El mes de Sebastián, un menor de 11 años, durmiendo en el McDonalds del aeropuerto de Barajas

La noche, para Sebastián, es una larga espera entre un “delicioso” olor a nuggets de pollo. Ratos muertos de cabezada en cabezada donde cunde, sobre todo, el aburrimiento. De cuando en cuando algo distrae al niño, de 11 años, que se sienta junto a su madre, María, de 33 años, en una de las mesas del Mc Donalds de la T-4 del aeropuerto de Barajas, que tienen el privilegio de tener un enchufe junto al sillón. Fantasías que Sebastián inventa en medio de la pesadumbre de los adultos que tiene a su alrededor. Hoy, se ha decantado por una breve obra de teatro que él mismo interpreta con dos playmobiles. La primera noche que durmió aquí, el 1 de noviembre de 2024, Sebastián se complacía simplemente con poder recostarse “entre hamburguesas”. Después de más de 30 días pernoctando en el Mc Donalds, le recuerda a su madre que ella le había prometido dos noches de hostal esta semana. “No mientas, solo te dije una”, responde María. Junto a ellos, más de 200 personas duermen a diario en la terminal.

Después de quedarse sin habitación, María —que prefiere dar un nombre falso para ella y para su hijo por “vergüenza”— acudió a los distintos puntos de ayuda que ofrece el Ayuntamiento: el Samur Social y los Servicios Sociales. Según el Consistorio, a esta madre y su hijo les denegaron los recursos de emergencia del Samur Social porque ella “ha incumplido los objetivos acordados en anteriores planes de intervención” —fue atendida por primera en Samur en 2013— y la definen como “conflictiva”. Sin embargo, menos de 24 horas después de que EL PAÍS preguntara al Área de Políticas Sociales y Familias del Gobierno municipal por la situación de la familia y en especial del menor, han sido alojados en un piso tutelado en la calle de Eugenia de Montijo, donde estarán al menos tres meses y donde conviven con dos familias más.

Han justificando que esta resolución positiva se debe al grado de “vulnerabilidad” que atraviesan madre e hijo, acrecentado por el embarazo de riesgo de María, que sufrió un aborto de uno de los gemelos que gestaba en las primeras semanas. María nació en Bolivia, llegó con ocho años a España y, ahora, disfruta de la doble nacionalidad. Sebastián, como él dice, es “plenamente español”.

El caso del menor y de su madre ha viajado desde hace tres meses de informe en informe entre los distintos organigramas responsables de las ayudas sociales en el Ayuntamiento de la capital, que no han querido especificar en qué consisten exactamente los requisitos de las valoraciones técnicas más allá de remitir a la página web municipal. Tampoco han ofrecido ningún dato oficial sobre el número de plazas disponibles en centros para familias en Madrid, la demanda que existe, así como dar una explicación sobre qué sucede con los menores cuyos padres no reúnen las condiciones exigidas —como supuestamente sucedía con María— y si es posible que, al igual que Sebastián, los menores estén en la calle durante meses.

En Madrid, las familias que se quedan en situación de calle tienen dos posibilidades de acción. Una primera de urgencia, el Samur Social; y una segunda, para buscar una solución a medio plazo, los Servicios Sociales. Ambos son competencia del Ayuntamiento. El Samur Social es el encargado de hacer las valoraciones técnicas y repartir a estas familias por los albergues temporales. Los Servicios Sociales, por su parte, están encargados de hacer un seguimiento y de derivar a distintos recursos u organizaciones con las que hay un convenio como Cáritas, Cruz Roja o la Asociación Provivienda, que gestiona el recurso de alojamiento que ofrece el Ayuntamiento y que depende, en última instancia, de este último.

A María y Sebastián los echaron el 1 de noviembre de una habitación compartida en un piso patera por la que pagaban 550 euros. Sucedió después de que la mujer perdiera el empleo como conserje tras haberse pedido una excedencia en el trabajo que tenía desde los 16 años como empleada de una cadena de comida rápida. De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, la duración de una excedencia voluntaria será, como mínimo, de “cuatro meses”. En el caso de María, podrá regresar el 28 de enero. Aquel 1 de noviembre madre e hijo se dirigieron al Samur Social. En ese momento María ya sabía que estaba embarazada, algo que desconoció hasta el 27 de octubre, cuando fue llevada por el propio Samur al hospital Gregorio Marañón por unos dolores “de tipo cólico y un sangrado menor a la regla”. Desde entonces, la mujer ha acudido hasta en tres ocasiones más al Samur y cinco a los Servicios Sociales sin obtener una alternativa para su hijo.

Durante todo este tiempo, Sebastián ha combinado las mesas de la hamburguesería del aeropuerto con un colchón en el suelo que les cedieron en una parroquia de Nueva Numancia, donde su madre vende tartas de queso los domingos. Allí estuvieron hasta el 6 de enero. Se marcharon por la humedad del lugar, dado que Sebastián es asmático y tiene bronquiolitis. A Sebastián le gusta vestir con camisas blancas, negras y azules “dependiendo del tono”. Le gusta porque a Sebastián le parece que el hombre mejor vestido del Mc Donald de Barajas es un colombiano que va siempre con americana y zapatos, que se sienta durante la madrugada en una esquina del establecimiento. Se hace pasar por profesor de inglés o empresario y, a cada persona que se pone a su lado, le pregunta si tiene algo de dinero.

—Ni un peso, he quebrado—, le contestaba el sábado un venezolano, también habitual del lugar.

Tanto le gusta a Sebastián la elegancia que ha dormido cada noche con el uniforme del colegio. María asegura que está escolarizado en uno concertado de Puente de Vallecas. Allí puede acudir al comedor “sin pagar”. “Saben de nuestra situación, aunque piensan que dormimos en la iglesia. En gestoría me han prometido que no vamos a acumular deuda”, afirmaba la madre. María y Sebastián se aseaban en los baños de la T-4 cuando, a partir de las seis de la mañana, cuando el bullicio de los pasajeros los despertaba.

Cogían sus mochilas, sus mantas, y se marchaban hasta por la noche. Ella dejaba el equipaje en una taquilla del Carrefour de Puente de Vallecas. Ambos son especialistas en colarse en el metro y el niño acude al centro educativo hasta las cinco de la tarde. Después, madre e hijo se reencuentran en una biblioteca municipal cerca del parque de las Siete Tetas para hacer los deberes en la tablet. Sebastián está en sexto de Primaria y en el primer trimestre le quedaron Ciencias e Inglés.

El lunes, después de acudir al comedor social, María se presentó sin cita previa en Servicios Sociales para saber si se había enviado su informe a la Asociación Provivienda, que supuestamente iba a valorar su situación de cara a un piso de acogida. La trabajadora social le aseguró que lo estaban “valorando”, aunque “no puede fiarse de los plazos que le han dicho” y esto iba a “llevar su tiempo”. María le recordó que habían vuelto al aeropuerto y también, según la madre, planteó de nuevo la posibilidad de entregar al niño a los servicios sociales, algo que no le han recomendado que haga porque recuperarlo puede ser “casi imposible”. Las trabajadoras sociales se encogían de hombros y le expresaban que ellas no podían hacer más.

El martes, María se presentó personalmente en Provivienda, de nuevo sin cita. Le certificaron que su caso se había admitido para ser valorado, pero que no sería “inmediato” ni tampoco “nada seguro” que la resolución fuera positiva. Esa tarde, EL PAÍS consultó al Área de Políticas Sociales y Familias sobre el caso de María y su hijo. El miércoles al mediodía, les fue notificado que antes de que acabara el día se haría efectiva la entrega de llaves. Sebastián solo se lo creyó cuando vio que se pasaban la estación de metro de Pacífico, donde hacían el primer trasbordo camino del aeropuerto.

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