicado una “investigación prospectiva” con todo tipo de irregularidades para someterle a una “cacería política” que le dañe a él, al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero en su diatriba también culpó al PSOE de aceptar ese escarmiento contra él, sin escucharle ni atender a sus alegaciones, para practicar una especie de ejemplaridad que entiende no le va a servir de nada. La comisión debía aprobar esta tarde el suplicatorio, pero la decisión se alargará unas horas más, hasta las 12.30 de este martes debido al volumen de documentación aportada por Ábalos. El pleno de la Cámara refrendará el suplicatorio en pocas semanas.

La comisión del Estatuto del Diputado citó este lunes en persona a las 12.30 horas a Ábalos para tener en cuenta sus alegaciones contra el suplicatorio que ha solicitado el Supremo por sus implicaciones en el caso Koldo, que el diputado ―ahora en el Grupo Mixto― también recurrió sin éxito ante el alto tribunal porque considera que fue sometido a una investigación ilegal en la que se vulneraron sus derechos y garantías procesales. Ese recurso ya fue rechazado porque el juez instructor sí mantiene que existen “indicios bastantes” para averiguar cuál fue su papel en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos durante la compra de mascarillas en la pandemia de la covid. Ábalos no descarta acudir incluso al Tribunal Constitucional para recurrir esa decisión.

El exministro, expulsado del grupo socialista y pendiente de un expediente similar por parte del PSOE que también cuestiona, ha tomado todas esas acciones porque entiende que en su caso se han cometido todo tipo de infracciones y ha presentado así denuncias también contra la Fiscalía. Ábalos recogió ante los periodistas una cita histórica del expresidente chileno Salvador Allende, sobre que “no basta que todos sean iguales delante de la ley, es necesario que la ley sea igual para todos”, para concluir que en España, ahora, “la Justicia no es igual para todos”. Y en esa línea abundó en que su caso tiene un “origen de motivación política” para construir una causa y un relato con un objetivo político: derribar al Gobierno.

El exdirigente socialista acudió con ese bagaje y con esa estrategia de defensa al Congreso este lunes para exponer ante los diputados, pero también en varias comparecencias improvisadas ante los medios, su teoría de que el Congreso no debería conceder su suplicatorio porque significaría un peligroso precedente sobre los derechos de protección especial de que disfrutan todos los parlamentarios y se volvió a declarar inocente de todo lo que se le acusa. Hasta arguyó, en ese sentido, que le encantaría que se investigase bien su patrimonio porque se encontrarían muchas sorpresas.

“El aforamiento no es un privilegio, es una garantía para poder representar a los ciudadanos, pero no para eludir la acción de la justicia”, expuso Ábalos ante los medios y afirmó que él nunca se había manifestado a favor de que se concediese en su caso aunque sí apuntó que cuando el Tribunal Supremo le ofreció la posibilidad de acudir a declarar voluntariamente lo aceptó.

Los componentes de la comisión del Estatuto de Diputados del Congreso están a favor de dar el suplicatorio y permitir la investigación del Supremo, en una decisión que se conocerá formalmente este martes a partir de las 12.30 porque los componentes de la misma se han dado unas horas más para analizar la voluminosa documentación aportada por el exministro. El suplicatorio que se da por hecho tendrá que ser refrendado luego por el pleno de la Cámara en una sesión que está por convocar de manera extraordinaria a finales de este mes o a primeros de febrero. El propio PSOE ha avanzado que respaldará esa concesión. El exministro ha apuntado en ese sentido a la salida de la cita que se ha sentido bien tratado, y hasta con cariño por la representante socialista, pero ha concedido que el asunto no depende de ella y que ya está decidido de antemano.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso al respecto data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y al hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles del Ministerio del Interior. El último suplicatorio que salió adelante se aprobó en septiembre de 2022 sobre el exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación por una serie de contratos que realizó en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres).

Ábalos defiende que en su caso se ha montado un operativo ex profeso para llegar a unas conclusiones predeterminadas y en esa acusación incluye desde actuaciones de unidades especiales de la Guardia Civil para interceptar documentación de un alto cargo a intervenciones sobre correos electrónicos privados, con datos y conversaciones personales, pero también entromete sin citar a jueces y cargos políticos relacionados con el PP o miembros de la policía. Pero al único que citó con su nombre y apellidos ante los medios, y que dijo iba a detallar ante la comisión, fue al capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, al que se atribuye el inicio de las indagaciones sobre Koldo García tras las revelaciones de un confidente imputado en el caso del fraude de los hidrocarburos. El exnúmero dos del PSOE apuntó así contra Bonilla porque trabajó para la Fiscalía Anticorrupción que llevó parte de este caso hasta abril de 2023 y que en octubre de ese mismo año fichó la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como director de seguridad corporativa.